CÓRDOBA (Corresponsalía) La posibilidad de habilitar una re-reelección para 289 intendentes de la provincia, cifra que incluye a 72 que representan al radicalismo, se convirtió en un catalizador de tensiones en el armado de Juntos por el Cambio (JxC) en esta provincia. La discusión ya trasciende la modificación de un artículo de la ley 10406, que establece un límite de dos mandatos consecutivos para intendentes de localidades sin carta orgánica propia. Por detrás aparecen especulaciones y condicionamientos sobre los apoyos que brindarán quienes pisan fuerte en los territorios a quienes en los próximos meses se calcen las candidaturas por la alianza opositora para las elecciones provinciales de 2023. En ese contexto, el resultado de la cumbre planificada para el próximo martes puede resultar decisivo para el destino de la norma y sobre todo para los alineamientos que los distintos sectores de la UCR terminen definiendo a la hora de hacer campaña el año que viene.
Con este clima caldeado, tan pronto se anotició que el Gobierno no habilitaría la discusión parlamentaria de una enmienda sin el consentimiento de la oposición, que también se vería beneficiada con la modificación, un importante grupo de intendentes decidió incrementar la presión sobre las cinco legisladoras y los cuatro legisladores que ocupan las nueve bancas del bloque radical, quienes hasta el momento se mantienen firmes en su negativa a cualquier revisión del texto.
Durante esta semana, se reunió el Foro de Intendentes Radicales, entidad que aglutina a la mayoría de las autoridades municipales del partido centenario, pero que hasta aquí ha proclamado libertad de acción para sus integrantes. Aseguran que no existe un interés unánime en contar con la chance de otra reelección, pero tienden el mantel para una negociación.
En dicho encuentro, del que también participó un legislador de extracción radical, pulieron detalles de lo que será una sesión del Foro propiamente dicho, el martes 12, al que también acudirán intendentes integrados en otro nucleamiento, el Mucora (Municipios y Comunas Radicales).
Se descuenta que “la re-re” será el tema central de las discusiones y que lo que se concluya tendrá dos destinatarias: la bancada legislativa y las autoridades del partido.
La demanda intendentista está anclada en la territorialidad, el principal activo que ofrecen para la negociación: ansían cuatro años más de mandato. A tal fin piden que se modifique el artículo 7 de la mencionada norma para que se tome como primer período computado el vigente, iniciado en 2019, con posibilidad de una sola prórroga.
Su postura tiene un argumento de razonabilidad jurídica: la imposibilidad de aplicar una ley de manera retroactiva. Dado que la misma se sancionó en 2016, debería haber tomado como referencia una fecha futura, no pasada.
Aseguran, también, que no quieren cambiar, mucho menos derogar la ley. “Sería una única vez, para corregir un error que no advertimos”, afirma el alcalde de una ciudad cercana a la capital. Valga destacar que la sanción de la ley contó con los votos del radicalismo. Como explicó Letra P, la movida es similar en contenido y objetivos, y también en sus idas y vueltas, al proyecto impulsado por la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal en 2016 y que fue enmendado a fines de 2021.
“Pedimos que nos escuchen. Los legisladores del partido no quieren quedar pegados, pero la modificación también les permitiría a ellos extender otros cuatro años. Además, después nos van a pedir que trabajemos por el candidato del espacio, que puede que ni siquiera sea nuestro”, sintetiza otro intendente.
La advertencia sacude las arenas sobre las que se edifica la versión cordobesa de JxC. Varias de las voces que piden una excepción son las que también impulsan que la UCR presente un postulante propio a la gobernación, ya por poca afinidad con Luis Juez, ya por la expectativa en torno al crecimiento de Rodrigo de Loredo.
En el entorno del diputado ponen fin a un potencial eslabonamiento de favores. “Estamos en contra del pedido, siquiera por única vez. Es más sano el límite”, afirman a Letra P.
Por otra parte, piden evaluar un costado político que solo favorecería a Hacemos por Córdoba. “Es una decisión del PJ. Ellos tienen las mayorías y las herramientas para avanzar, pero le tiran la pelota a la UCR, cuando no depende de nosotros”, rubrica un jefe comunal identificado con Evolución.
A la Justicia
Este argumento es compartido por el jefe del bloque de la UCR en la Unicameral, Juan Jure, quien durante la semana publicó un artículo ratificando la negativa a una reinterpretación de la letra. “Estamos discutiendo sobre un supuesto. No hay un proyecto y dudo que lo haya. No sabemos si el proyecto es para derogar la ley o para modificarla, si es por una única vez o si abre la posibilidad a otra reinterpretación”, explica el exintendente de Río Cuarto.
Aunque no niega la posibilidad de discutir, lo que puede interpretarse como una hendija para intentonas reeleccionistas, Jure asegura que tienen una posición marcada e invita al intendentismo a explorar otras vías, más allá de la parlamentaria.
“Si hay intendentes que se sienten avasallados, pueden ir por la vía judicial. No podemos cargar contra la norma y su espíritu. Tampoco acomodarla por intereses particulares. Se aprobó en 2016, con votos de todos los partidos. No podemos cambiar de parecer solo porque los intendentes no sepan qué hacer después de su gestión”, fustiga.
Con firmeza, critica a quienes condicionen futuros apoyos al devenir de este debate. “Son discusiones distintas, no hay que mezclar. No podemos permitir extorsiones. Los radicales tenemos que trabajar por los radicales, no hace falta siquiera que nos convoquen para ello. A los candidatos, los definirá una mesa de todos los partidos, no los legisladores”, afirma.
Este lunes, en la previa del concilio de intendentes, el riocuartense se reunirá con Ariel Grich, presidente del Foro, y Marcos Carasso, titular de la UCR local. El resultado de este cónclave puede ser decisivo para lo que se analice en la cumbre intendentista solo 24 horas después.