Mientras le pone el pecho al temporal interno que se desató el último viernes en el Frente de Todos, cuando los diputados del cristinismo le dieron la espalda al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), hecho fundante de la segunda etapa de la administración del Frente de Todos, el Gobierno no demora en poner en marcha las disposiciones pactadas. De eso depende que las revisiones técnicas del organismo arranquen con buen pie, que vayan destrabando desembolsos de divisas que en principio excederán las necesidades de pago y que se robustezca la confianza en cuanto a la viabilidad del nuevo esquema. Con ello, claro, que Alberto Fernández y Martín Guzmán encuentren, al fin, un sendero que permita torcer una suerte que hasta ahora ha sido aciaga.
La ofensiva tiene tres patas: retenciones, tipo de cambio y solución –en el mediano plazo– de la restricción de dólares que le pone un cepo desde hace décadas al crecimiento de la economía. Los críticos del programa, en especial los que orbitan en torno a la vicepresidenta Cristina Kirchner, dirán, igual que ella en el video del viernes, que dio cuenta del ataque a piedrazos contra su despacho en el Congreso, que todo lo que se hace responde al cumplimiento del “plan económico del Fondo Monetario”. La verdad, acaso más revulsiva para la interna feroz, es que esos objetivos responden en verdad al diagnóstico del albertismo gobernante.
Así lo dijo, por caso, Cecilia Todesca, exvicejefa de Gabinete, actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales y voz económica muy escuchada dentro y fuera del Gobierno. En una entrevista publicada el domingo en Perfil, sinceró: “No creemos que el acuerdo con el FMI sea la solución de los problemas estructurales de la economía argentina, porque ese no es el rol del FMI. Sí creemos que muchas de las cosas que aparecen como una imposición del Fondo en realidad constituyen una agenda que la Argentina de todos modos debería tener. Doy un ejemplo: los objetivos del déficit fiscal”.
En el primero de los temas mencionados, el Gobierno se dispone a incrementar las retenciones a la exportación de harina y aceite de soja del actual 31 al 33%, el límite posible según la ley 27.541. Asimismo, trascendió –aunque Guzmán lo negó más tarde–que podría elevar las que corresponden al trigo, el maíz y la carne de los actuales 12, 12 y 9%, respectivamente, hasta 15%. El sector productivo, que viene de una sequía fuerte y veía en la remontada de los precios un aliciente para recuperar al menos parte de esas pérdidas, ya puso el grito en el cielo.
Si la guerra en Ucrania está provocando una disparada general de las materias primas –tanto energéticas como minerales en general y, en este caso, alimentarias–, ¿por qué comienza el Gobierno con productos que no hacen al drama de la inflación y a la mesa de las familias en la Argentina –como sí lo son el trigo, el maíz y la carne–, por más que indirectamente incidan en los costos de producción aviar y porcina? La respuesta es sencilla: para ayudar al objetivo de reducir este año el déficit fiscal primario –antes del pago de deuda– del 3,1% del producto bruto interno (PBI) de 2021 –a lo que habría que sumar 0,8 puntos porcentuales porque ya no regirá la contribución extraordinaria de las grandes fortunas ni el aporte especial del Fondo por la pandemia– al 2,5% pactado con el FMI.
En ese sentido, una suba de las retenciones solamente al aceite y la harina de soja le aportaría al Tesoro recursos excedentes que Economía hoy pondera en unos 400 millones de dólares. Con eso no va a alcanzar, claro: según un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), dirigido por el rebelde director del Banco Nación Claudio Lozano, el ahorro en dinero contante y sonante debería alcanzar este año a casi 6.300 millones de dólares.
Sin embargo, todo suma, también en el plano de la acumulación de reservas, algo también prometido al FMI, y en este caso, incluso, para pacificar la interna. En lo fiscal, a la eventual suba de retenciones habría que sumar la reducción de al menos la mitad del “gasto covid” que persistió el año pasado, 1,5 punto porcentual del PBI, lo que terminaría de hacer viable la meta.
El segundo aspecto mencionado, el tipo de cambio, apunta a la reducción de la brecha entre los dólares paralelos y el oficial. El acuerdo con el Fondo ha servido como un bálsamo –siempre provisional para el mercado–, lo que se ha traducido en una reducción del orden del 5% de los primeros. En tanto, el Banco Central ha acelerado la pauta de minidevaluaciones diarias –crawling peg–, que suma 1,3% en lo que va del mes. Todo ello limita las expectativas de devaluación del oficial y tiende a quitarle presión a las reservas de la autoridad monetaria.
El tercer elemento, por último, la histórica “restricción externa” –de dólares–, algo que limita la expansión de una industria que obtiene buena parte de sus insumos de las importaciones, debe ser abordado con una mirada menos cortoplacista.
Para eso, Guzmán viajó la semana pasada a Houston, la capital petrolera de los Estados Unidos, a pesar de que muchos en el Gobierno consideraron inoportuna su salida del país en momentos en que la Cámara de Diputados trataba el pacto con el FMI desfigurando el que había sido su proyecto de ley original. La idea de Economía es avanzar rápidamente con un reclamo de larga data del sector, esto es eliminar las limitaciones del cepo a las inversiones hidrocarburíferas, de modo de incentivar las inversiones. Tal como están dadas hoy las reglas de juego, ¿quién traería dólares para enterrar en Vaca Muerta para que el Gobierno se los cambie por pesos al tipo de cambio oficial y, más tarde, no poder enviar remesas a las casas matrices a la misma cotización?
De acuerdo con cálculos del Instituto Argentino de Petróleo y el Gas (IAPG), la atracción de inversiones por unos 10.000 millones de dólares anuales en el mediano plazo permitiría elevar las exportaciones de petróleo y gas no convencionales de los actuales 4.000 millones a entre 10.000 y 15.000 millones, de acuerdo con el nivel de precios. Ese escenario le permitiría al país decirle adiós a la restricción cambiaria, el cepo y muchas de las trabas que desde hace demasiado tiempo enfrenta la economía nacional.
Corto plazo y mediano plazo. En medio de un camino minado por su propia interna y de la urgencia de las elecciones que aparecen en el horizonte, el Gobierno apura el paso y arriesga en busca de su destino.
