El pedido de juicio oral que pesaba sobre el exgobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli y varios exfuncionarios provinciales sigue momentáneamente sin efecto, luego de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmara la nulidad de la requisitoria del fiscal Álvaro Garganta en el marco de la causa abierta tras la denuncia de la exdiputada Elisa Carrió, quien sostuvo, en su presentación inicial, que todas las reparticiones oficiales (investigadas y por investigar) fueron cajas de financiamiento del sciolismo y del kirchnerismo entre 2008 y 2015.
Esta resolución pone en valor lo solicitado por las defensas de la acusados, entre ellos el actual embajador argentino en Brasil, quienes habían solicitado la nulidad de la pieza procesal y el sobreseimiento de los acusados. Solo el primero de los reclamos prosperó, en tanto el sobreseimiento deberá esperar.
Por mayoría, la Cámara Penal de la capital bonaerense rechazó la apelación del fiscal Garganta contra la nulidad del pedido de juicio oral dictada por el juez de Garantías Agustín Crispo. Con la firma de los camaristas Fernando Mateos, Juan Benavides y Raúl Dalto, este tribunal de alzada ratificó la decisión del juez. La resolución también alcanza a los exfuncionarios Antonio Atilio La Scaleia (extitular de IOMA), Eduardo Aparicio (exministro de Desarrollo Social y actual titular de la Aprevide) y Alejandro Collia (extitular de la cartera de Salud), entre otros.
El camarista Mateos votó por "hacer lugar al recurso fiscal, revocar el auto impugnado en cuanto declara la nulidad de la requisitoria fiscal de citación a juicio y remitir la causa a la instancia de grado para que se ejerza el control de las imputaciones a partir de las oposiciones presentadas por las defensas, en todo aquello que no resulte alcanzado por lo aquí resuelto". Sin embargo, sus pares Dalto y Benavides conformaron la mayoría que ratificó la decisión del juez.
En el documento judicial, al que accedió Letra P, los camaristas de la mayoría aclararon que el fiscal deberá "con celeridad" realizar un nuevo requerimiento de juicio "ajustándolo a las disposiciones contenidas en el artículo 335 del Código Procesal Penal" bonaerense. La causa no volvió a foja cero, pero el fiscal deberá realizar un nuevo pedido de juicio en los términos que estableció el juez de grado.
El 3 de junio de 2016, Carrió presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía General de La Plata. El escrito fue remitido al fiscal Garganta, quien estaba en turno. Tras más de dos años, un tramo de la investigación se dio por terminada, como anticipó Letra P el 5 de septiembre de 2018 en exclusivo.