El Juzgado Federal de Instrucción número 2 de San Martín es, por estos tiempos, uno de los que concentra mayor tensión dentro del proceso de judicialización de los crímenes de la última dictadura. Allí permanecen en una parálisis casi plena las causas que investigan el secuestro, las torturas, el asesinato y la desaparición de trabajadores y trabajadoras de la zona norte del Conurbano y de la provincia de Buenos Aires: autopartistas de las Ford y Mercedes Benz; metalúrgicos de Techint, ceramistas, obreros y obreras de astilleros. Son expedientes que permitirían avanzar fuerte sobre la pata civil económica del plan de exterminio que rompió todo en los ‘70 y que, a excepción de algunos pocos casos, juntan polvo y pierden protagonistas –víctimas y presuntos victimarios– desde hace años. Desde su trinchera, la jueza a cargo, Alicia Vence, dice que no tiene gente suficiente para trabajarlos.
Vence está al frente del Juzgado Federal de Instrucción número 2 de San Martín desde hace una década. Comenzó su carrera judicial a fines de los ‘90. Pasó por el juzgado de Claudio Bonadio, en la Ciudad de Buenos Aires, y también por la Procuración General de la Nación hasta que en 2011, concurso mediante, reemplazó a Juan Manuel Yalj en uno de los despachos más importantes de la Justicia federal bonaerense. Tuvo desde entonces en sus manos, entre tantas otras, a las causas que involucran a la guarnición militar de Campo de Mayo como escenario de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, un pedazo monumental de historia del terrorismo de Estado.
Sin la celeridad requerida por sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, Vence avanzó sobre la pata militar y de fuerzas de seguridad de las patotas que actuaron allí, donde funcionaron por lo menos cinco centros clandestinos. Muchas de esas víctimas fueron blanco del genocidio por su militancia gremial dentro y/o fuera de los lugares de trabajo en reclamos por mejoras en las condiciones laborales y la ampliación de derechos.
En todos los casos, las dirigencias de las empresas que los empleaban fueron cómplices de esos delitos: directivos, gerentes y jefes que “marcaron” víctimas, que entregaron datos al brazo operativo del terror para sus secuestros, que se reunieron con represores, que aportaron recursos y cedieron sus fábricas como escenarios de los crímenes.
A excepción de la causa Ford, que culminó con condenas al exgerente Pedro Müller y al exjefe de Seguridad Héctor Sibila por el secuestro y las torturas impartidas a 24 trabajadores en un centro clandestino que funcionó en los quinchos de la planta de la automotriz en General Pacheco, Vence no abordó las líneas de investigación que apuntan a esos civiles y cuando las abordó –demoró casi 10 años la indagatoria a al exgerente de Producción de Mercedes Benz, Juan Ronaldo Tasselkraut, a quien terminó sobreseyendo–, su perspectiva fue preocupante.
Los casos paralizados
Las ceramistas Cattaneo y Lozadur eran dos de las fábricas más pequeñas del cordón industrial que recorría desde allí todo el norte de la provincia de Buenos Aires y del Conurbano y llegaba hasta el sur de Santa Fe. Una zona especialmente golpeada durante el terrorismo de Estado por el alto nivel de ebullición activista que los gremios y la militancia organizada había logrado generar allí desde la primera mitad de la década de 1970.
La represión ilegal estuvo a cargo de Comando Institutos Militares, con base en Campo de Mayo. Desde los años previos al golpe, el jefe máximo fue Carlos Guillermo Suárez Mason, al frente del primer Cuerpo del Ejército. Pero las botas no actuaron solas: contaron con la complicidad de las empresas. Hubo militares que declararon ante la Justicia la existencia de reuniones en Campo de Mayo entre genocidas y altos mandos de las empresas de la zona: las metalúrgicas más grandes del país, Acindar, en Villa Constitución, y Dálmine-Siderca, propiedad de Techint, en Campana; las automotrices Mercedes Benz y Ford, los astilleros Astarsa y Mestrina, todas en zona norte del Conurbano, y la textil Grafa, de Bunge & Born, en Capital Federal. La textil Tensa, laboratorios Squibb, la autopartista Del Carlo, la alimenticia Terrabusi completan la nómina.
A principios de mayo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ante Vence un pedido para que un grupo de exdirectivos y personal jerárquico de las empresas Cattaneo y Lozadur fueran indagados por su participación en el secuestro de 14 trabajadores y trabajadoras de esas fábricas. El pedido aún aguarda una respuesta de la jueza, que tiene en su despacho, inmóviles, los otros expedientes.
-Dálmine-Siderca: Desde el 24 de marzo del ‘76 y durante los años dictatoriales subsiguientes fueron unas 80 las víctimas de crímenes de lesa humanidad de las cuales 34 sobrevivieron, siete fueron asesinadas y 39 están desaparecidas
-Astilleros Astarsa y mestrina: Se cuentan, hasta el momento, 10 trabajadores asesinados, 21 desaparecidos y 21 sobrevivientes.
-Grafa y Grafanor: Durante el período del terrorismo de Estado, al menos 40 trabajadores de las textiles de Bunge & Born resultaron víctimas de la represión. De ellas, 20 permanecen desaparecidas y tres, asesinadas.
-Acindar, en tanto, tramita en Rosario y acaba de recibir un impulso de parte de la Cámara de Casación para avanzar sobre dos civiles.
Querellas particulares, de organismos de derechos humanos y de la Secretaría de Derechos Humanos se han reunido en más de una oportunidad con Vence para insistir en la urgencia que requiere su actuación en estos expedientes. La jueza se excusó en la falta de recursos. “Acá hay una decisión política, no una falta de recursos”, insistió el abogado Pablo Llonto, que representa a sobrevivientes y familiares de víctimas. “Hay una resistencia en todo el país a revisar estas responsabilidades y hoy Vence lamentablemente no parece ser la excepción”, señaló por su parte Federico Efron, director de Asuntos Jurídicos Nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos, que aseguró que desde el organismo están "tratando de poner la rueda en movimiento. Porque pasaron muchos años y la inacción del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en la etapa de instrucción en San Martín no es gratuita ni inocente".
