Los jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py no quieren que el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por militares retirados del Regimiento de Infantería número 6 de Mercedes (RIM 6) contra un grupo de militantes del PRT-ERP sea transmitido en vivo y en directo. Esta semana ratificaron ante la Defensoría del Público la negativa con la que desde el inicio del debate responde requerimientos del medio comunitario La Retaguardia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué quieren esconder?
“Buscan esconder o proteger a pesos pesados. Vivimos un juicio censurado”, dice sin vueltas Bárbara García, la hija de Rocío Martínez Borbolla, secuestrada en junio de 1976 en una casa de Haedo, en el oeste del Gran Buenos Aires, donde funcionaba la redacción de la revista El Combatiente, del PRT-ERP, y una de las víctimas en el debate que desde diciembre pasado dirige el TOF número 2 a cargo del juez Javier Feliciano Ríos. Junto con su hermano Camilo presenciaron el secuestro de Rocío y son querellantes.
Los “pesos pesados” a los que, dice, el TOF protege al negar sistemáticamente la transmisión de las audiencias testimoniales del juicio en curso son los militares retirados acusados de secuestrar a su mamá y a otra decena de personas: Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny, Luis Brun, Osmar Andrade y Horacio Linari.
La elevación a juicio emitida por el juez federal de instrucción N°3 que llevó a cabo la investigación de los hechos, Daniel Rafecas, tenía a otros tres acusados en la lista: Luis Fernández Bustos falleció poco tiempo antes de comenzar el debate y Gustavo González Sass poco tiempo después de su comienzo; Alberto Schollaert fue apartado por su estado de salud deteriorado. Con su salida, la mayoría de los 36 casos que habían llegado frente a la Justicia se cayeron. Él era el jefe del RIM 6 de Mercedes, donde el resto de los acusados prestaban servicio al momento de los hechos.
“Sobre todo quieren proteger a Morello y a Sánchez Zinny”, insistió García. Morello y Sánchez Zinny integraron el movimiento carapintada que se acuarteló en Campo de Mayo a fines de 1987. El primero, además, fue diputado nacional por el MODIN, el espacio que mantuvo al referente golpista Aldo Rico en la escena política durante la década de los 90 y se disolvió en 2010. Rico, claro, fue testigo por la defensa de esos dos acusados en el debate.
Un rechazo que avasalla un derecho
El juicio por secuestros, torturas y asesinatos de militantes del PRT-ERP vinculados a las publicaciones de la organización Estrella Roja y El Combatiente en 1976 comenzó bien. La Retaguardia, el medio comunitario que puso en marcha un servicio de transmisión abierta y gratuita online –a través de su canal de YouTube– de los debates sobre el genocidio que durante la pandemia dejaron de ser presenciales y pasaron a ser virtuales, fue habilitado a transmitir las primeras audiencias –la lectura de las elevaciones a juicio y las indagatorias de los acusados– en aquel, que arrancó en diciembre.
Todo cambió cuando llegó la etapa de testimonios. Ríos y sus colegas Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu consideraron que la transmisión de las declaraciones de los testigos podían entorpecer, “contaminar”, a los que vinieran después. De esta manera, el Tribunal garantizó la difusión de la palabra de los acusados, pero no la de las víctimas, sus familiares y los testigos de la causa. De hecho, este viernes declararán los exsoldados conscriptos Hugo Travi y Ricardo Villalba, testigos fundamentales en la investigación. Solo podrán escucharles quienes estén acreditados en el debate.
Bárbara García en los '60 con su mamá Rocío, secuestrada en 1976. Fotos: Telam.
Para poder transmitir en vivo el juicio, La Retaguardia presentó el primer pedido ante el TOF para que revirtiera esa decisión. Quienes integran el medio se basaron en la defensa constitucional a la difusión de los juicios garantizada por el artículo 287 del Código Procesal Penal de la Nación: ”Los medios de comunicación podrán acceder a la sala de audiencias en las mismas condiciones que el público en general. En caso de que los medios de comunicación soliciten el ingreso a la sala para la transmisión en directo de la audiencia, se los autorizará a instalar los equipos técnicos que fueran necesarios, aunque su ubicación se dispondrá de modo tal que no afecte el normal desarrollo del juicio”, dice el texto de la norma.
Ante el rechazo del TOF, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y la particular de los hermanos García, refrendadas por la Fiscalía, insistieron en pleno debate. Nuevamente los jueces dijeron que no. Por pedido del medio de comunicación y “diferentes personas que se vieron privadas de continuar viendo el desarrollo de las audiencias” intervino la Defensoría del Público, que sumó al argumento jurídico aquellos vinculados al derecho a la información de la ciudadanía. No hubo caso.
Miriam Lewin es periodista, es la defensora del Público y también es sobreviviente, testimoniante y querellante en juicios de lesa humanidad. En diálogo con Letra P, sostuvo que la negativa del TOF atenta contra “un derecho de las audiencias, de las víctimas y sus familiares, de todo el movimiento de derechos humanos y ciudadanía argentina que necesita imperiosamente que estos juicios sean transparentes, orales y públicos”. “Si los tribunales no tienen una política uniforme respecto a esto se genera un clima de inseguridad que no le viene bien a la democracia, no favorece al fortalecimiento de las instituciones”, añadió.
Más que la “necesidad de ocultar algo”, Fernando Tebele, referente de La Retaguardia, considera que la actitud de los jueces –que observa en otros tribunales de Comodoro Py que rechazaron transmisiones (Juicio Vesubio III y Esma IV)– tiene que ver con mantener a la Justicia “en un pedestal en donde la sociedad no pueda interpelarla”. “La televisación de los juicios permite a la sociedad ver y entender el funcionamiento de la Justicia. La disputa que está abierta acá es si hay una Justicia que se puede ver o una que se encierra. Si la sociedad tiene derecho o no a interpelar a la Justicia”, concluyó.
