ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) El gobernador Omar Perotti suma guiños al campo, sector al que suele defender en las polémicas con el presidente Alberto Fernández, con un proyecto de ley de Gestión de Riesgos de Emergencias Agropecuarias que, en su construcción, replica el modelo cordobés de Juan Schiaretti: productores en la mesa de discusión e inversión de los fondos provenientes del agro en políticas para el sector.
La iniciativa, que ingresará en los próximos días a la Legislatura, busca darle una respuesta a esta economía cuando el tiempo le juegue una mala pasada. Para el escrito sumó a diferentes actores del mundo agropecuario, pero le dio un lugar especial a la Mesa de Enlace provincial.
Al estilo cordobés, de relación estrecha con la dirigencia rural, Perotti busca apropiarse del mote de peronismo sojero o productivo. En este sentido, miró la provincia vecina y capturó la esencia de que la persona de campo quiere ver sus impuestos invertidos en el campo.
El Ministerio de Producción de Santa Fe tomó nota y decidió darle una solución a la problemática de las sequías e inundaciones recurrentes con la actualización de la ley de emergencia agropecuaria que data de 1995 y la creación de un fondo propio con recursos del impuesto del Inmobiliario Rural. “Hay que reconocer un fuerte apoyo y acompañamiento de la Mesa de Enlace, también del INTA y las universidades”, destacó el ministro del área, Daniel Costamagna en diálogo con LT23.
Con la ley vigente, en caso de ocurrir un evento extremo como la sequía de principio de año, la provincia solo puede otorgar condonaciones o prórrogas del impuesto Inmobiliario Rural, pedir que se declare la emergencia nacional y esperar a que la Nación mande fondos. Con esta nueva iniciativa, Santa Fe busca autonomía y poder manejar sus propios recursos para este fin y, además, propone mayores beneficios y ayudas para que se vuelva a producir la tierra.
Córdoba mostró su éxito en la relación con las entidades rurales y para fortalecer ese vínculo en 2020 creó un Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario que se nutre del 70% de lo que recauda la provincia por el impuesto Inmobiliario Rural. Además, le otorgó a la Mesa de Enlace provincial el poder de decisión de hacia dónde destinar los recursos. La gran defensa del campo cordobés a esta medida es que la plata del sector vuelve en obras.
En este sentido, el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras, habló del proyecto: “Tiene algunas cosas de Córdoba, pero también se evaluaron otros puntos y se verá en la instancia legislativa si ingresan mejoras”. Además, agregó que es un viejo, reclamó y se logró que el Ejecutivo “recoja el guante”.
Con este ejemplo de la provincia vecina, Santa Fe también tomará parte de lo recaudado del impuesto y sumará los aportes de la Nación. “Es plata del impuesto de los productores que vuelve al campo”, argumentaron en la Casa Gris. El proyecto establece que se destinará el 40% para abordar la gestión integral de riesgos.
“Nos da autonomía y rapidez ante una emergencia”, señalaron a Letra P fuentes del Ministerio de Producción. Al mismo tiempo, destacaron que los fondos que destina la Nación para esta situación quedaron desactualizados y la provincia recibió este año 1.000 millones de pesos.
La inactiva también propone que la ley alcance a los arrendatarios, acciones de prevención de riesgos, recomposición del capital de trabajo afectado, fomentar el uso de seguros agropecuarios mediante subsidio de primas y brindar asistencia financiera. También otorgará la exención del pago de patente de un vehículo de titularidad del productor agropecuario afectado a la actividad comprometida y desplegar una red de estaciones agrometeorológicas.
De esta manera, Santa Fe apunta a contener al campo con medidas y anuncios. En los últimos días, el ministro Costamagna adelantó que para el Presupuesto 2023 se contará con más fondos, cercanos a los 3000 millones de pesos, para el programa Caminos de la Ruralidad.