30|1|2023

Un peronismo indiferente, la otra caída de Urribarri

08 de abril de 2022

08 de abril de 2022

La clase política oficialista apareció muteada ante la condena al exgobernador. Oposición bajas calorías. Denunciante e investigadora, senderos bifurcados.

PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) En apenas una hora, el exgobernador de esta provincia Sergio Urribarri recibió una dura condena a prisión y se quedó sin trabajo. El hecho, histórico e inédito, mereció las portadas de los principales medios del país pero no movió las fibras íntimas de la dirigencia oficialista provincial, indiferente ante la caída del dos veces mandatario entrerriano.

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Tras 13 largas horas de lectura de expedientes, el presidente del tribunal de juicio, José María Chemez, le impuso a una condena de ocho años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles. Estaba prevista una pena de prisión efectiva en el seno del Círculo Rojo. Lo que no estaba en los cálculos de su entorno ni del oficialismo era que Urribarri pusiera de inmediato a consideración su renuncia al cargo de embajador argentino en Israel y Chipre. Mucho menos, que se la aceptaran de volea antes de que finalizara la jornada.

 

Sin embargo, en las horas posteriores a la sentencia se escucharon, apenas, escasísimas declaraciones y a pedido del periodismo. Nadie del gobierno provincial, ninguna autoridad del PJ. Solo la diputada nacional Carolina Gaillard lo bancó en un tuit al cuestionar la “judicialización de la política”.

 

Urribarri dejó su opinión sobre lo dictaminado en sus redes sociales, pero ninguno de los comentarios que le dejaron en su post lleva la firma de alguna personalidad institucional o política de peso. Entre Ríos transita estas horas con total normalidad, como indiferente al curioso hecho de que un exgobernador peronista haya sido condenado con la Nación y la provincia bajo gobiernos de su mismo palo. Para colmo, siendo funcionario.

 

Es la misma indiferencia con la que transcurrieron los largos seis años desde que Urribarri fue denunciado, el 21 de diciembre de 2015, apenas 11 días después de haber dejado la gobernación y de haber asumido la presidencia de la Cámara de Diputados local. Todos esos años, hasta sentarse en el banquillo, los transcurrió en soledad. Toda vez que el gobernador Gustavo Bordet fue consultado por la situación judicial de su antecesor, pateó la pelota afuera y dijo que no era él sino la Justicia la que debía analizar la causa y dar su veredicto.

 

La oposición tampoco se planteó una estrategia de capitalización política ante la condena, que daba por hecha. Hubo, apenas, algunas expresiones en redes sociales. El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR) sostuvo que “el proceso que culminó con la condena a ocho años de prisión a Sergio Urribarri abre una ventana de esperanza para que Entre Ríos no sea el reino de la impunidad”. 

 

El presidente del bloque de diputados provinciales del PRO, Esteban Vitor, tuvo palabras similares. Rogelio Frigerio, el precandidato a gobernador más firme para 2023 con la bandera de Juntos por el Cambio prefirió llamarse a silencio, pese a que durante el proceso oral y público Urribarri lo había mencionado como uno de los artífices de su devenir en los tribunales.

 

Paradojas

La denuncia contra el gobernador, que derivó también en condenas para integrantes de su gobierno, la realizó Rubén Pagliotto. Se trata de un abogado vinculado al radicalismo con historia en causas por supuestos delitos contra la administración pública, cualquiera sea el color partidario del denunciado o denunciada. Este abogado ocupó un lugar en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en el último gobierno radical.

 

Ya afuera del gobierno y desde su estudio jurídico tuvo una notable trascendencia en juicios de interés para la dirigencia política y el gran público. Defendió, por ejemplo, a Sergio Varisco en la causa por narcotráfico en la que el entonces intendente de Paraná fue condenado.

 

Pagliotto, cuando apunta, dispara. Sin miramientos. El año pasado, antes de que comience el juicio contra Urribarri, presentó una denuncia contra la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, quien ejercía interinamente el cargo de fiscal anticorrupción. ¿El motivo? La funcionaria judicial quedó expuesta en una causa de corrupción que llevaba adelante y uno de los principales imputados era su socio en negocios inmobiliarios. Se la acusa de haberlo protegido al no imponerle prisión preventiva como a las demás personas inculpadas. Ni bien la prensa reveló la información de la relación comercial, el abogado presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. Siempre lo acompaña otro abogado de origen radical, Guillermo Mulet.

 

Pagliotto quedó en el medio de la grieta cuando la apertura de la causa contra Goyeneche coincidió con el juicio que la tenía como representante del Ministerio Público Fiscal en las audiencias. De pronto, en Entre Ríos se encendía la televisión y la pantalla mostraba una pantalla partida con Urribarri de un lado y Goyeneche del otro. Ambos fueron denunciados por la misma persona.

 

A la procuradora adjunta siempre se le endilgó simpatía con el PRO porque su marido, Sebastián Orlando, un contador conocido de la capital entrerriana, trabajó para Frigerio. También por tener palabras muy duras contra dirigentes justicialistas y, sobre todo, contra Urribarri.  

 

En las próximas semanas, las noticias hablarán nuevamente de este abogado y de la procuradora adjunta que no pudo sonreír a cámara cuando el exgobernador escuchaba la condena, porque está suspendida. Cuando la pantalla la muestre, no estará Urribarri, quien seguramente estará mirándola por televisión.