“Aquí funcionó el centro clandestino de detención ‘Albergue de solteros’”, puede leerse desde la ruta provincial 21, en Villa Constitución, Santa Fe, a unos metros del ingreso viejo de la fábrica Acindar. No es un dato desconocido en el lugar que en marzo de 1975 la empresa cedió esa instalación dentro de su planta para que las fuerzas de seguridad oficiales y la Triple A detuvieran y torturaran allí a decenas de trabajadores y militantes obreros de base en una represión que comenzó entonces y se extendió entrada la última dictadura. Desde el viernes pasado, hay un cartel que lo grita a los cuatro vientos.
La señalización de la compañía dirigida por José Martínez de Hoz hasta 1976 fue un reclamo de exdetenidos y familiares de exdetenidos, asesinados y desaparecidos de esa ciudad que concretó el pasado viernes la Secretaría de Derechos Humanos. El "reconocimiento simbólico a quienes fueron asesinados y desaparecidos", como definió el sobreviviente Jorge Martín, llega en medio de las expectativas por el juicio oral y público por esos crímenes de lesa humanidad, del que ya se conocen los jueces que lo llevarán a cabo: Germán Sutter Schneider, Omar Paulucci y Ricardo Moisés Vázquez.
“Para quienes fuimos detenidos allí, para los familiares de quienes fueron asesinados y quienes no sabemos dónde están, la señalización fue muy emocionante”, contó Martín, detenido en junio de 1975 por las fuerzas que intervinieron la ciudad, llevado al Albergue de Solteros de Acindar y allí torturado. Tras la señalización, la empresa borró su nombre de la marquesina principal, que había quedado a metros de la leyenda "memoria, verdad, justicia". Como si tal cosa pudiera borrar un prontuario manchado de sangre.
En marzo de 1974, los obreros de base de Acindar y el resto de las fábricas de la zona que habían confluido en la Lista Marrón decidieron disputarle la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica en Villa Constitución a la central gremial conducida por Lorenzo Miguel. Hicieron un paro y tomaron las fábricas durante meses para exigir elecciones libres. La gesta se conoció como "Villazo". Lo lograron, pero no fue gratis.
El ministro del Interior de Isabel Perón, Alberto Rocamora, denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná” a la literal invasión que fuerzas conjuntas de la Policía Federal y provincial, la Prefectura Naval y patotas de la Triple A y la burocracia sindical realizaron el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución. Cercaron la ciudad y desplegaron la cacería: detuvieron a la comisión directiva de la Lista Marrón, a integrantes de la militancia de base de la UOM y de otros gremios. Cayeron obreros de Marathon, Metcon, Indape, Cilsa, Indape y otras empresas más pequeñas. Sin orden judicial, eran trasladados a la jefatura policial de la ciudad, interrogados bajo tortura y luego encerrados en diferentes cárceles del país. Calculan que hubo 17 asesinatos y más de 150 detenciones.
Acindar y sus aportes a la represión
Jorge Martín y su hermana Analía eran militantes de la Federación Juvenil Comunista. Él trabajaba en la mutual de la Unión Ferroviaria; ella recién acababa el secundario y daba los primeros pasos en su carrera universitaria, en San Nicolás. En la Fede se encargaban de las colectas para sostener a las familias de obreros que habían sido detenidos y se habían quedado sin ingresos. Fueron detenidos el 19 y el 20 de junio de 1975 y trasladados a Acindar. “Nos pegaron, nos vendaron los ojos, estuvimos atados de manos y pies", describió el sobreviviente.
"Acindar fue un autor más del genocidio que comenzó con el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, en este caso en Villa Constitución", aseguró Julia Giordano, integrante del equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) que representa a sobrevivientes y familiares de las víctimas de la represión contra el movimiento obrero de esa ciudad en la causa judicial que investiga los hechos.
Esta aseveración descansa en los testimonios de sobrevivientes que, como Martín, confirman el funcionamiento del centro clandestino de detención dentro de la fábrica de acero y en otros elementos que constan en el expediente judicial y que sirvieron para imputar, procesar y llevar a personal jerárquico de la empresa a juicio: según el procesamiento dictado por el juez Marcelo Bailaque, la empresa confeccionó listados de personas a detener, aportó vehículos, reparó y mantuvo los de la Policía Federal, pagó sobresueldos a personal de distintas fuerzas que cumplió funciones en la empresa, autorizó el ingreso de grupos de tareas para detener obreros, habilitó la requisa de casilleros personales y aportó direcciones, fotos y apodos que permitieran identificar a las víctimas y secuestrarlas.
La APDH indicó que la señalización “es necesaria para que podamos comprender como sociedad que el genocidio tuvo un objetivo concreto dirigido por el interés empresario: imponer en el país un modelo económico de concentración, que era resistido por las bases organizadas”.
El juicio por los secuestros
Son 25 los acusados que llegarán a juicio por unos 50 casos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, hechos considerados crímenes de lesa humanidad. Los asesinatos quedaron fuera del juicio. Entre los acusados hay un exjefe militar, 21 expolicías federales, un exprefecto, un expolicía santafesino y Roberto Pellegrini, quien fue jefe de personal de Acindar, oficiaba de nexo entre los directivos de la firma y las fuerzas represivas y les entregó los legajos de los trabajadores a detener.
La Fiscalía y las querellas -la APDH, CELS, secretarías de DDHH provincial y nacional, la UOM- habían requerido el procesamiento de Ricardo Oscar Torralvo, que integraba la planta administrativa de la siderúrgica y a quien varios testimonios lo ubican entre las patotas represivas. La Cámara de Apelaciones de Rosario le dictó la falta de mérito.
