18|8|2022

Las paritarias del transporte jaquean la poda de subsidios prometida al FMI

25 de marzo de 2022

25 de marzo de 2022

Las recomposiciones salariales de la UTA y los gremios del riel presionan sobre los costos empresarios y van camino a impactar en las cuentas fiscales. 

Lejos de acompañar el recorte del déficit fiscal comprometido con el FMI, las mejoras salariales que acordaron en las últimas dos semanas los gremios del transporte van camino a agrandar la cuenta de los subsidios tarifarios que deberá desembolsar el Gobierno para mantener congelados los precios de los boletos.

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Con una inflación galopante que clavó en febrero un salto del 4,7% y proyecta para marzo otra suba del orden del 6%, los gremios del sector ferroviario y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que nuclea a choferes de colectivos salieron a desplegar una estrategia negociadora basada en una recomposición parcial para el primer trimestre del año y una paritaria a fondo a partir de abril, destinada a fijar un porcentaje inicial de aumento anual que será sometido a revisiones con el correr de los meses.

 

Los cuatro sindicatos ferrocarrileros (Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Señaleros y Personal de Dirección) cerraron el ajuste de la paritaria abril 2021-marzo 2022 con una suba del 4% para todos los ítems del convenio colectivo y un bono de $ 22.650, que les permitió obtener una mejora del 52% a lo largo de los últimos 12 meses.

 

Encabezados por el timonel de la Unión Ferroviaria y titular de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Sergio Sasia, y el líder de los maquinistas, Omar Maturano, los gremios ferroviarios volverán a la carga en los primeros días de abril para acordar con las operadoras estatales y privadas del sector la paritaria 2022-2023.

 

Pese a que aún no oficializaron la pauta de aumento que llevarán a la mesa de negociaciones, por lo bajo, la dirigencia ferroviaria ya anticipó que no tomará en cuenta la referencia del 45% de variación anual que pretende instalar el Gobierno y que, como mínimo, la actualización salarial debería tener un piso del 55%, con una revisión semestral.

 

Salvo las tres cargueras privadas que se mantienen en pie (Ferroexpreso Pampeano, NCA y Ferrosur Roca), las restantes empresas ferroviarias de cargas y de transporte público están bajo la órbita estatal y cuentan con la ayuda de subsidios y compensaciones económicas para poder funcionar y hacer frente a sus costos operativos y salariales.

 

En tanto, la UTA conducida por Roberto Fernández también procedió a cerrar el tramo pendiente de la paritaria del último período anual que había acumulado un 48% con el cobro de una suma no remunerativa de $ 26.000. El acuerdo corre solo para choferes del AMBA y el importe fijado se divide en dos cuotas de $ 13.000 cada una, que se abonarán el 30 marzo y el 12 de abril respectivamente.

 

Tal como viene sucediendo desde hace varios años, el acta que suscribieron las empresas de colectivos y el gremio deja en claro que “los pagos acordados se harán efectivos una vez que los ministerios de Transporte de la Nación y la provincia de Buenos Aires giren los fondos comprometidos para hacer frente al cumplimiento que asumen las empresas”.

 

Para que no queden dudas del rol clave que juegan los subsidios en la prestación de los servicios, el párrafo siguiente del acta firmada por el empresariado y la dirigencia de la UTA precisa que “la negociación paritaria de este año se iniciará en forma inmediata y para ello se requiere la presencia de la autoridad de aplicación en atención a que las compensaciones tarifarias representan una parte sustancial de los ingresos de las empresas”.

 

De cara a lo que viene, la UTA deslizó que aspira a una actualización anual en torno del 60% y con una primera entrada a boxes en agosto, siempre y cuando la inflación de los meses previos no se desboque demasiado.

 

Actualmente, los subsidios destinados a mantener congelados los boletos de los colectivos del AMBA trepan, en promedio, a un total de $ 18.000 millones mensuales que son afrontados en su mayor parte por el Gobierno. De aprobarse el aumento salarial que pretende la UTA para este año, la suma de los subsidios para las líneas de la región metropolitana podría alcanzar un nuevo récord que oscilaría entre los $ 28.000 millones y $ 30.000 millones mensuales.

 

Incertidumbre tierra adentro 

Más allá de lo que se pacte para las líneas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que aún no está claro es qué va a pasar con los reclamos de aumentos salariales de quienes conducen los ómnibus de larga distancia y los colectivos locales del interior del país.

 

Las empresas que prestan servicios interurbanos e interprovinciales dejaron de recibir la ayuda económica del Estado en los últimos meses de 2021. Si bien repuntaron las ventas de boletos durante la temporada estival, aún están un 35% abajo en la cantidad de pasajeros transportados con respecto al verano de 2019.

 

En tanto, las líneas urbanas del interior están a la espera de que el ministerio de Transporte manejado por el massista Alexis Guerrera defina cuáles serán los montos mensuales de subsidios que girará la Nación a partir de abril.

 

Los datos actuales muestran que, en promedio, del subsidio total por cada pasajero que reciben las líneas del interior, el 40% lo aporta la Nación; el 37%, las provincias y el 23% restante, las arcas municipales.

 

Hasta ahora, el único compromiso que asumió el Gobierno para el período enero-marzo es el envío de un subsidio total para los colectivos provinciales y municipales de $ 3.200 millones mensuales.

 

Cualquier aumento salarial que se pacte con la UTA requerirá de mayores subsidios ante la situación límite que se registra en el interior y que impide seguir aumentando los boletos que, en promedio, son entre tres y cuatro veces más caros que en el AMBA.