Un particular proyecto de comunicación ingresó en el Senado santafesino impulsado por el jefe de la bancada del peronismo y referente del Nuevo Espacio Santafesino (NES), Armando Traferri, quien solicita a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que resuelva el traslado del concurso de acreedores de Vicentin a los tribunales de Rosario. El pedido es un engranaje más del fuerte lobby político-judicial que no sólo pretende que el régimen concursal salga de la ciudad donde la cerealera es local sino que conecta con intereses comerciales sobre el futuro de la firma.
Después de chocar con distintas apelaciones, el pedido de traslado de competencia lo tiene el máximo tribunal. Si bien el concurso siguió avanzando bajo la instrucción del juez Fabián Lorenzini, aún quedan las etapas determinantes, como informe general del síndico, la categorización y la propuesta formal. Según pudo averiguar Letra P, desde el punto de vista legal el traslado es inconducente, pero sólo en apariencia parece caprichosa la insistencia de un grupo de abogados rosarinos que ahora tuvieron eco en el senador Traferri.
Traferri (derecha) en la sesión del Senado
Uno de ellos es el estudio Casanova, Mattos, Salvatierra & Feser que representa al grupo corredor Grassi SA, que a través de su firma Commodities es uno de los máximos acreedores comerciales con casi 2.800 millones de pesos y con peso en el directorio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La sociedad ha demostrado intenciones sobre Vicentin, por ejemplo, a través del frustrado fideicomiso que buscó armar Omar Perotti para relanzar la agroexportadora. Fue una de tantas movidas comerciales por el destino comercial que tuvo como última jugada la del Grupo Olio, un jugador no tradicional en el mercado de granos local, pero con vínculo contractual con la cerealera.
Hay otras cuestiones que impulsan el pedido. Una, los eventuales riesgos de parcialidad que sospechan los acreedores de que la causa se tramite en una localidad donde Vicentin es sin dudas influyente por ser el lugar donde se originó hace 90 años y donde aún viven los dueños. No es menor que, además del proceso civil y comercial, hay denuncias penales en tribunales de Rosario contra los directores de la firma.
Pero también se trata de una enorme torta de honorarios que ni estudios de abogados ni la Caja Forense de la 2da Circunscripción se quieren perder. Justamente, dicha Caja, previo a la apertura del concurso, envió una carta al presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, pidiendo que se mantenga la competencia en Rosario.
Los fundamentos son iguales a los que presentó Traferri en el Senado: que la totalidad de los acreedores, operaciones, actividad e intereses vinculados al giro comercial de la empresa concursada se encuentran en Rosario y su región. En este escenario, no es menor señalar que Traferri tiene un vínculo estrecho con el cortesano Gutiérrez.
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