“El tema de la religión hace a la independencia judicial y para un juez es más difícil deshacerse de las creencias propias que de las cuestiones externas”. Esta afirmación del presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, Sergio Barotto, para justificar por qué interrogó sobre sus creencias religiosas a quienes se postularon para un cargo en una Defensoría Pública provincial, hizo más ruido que el hecho en sí de preguntarles si profesaban algún culto.
La argumentación del magistrado rionegrino no solo provocó una queja formal de parte de obispos católicos y pastores de denominaciones cristianas por considerarla “un acto de discriminación por motivos religiosos”; sino que también reabrió el debate sobre la prescindencia de Dios en la administración de justicia y sobre si la fe es o no un condicionante para ejercer una función pública.
La pregunta de Barotto sobre las creencias religiosas descolocó a los nueve juezas y jueces aspirantes a la Defensoría Pública de Cipolletti, aunque solo Pablo Zille –según testigos– amortiguó el impacto de la requisitoria al declararse “más bien agnóstico” y jactarse de haber ordenado, hace algunos años, sacar un crucifijo y un rosario que había en el despacho de su antecesor en un juzgado de paz. La respuesta le sumó puntos, pero no muchos, dado que finalmente fue elegido para el cargo por su trayectoria judicial y no por la cuestión que disparó la polémica.
Barotto, expiloto regional de Rally y por segunda vez al frente del STJ tras haberlo hecho en 2014, maneja la controversia con las iglesias cristianas con el respaldo político del senador nacional Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que fue quien lo postuló para integrar el máximo tribunal rionegrino en 2012 poco después de que se hizo cargo del gobierno provincial a raíz del asesinato de su compañero de fórmula Carlos Soria.
Fuentes legislativas confirmaron a Letra P que el legislador se comunicó con el magistrado -con quien sin embargo supo tener chisporroteos por la división republicana de los poderes del Estado- para expresarle su apoyo en momentos de “turbulencias”. En tanto, el exmandatario patagónico, con proyecto propio, ratificaba en la Cámara alta su desacuerdo con la iniciativa del oficialismo para ampliar a 25 integrantes la Corte Suprema.
El procurador Jorge Crespo, el flamante defensor Pablo Zille y el juez Sergio Barotto
Los obispos rionegrinos Esteban Laxague (Viedma), Juan José Chaparro (Bariloche) y Alejandro Benna (Alto Valle) fueron los primeros en reprocharle al presidente del Superior Tribunal de Justicia que les haya preguntado a quienes aspiran a la Defensoría por sus creencias, a fin de –interpretaron– invalidar su postulación. Para los prelados católicos el planteo hecho por la cabeza de uno de los poderes del Estado provincial conlleva “una clara discriminación por motivos religiosos”, contradice el artículo 14 de la Constitución Nacional y viola la Ley 23592 que penaliza los actos discriminatorios.
A la queja contra la argumentación de Barotto también se sumaron la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), que preside el pastor Christian Hooft, y la Asociación de Iglesias de Río Negro (APIER), liderada por Fabio Huenchunao, al expresar en un comunicado su “total repudio” por el procedimiento de selección realizado por el Consejo de la Magistratura y al solicitar a las autoridades que adopten medidas para que “cese toda actitud hostigadora, discriminadora e incluso persecutoria” de quienes, ejerciendo sus derechos constitucionales de “libertad de pensamiento y religiosa”, aspiran a cargos públicos en la Justicia provincial.
La pelea provincial entre independencia judicial y filiación religiosa llegó a Buenos Aires, donde el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), encabezado por el abogado Juan Navarro Floria, cuestionó el interrogatorio por atentar contra la libertad de conciencia que incluye el derecho a “mantener en reserva y no exteriorizar las propias creencias” y calificó de “totalmente inadmisible” que el hecho de tener una fe religiosa, o no tenerla, sea considerado un criterio de selección para el acceso a una magistratura.
La Corporación de Abogados Católicos, por su parte, adhirió a la declaración de los obispos de Río Negro y advirtió que tanto el proceder como el justificativo de Barotto "son violatorios de la garantía de la libertad de culto" y evaluó el hecho como un atentado contra valores republicanos y democráticos “de la máxima importancia, cometido por quien ocupa el más alto cargo” en el Poder Judicial provincial.
