Al final, después de un recalculando a su silencio inicial, los movimientos sociales no se quedaron afuera de la lista de voces del oficialismo que respaldaron a Cristina Fernández de Kirchner: en la noche del lunes, sacaron comunicados y hasta la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), que a priori había definido que no se iba a expresar sobre el tema, de forma orgánica, también lo hizo.
Con un Frente de Todos que había cerrado filas en defensa de la vicepresidenta, desde Alberto Fernández a Sergio Massa y otros ministros, las organizaciones se habían mantenido en mute. La razón era de fácil rastreo: entre sus principales líderes y la titular del Senado todavía existe un malestar por el control y las auditorías de los planes, precisamente desde aquel discurso en que la exPresidenta en Avellaneda reclamó que el Estado verifique asistencias sociales. Eran épocas antes de la renuncia de Martín Guzmán, con La Cámpora lanzando dardos contra el Movimiento Evita, entre otros. Por eso, desde el espacio de Emilio Pérsico, y de Somos Barrios de Pie, de Daniel Menéndez, ambos funcionarios de Desarrollo Social, descartaron emitir una opinión institucional, aunque la postura se modificó por la noche del lunes, tras un debate interno.
Fue así que Evita salió a rechazar “avasallamiento” contra Cristina Kirchner. Al igual que el resto de las tribus del oficialismo, el colectivo sostuvo que no hay “ni una sola prueba material que le de sustento a las graves acusaciones que se vierten sobre la ex presidenta en ejercicio de su mandato que den cuenta que hubo una asociación ilícita ligada a la obra pública”.
Dos horas más tarde, Somos Barrios de Pie se sumó con unas palabras simulares para repudiar a la Justicia, que desde su visión está atada a las prácticas de persecución política y un pedido de solidaridad hacia CFK. “Lo que buscan es eliminar uno por uno a sus adversarios políticos con acusaciones infundadas y causas inventadas. Basta con ver lo que hicieron en Brasil desde el impeachment a Dilma (Rousseff) y la prisión a Lula (Da Silva) para tener una ejemplo de lo que buscan hacer en nuestro país. Es básico, buscan proscribir a cualquiera que represente a los sectores populares y no responda servilmente a los poderes concentrados de nuestro país”, denunciaron.
Para completar el corolario, apareció la UTEP, una agrupación que mantiene su vínculo con la Casa Rosada con ciertos matices. El espacio referenciado con Juan Grabois, que a a título personal había salido ya en defensa de la vicepresidenta, difundió un texto este martes al mediodía, consensuado tras un debate de su comisión directiva. Como otras fuerzas, señala que en la investigación judicial "no se ven pruebas" y que la causa forma parte del lawfare al que tantas veces remitió Cristina Kirchner, algo que rechazan de plano. Además, se permitieron apuntan contra Juntos por el Cambio: “La persecución judicial se inscribe en su plan para volver y avanzar sobre los derechos del pueblo con más ajuste, entre y sumisión nacional”.
El día anterior, conocida la condena de prisión que reclamó el fiscal Diego Luciani, Grabois escribió en sus redes: "12 años... un año de prisión por cada año de gobierno. No es una coincidencia numérica sino una amenaza mafiosa del poder real. Y la amenaza no está dirigida a CFK, sino a todos los demás, para que nadie se les anime nunca más"