El gobierno de Nicolás Maduro anunció la semana pasada que desbarató una invasión marítima y un intento de golpe de Estado comandado por una empresa privada con nexos con la oposición, un hecho que agrava un escenario de por sí complejo en Venezuela. El hecho pasó bastante desapercibido en la región, especialmente porque la atención está centrada en la pandemia del nuevo coronavirus, pero también por el silencio de los países.
En la mañana del 3 de mayo el gobierno venezolano dijo haber frustrado una invasión lanzada desde Colombia por “mercenarios terroristas” que buscaban derrocarlo. Por la tarde, el exmilitar venezolano e histórico opositor al chavismo Javier Nieto Quintero difundió un video junto al ex boina verde estadounidense y fundador de la empresa de seguridad Silvercorp USA, Jordan Goudreau, en el que daban cuenta de “una valiente incursión fue lanzada desde Colombia” y pedían a las Fuerzas Armadas unirse a la “gesta libertaria”. Esta, siguieron, tenía dos objetivos: “la captura de la organización criminal que dirige los destinos de la nación y la libertad de nuestro pueblo”.
Al día siguiente, fue capturada otra lancha con 11 tripulantes, entre ellos otros dos ex boina verde: Luke Denman y Aaron Berry.
Horas después, Goudreau reveló en una entrevista con la periodista exiliada Patricia Poleo que había firmado un contrato con Juan Guaidó, su asesor Juan José Rendón y el opositor Sergio Vergara para derrocar al gobierno a través de una incursión militar a cargo de su empresa, Silvercorp. El militar difundió lo acordado porque lo habrían traicionado y no le habrían pagado un adelanto estipulado.
El diario The Washington Post publicó el acuerdo que se firmó en octubre en la casa de Rendón en Miami. El objetivo de la llamada operación Gedeón del mismo era “capturar-detener-eliminar a Maduro, eliminar el régimen actual e instalar a Guaidó”. A cambio, recibiría 212 millones de dólares, financiados con exportaciones futuras de petróleo o las riquezas secretas que tendría el círculo chavista.
A través de un comunicado, Guaidó confirmó la existencia de la operación, pero aseguró que fue rechazada y que nunca contó con su aprobación.
En diálogo con Letra P desde Caracas, el exministro del Poder Popular para la Cultura de Nicolás Maduro, Reinaldo Iturriza, aseguró que fue “una tentativa más de una larga cadena para derrocar al gobierno por la vía violenta”, pero que resultó ser “una derrota militar y política estrepitosa” que amenaza el futuro de Guaidó. A raíz de estos hechos, Maduro aseguró que el líder opositor “es un prófugo de la justicia” y su posible encarcelamiento, siempre probable y nunca concretado, vuelve a ser una posibilidad.
Las confirmaciones y las acusaciones se contraponen. Las tres partes -Goudreau, Guaidó y Maduro- reconocen que existió un plan para destituir al gobierno. El principal entredicho es que tanto Goudreau como Caracas dicen que Guaidó firmó el acuerdo, pero el líder opositor lo niega. Al mismo tiempo, este asegura que rompió lo acordado a fines de 2019 por diferencias entre las partes y que el norteamericano actuó por cuenta propia. Rendón, por su parte, renunció a su puesto junto a Guaidó.
Por otra parte, el chavismo afirma que la acción contó con el apoyo de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, algo que las otras partes, y también los propios presidentes, rechazan. “Si quisiera entrar a Venezuela, no lo ocultaría”, dijo Donald Trump en una entrevista.
Donald Trump recibió en febrero último a Juan Guaidó en Washington.
De todas formas la operación fracasó porque el gobierno estaba al tanto de la misma. “Sabíamos todo”, dijo Maduro. En este sentido, Guaidó acusó al chavismo de “montar un falso positivo” y de “ejecutar a civiles y militares”. No sólo Caracas conocía los planes, el 1 de mayo -antes de la operación- la agencia Associated Press publicó que se preparaba un intento de golpe liderado por Goudreau. ¿Por qué la operación se hizo igual si hasta la prensa lo sabía? La pregunta, por ahora, no tiene respuesta.
Las preguntas sin responder son todavía más. Según las declaraciones de los encarcelados, el principal objetivo era detener a Maduro y a su círculo y entregarlos ante la justicia de los Estados Unidos, donde son acusados de liderar una organización narcotraficante y donde espera una recompensa de 15 millones de dólares. “Hay muchos cabos sueltos Solo vimos una parte de lo que estaba planeado”, aseguró Iturriza, quien añadió que existen dudas sobre los contactos nacionales y la forma en que trasladarían a Maduro.
Este nuevo intento de resolver la crisis por la fuerza agrava la situación -en medio de una cuarentena nacional- y amenaza con traerle consecuencias a Guaidó, quien intenta desligarse de responsabilidades.
“La derrota no tiene padre, toda derrota es huérfana. Nadie quiere asumir las responsabilidades”, afirmó Iturriza.
El Grupo de Puebla, del cual es parte Alberto Fernández, rechazó “las acciones militares clandestinas”, pero el comunicado no llevó la firma del presidente sino del senador y excanciller Jorge Taiana.
El partido opositor al chavismo y aliado de Guaidó, Primero Justicia, rechazó las acciones y dijo que “terminan frustrando a nuestro pueblo y destrozando la confianza entre quienes luchamos por el cambio”. La imposibilidad de sacar a Maduro de Miraflores, la pérdida de las viejas grandes movilizaciones y el fuego amigo amenazan el futuro de Guaidó.
Lo ocurrido, por otro lado, es un nuevo ejemplo de los problemas del multilateralismo regional y de la soledad de Caracas. Ningún país de América del Sur emitió un comunicado repudiando lo sucedido, ni siquiera el argentino, el único que no es un ferviente opositor de Maduro.
El Grupo de Puebla, del cual es parte Alberto Fernández, rechazó “las acciones militares clandestinas”, pero el comunicado no llevó la firma del presidente sino del senador y excanciller Jorge Taiana.
Las consecuencias para Venezuela en un año electoral son impredecibles. Guaidó resultó desprestigiado y el chavismo muestra una victoria en su “Bahía de los Cochinos”. Quedó en evidencia, una vez más, que la salida no es a través de la violencia y que el diálogo es necesario. Para esto resulta vital que las partes lo acuerden y que la región acompañe, algo que, por ahora, no parece posible.