Razonable, preocupante, un punto de partida o una cesión de soberanía. La exposición de los dirigentes de las principales centrales sindicales del país cubrió todo el espectro posible de opiniones respecto del proyecto de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsa el Gobierno. Las diversas posiciones fueron volcadas este martes durante la sesión del Plenario de las comisiones de Finanzas, y Presupuesto y Haciendo de la Cámara de Diputados, a la que concurrieron representantes sindicales durante buena parte del día.
Como venía anticipando los días previos, la Confederación General de los Trabajadores (CGT), representada por dos de sus tres cosecretarios generales, Héctor Daer y Carlos Acuña, ratificó su posición de acompañamiento, en una jornada en la que, además de la posición de la central, la noticia fue la ausencia de Pablo Moyano. El tercer secretario general decidió no participar, después de mostrarse con el diputado nacional y referente de La Bancaria Sergio Palazzo el lunes en el edificio histórico de la calle Azopardo.
"Creemos que este acuerdo es el mejor al que se podía llegar sin caer en el default, por eso nuestra posición es acompañar el proyecto oficial, reeditando la responsabilidad histórica de la CGT de encontrar soluciones a los problemas que tuvo y tiene nuestro país", dijo el líder del Sindicato de Sanidad, que resaltó dos elementos que diferencian este entendimiento de los anteriores. A imagen y semejanza de la tropa legislativa que trabaja full time para cosechar votos a favor, Daer destacó la voluntad del oficialismo de hacer pasar el acuerdo por el Congreso, "la casa donde se discute la política", y que el entendimiento tuerce la historia de los gobiernos que iban al FMI a plantear préstamos y créditos a cambio de derechos sociales y laborales.
"A veces se habla de que el FMI impone, pero la realidad es que quienes ofrecieron cambios en las estructuras sociales fueron los sucesivos gobiernos que acudieron al organismo" afirmó y, por elevación, le tiró un palo al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando lamentó "las postergaciones" para cerrar el acuerdo que provocaron, entre otras cosas, la subida del dólar blue. "Creemos que este acuerdo será el punto de partida que corra definitivamente esos nubarrones que se fomentaban en forma especulativa para accionar sobre las variables macroeconómicas. Ahora, con un marco previsible, seguramente podamos encarar un proceso de desarrollo y estabilización, sin recesión, que esperamos que es lo que vendrá después de la aprobación del acuerdo", cerró el líder de la CGT.
Antes de Daer, había tomado la palabra Héctor Amichetti, histórico dirigente de la Federación Gráfica y principal referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, uno de los núcleos sindicales más combativos, que recordó que ese conglomerado sindical ya en 2018 rechazó el endeudamiento con movilizaciones y "advirtiendo sobre las consecuencias que iba a tener sobre el país". Sin embargo, no expresó una posición de rechazo abierto al acompañamiento del proyecto, aunque alertó sobre el impacto que tendrá. "La lectura del acuerdo deja conclusiones que nos preocupan, como el compromiso de reducción del déficit fiscal y subsidios y los límites a la política monetaria", señaló y colocó como su preocupación principal "cómo vamos consolidar la fuerza necesaria para sacar el país adelante".
El sindicalista gráfico le reclamó al oficialismo avanzar sobre los responsables de contraer la deuda y remarcó la necesidad de tomar medidas para frenar la inflación y mejorar el salario. "Estamos en una situación de emergencia alimentaria. Los incrementos salariales se los llevan los alimentos", dijo y pidió avanzar sobre "las estructuras de costos de las alimenticias, que es desde donde se crean los precios. De lo contrario, no hay posibilidad de crecimiento y esto depende exclusivamente de nosotros".
Por su parte, la CTA-Autónoma, que conduce Ricardo Peidró, concurrió al Congreso con una posición abiertamente crítica que ya había anticipado otro de sus dirigentes, Hugo "Cachorro" Godoy, cuando en diciembre interpuso una medida cautelar para impedir el pago de 1.900 millones de dólares al FMI. Ahora, el propio Peidró afirmó frente a diputados y diputadas que el acuerdo es "cesión de soberanía, va a haber ajuste y va a traer consecuencias sobre la clase trabajadora de nuestro pueblo”.
"Cada vez que nos hablan de aumento de tarifas, cada vez que nos hablan de devaluación, cada vez que nos hablan de ajuste fiscal, sabemos que las consecuencias recaen sobre la clase trabajadora y el pueblo en general”, afirmó el titular de la CTA-A, que este año renovará sus autoridades, y reclamó "no tener la resignación de firmar a libro cerrado estas imposiciones del FMI”.