El gobierno de Lenín Moreno decidió abrazarse a la receta ortodoxa para resolver los severos problemas económicos de Ecuador y volvió a sacar de la lámpara al genio del movimiento indígena, protagonista de las puebladas que resistieron esas políticas e, incluso, algunas de corte populista desde mediados de los años 90, lo que hizo de ese país el más inestable de Sudamérica, lo que no es poco decir. La narrativa oficial –acompañada por Argentina, Brasil y otros gobiernos de derecha- insiste en culpar por la inquietud popular a Rafael Correa –expresidente y mentor de aquel, pero súbitamente denostado convertido en enemigo- y a la injerencia venezolana. Sin embargo, basta con reparar en la masividad de las protestas y el nivel que alcanzó algo que bien puede definirse como una insurrección popular para reparar en que se ha roto algo mucho más profundo.
A lo anterior hay que sumar la pérdida de control del Gobierno sobre la capital, Quito, lo que obligó a Moreno a trasladase a la costera Guayaquil, a imponer el estado de excepción y el toque de queda nocturno, y hasta los enfrentamientos callejeros entre militares y policías para comprobar la profundidad de una crisis que no admite simples relatos maniqueos.
Las causas de la crisis se remontan a agosto 1996, cuando llegó al Gobierno el excéntrico Abdalá Bucaram, quien solo gobernaría hasta febrero del año siguiente. Lo sucederían Rosalía Arteaga Serrano (quien permaneció apenas tres días de ese febrero inolvidable), Fabián Alarcón (hasta agosto de 1998), Jamil Mahuad (hasta enero de 2000), Gustavo Noboa (hasta enero de 2003), Lucio Gutiérrez (hasta abril de 2005) y Alfredo Palacio (hasta enero de 2007). Luego llegaría Correa, quien lograría el milagro de gobernar diez años hasta entregarle el mando a quien había sido su vicepresidente y consideraba su delfín, Moreno, quien no tardó ni un segundo en darse vuelta y señalarlo como la causa populista de todos los males del país.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), nacida justamente en 1996, el año en que comenzó la inestabilidad institucional, fue un factor de permanente agitación popular y uno que explicó en buena medida la caída de la mayoría de los presidentes de la etapa. Incluso llegó a enfrentarse duramente con Correa debido a las políticas pro explotación petrolera y minera de este, por lo que hoy resulta al menos dudoso vincular a aquella y a este en un complot contra el mandatario de nombre bolchevique.
Que Ecuador haya gozado de diez años de estabilidad entre 2007 y 2017 se explica por tres factores: la eficacia política del propio Correa, la dolarización que estabilizó la economía en tiempos de Mahuad y el elevado precio internacional de las materias primas que exporta Ecuador, sobre todo el petróleo, que pasó de unos diez dólares por barril en su piso de 1998 a más de 100 entre 2012 y 2014.
Al estilo de lo ocurrido en países como la Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y otros, esa bonanza, basada en el auge de los precios de las materias primas de exportación, permitió distribuir el ingreso como casi nunca antes y, al incrementar los servicios públicos y la cobertura de la protección social, disparó el gasto del Estado, que con Correa pasó de representar 25% del PBI a cerca del 45%.
La dolarización vigente desde 2000, en cuyo diseño asesoraron economistas argentinos vinculados a Domingo Cavallo, abatió la inflación al punto de que hoy, en el contexto de un estancamiento que lleva ya cinco años. Como en la Argentina de entonces, se aferran a ella todos los sectores sociales, que se beneficiaron con la estabilidad y con un aumento de sus ingresos.
En ese marco, desde que Correa inició el proceso de distribución de la renta y apuesta al consumo popular, dado el estancamiento exportador, el comercio internacional resultó en general deficitario, restando dólares a la economía que debían ser restituidos vía endeudamiento.
Sin embargo, la adopción de la moneda estadounidense hizo a Ecuador vulnerable a los vaivenes de su valor internacional, particularmente severos en un momento en que se aprecia frente a casi todas las monedas regionales (el peso de Argentina y el bolívar soberano de Venezuela son los casos más extremos de depreciación) y frente a otras divisas duras como el euro.
Como los saben los argentinos que vivieron la crisis de la convertibilidad en 2001 -un diseño que quedó a un solo paso de la dolarización plena-, con elevado déficit fiscal, sin posibilidad de emitir dinero -incluso a costa de generar inflación- y el mercado de deuda a punto de cerrarse, la alternativa suele ser el ajuste.
Sin moneda propia, Ecuador no pudo emitir para financiar un déficit fiscal que no paró de crecer de la mano de la caída de los últimos años del precio del crudo y acudió a un endeudamiento que, si bien todavía no parece insostenible, resulta cada vez más pesado, con “tasas de interés cercanas al 10%, con lo que el pago del servicio es altamente oneroso, cerca del 10% del PBI, del 50% de las exportaciones y más de la tercera parte del presupuesto general del Estado”, según dijo Marco Naranjo Chiriboga, profesor en la Escuela Politécnica Nacional y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en un informe de think tank Inter-American Dialogue publicado en enero y que auguraba una crisis como la actual.
Como los saben los argentinos que vivieron la crisis de la convertibilidad en 2001 -un diseño que quedó a un solo paso de la dolarización plena-, con elevado déficit fiscal, sin posibilidad de emitir dinero -incluso a costa de generar inflación- y el mercado de deuda a punto de cerrarse, la alternativa suele ser el ajuste y, dentro de este, uno que pone el foco en los subsidios sociales y no en las ventajas que le sacan al Estado las grandes empresas y el sector financiero.
Lo que sigue es conocido: Moreno acudió al FMI a cambio de un plan de financiamiento de 4.200 millones de dólares, eliminó los subsidios al gasoil y la nafta premium –cuyos precios saltaron 120% de un día para otro-, elevó el costo del transporte por encima del 30% y anunció un proyecto de flexibilización laboral, a la vez que recortó en 20% los salarios y redujo de 30 a 15 días las vacaciones en el Estado. Como compensación, incrementó las ayudas a las familias más pobres y estableció un gravamen especial a las empresas con ingresos superiores a los 10 millones de dólares anuales y redujo. Pero esto no alcanzó y Ecuador estalló.
El menú fue conocido en la Argentina de 2001. Desequilibrio fiscal, endeudamiento, agotamiento del recurso al crédito, dolarización de la economía y paralela impotencia monetaria… Asustados por las consecuencias de la inestabilidad cambiaria actual y de una inflación que amenaza con espiralizarse, economistas de un sector de la ortodoxia nacional insisten hoy en el regreso de la “solución” dolarizadora. Sería el último mal que le faltaría a la economía argentina y, algo acaso más imperdonable, tropezar dos veces con la misma piedra.
