LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) El procesamiento de exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal junto a exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y funcionarios del PRO en el marco de la causa “Gestapo antisindicial” (en la que se investiga la presunta persecución ilegal de sindicalistas opositores a Juntos por el Cambio) dictado por la justicia Federal de La Plata deja la puerta abierta a la ampliación del proceso a otras personas, entre las que sobresale el expresidente Mauricio Macri y la exmandataria y diputada nacional por la Ciudad, según surge de la resolución judicial a la que accedió Letra P.
Tal como informó este medio, el juez federal Ernesto Kreplak procesó este jueves al exministro de Trabajo Marcelo Villegas y a otros funcionarios de la gestión de Vidal en la provincia de Buenos Aires; al intendente Julio Garro (La Plata), al senador Juan Pablo Allan y a exdirectivos de la AFI.
En la resolución de 247 fojas, se destacan al menos tres pasajes en los que el juez señala que “del análisis de los hechos (…) se desprende que el plan cuyos ribetes delictivos han sido suficientemente indicados no se limitó a las personas aquí imputadas (...) se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”.
El magistrado basó esa mirada en la reunión que el exministro Villegas mantuvo en la Casa Rosada (por orden de Vidal) junto a Macri y de la que también participaron la ministra Patricia Bullrich (Seguridad), los ministros Germán Garavano (Justicia), Jorge Triaca (Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte) y Gustavo Arribas, extitular de la AFI. Ese encuentro fue revelado por el propio extitular de la cartera de Trabajo provincial en su declaración por escrito presentada el 18 de mayo último de la que dio cuenta Letra P.
En la resolución, el juez también señala que “existen elementos que indican la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades superiores de la Agencia Federal de Inteligencia al momento de los hechos, cuya actuación directa o indirectamente se desprende de numerosas constancias incorporadas al proceso”.
Finalmente, insinuó que la causa podría involucrar también a miembros del Poder Judicial y del ministerio Público Fiscal: “Se advierte la necesidad de profundizar la investigación respecto de las autoridades judiciales y del ministerio público fiscal cuyo obrar ha sido considerado relevante en cuanto precede”.
En la antesala de los procesamientos, el juez había dictado dos resoluciones en las que rechazó planteos de nulidades y de la inhibitorias para seguir actuando en el proceso. Varias de las defensas reclamaron la nulidad de ese material audiovisual en el que quedaron registrados empresarios de la construcción de La Plata junto a espías de la AFI y funcionarios del vidalismo. La voz cantante de ese encuentro fue Villegas, quien dijo que le gustaría formar una “Gestapo” para barrer a los sindicatos.
El juez también ratificó como prueba la validez del video filmado en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), que fue la evidencia inicial que dio pie a la apertura de la causa. Ese registro fue hallado y dado a conocer por Cristina Caamaño, interventora de la AFI.
En la lista de procesados se anotaron el exministro Villegas; el intendente Garro (PRO); el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial Allan (PRO) y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
A todos los procesados, el juez les trabó embargos por 10 millones de pesos, mientras que en la misma resolución dispuso la falta de mérito para el exministro de Planificación bonaerense Roberto Gigante y para los empresarios que participaron de la reunión en el Bapro.
En el fallo, de casi 250 páginas, el magistrado describe las maniobras que se le atribuyen a los procesados que habrían llevado a violar la ley de Inteligencia y a que se dictaran fallos judiciales arbitrarios en perjuicio del exsindicalista de la UOCRA platense Juan Pablo Medina.
Se trata de una resolución de primera instancia que, si bien deja más cerca del juicio oral a los procesados, no se encuentra firme y puede ser revisada en instancias superiores, que podrán confirmarla o revocarla de manera total o parcial. Nada está dicho aún.
Por su parte, la querella que agrupa a Medina y a otros miembros de su familia, en manos del abogado César Albarracín, solicitó al juez que, además, también sean citados a indagatoria los exdirectores de la AFI Arribas y Silvia Majdalani; el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte Grand, y el juez federal de Quilmes Luis Armella, magistrado que ordenó la detención de Medina y parte de su familia. En cuanto a las faltas de mérito dictada por el juez, esa parte se encuentra en etapa de análisis para definir si las apela o no.
