En lo que se anticipa como una nueva disputa entre el gobierno de Alberto Fernández y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, el Ministerio de Transporte de la Nación convocó a funcionarios porteños para discutir el traspaso de las 32 líneas de colectivos que tienen jurisdicción en la Capital Federal. La medida podría implicar la eliminación de 13 mil millones de pesos en subsidios.
En una carta dirigida a Rodríguez Larreta y a su jefe de Gabinete, Felipe Miguel , el secretario de Transporte Diego Giuliano convocó a "coordinar una reunión de trabajo para analizar las facultades de regulación, fiscalización, recorridos, frecuencias y tarifas respecto de los servicios de transporte público de pasajeros por automóvil que se realicen íntegramente en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de los equipos técnicos de ambas jurisdicciones”.
Giuliano también consideró que la Ciudad "debe recuperar su plena autonomía" para controlar y gestionar las filas de grupos "exclusivos de su territorio". En consecuencia, las líneas de colectivos que sí cruzan la Avenida General Paz, límite geográfico entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, seguirán recibiendo el subsidio nacional.
Por su parte, la administración porteña confirmó que asistirá al encuentro pautado y que está “dispuesta a dialogar sobre este y todos los temas que son centrales para el bienestar y el desarrollo de los argentinos, pero denunció una “clara intención del Gobierno de aumentar las tarifas en la Ciudad en función de la inflación”, a raíz del anuncio del transporte y la segmentación tarifaria del servicio de electricidad anunciada también esta semana.
“Hay un nuevo intento de perjudicar a la Ciudad, un plan deliberado para afectar la calidad de vida de millones de argentinos que hace años eligen a un color político distinto al del Gobierno nacional para administrar y gestionar”, aseguraron desde Parque Patricios y exigieron que los cambios estipulados sean “consensuados y acordados con vocación constructiva”.
La iniciativa del gobierno nacional busca destinar esos $13.000 millones al Fondo de Compensación con el que el Estado nacional asiste a los sistemas de transporte del resto de las jurisdicciones del país. Este es uno de los reclamos más fuertes de las provincias, que exigen un trato igualitario a la hora de gestionar el transporte local, tomando en cuenta, por ejemplo, que el pasaje mínimo en Capital Federal cuesta $18 mientras que en Córdoba, Rosario, Mar del Plata o Bariloche es entre $60 y $70.
De hecho, en la apertura de la 144 sesión ordinaria de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti exigió que "los subsidios se repartan equitativamente al transporte" y se quejó de los "privilegios del AMBA". Además, acusó al kirchnerismo de "gobernar con una actitud feudal que nada tiene que ver con el progresismo que recita".
De esta forma, el Gobierno busca adelantar un reclamo histórico de las provincias en momentos en que también quiere llegar a acuerdos y ganar el apoyo de las provincias para el futuro debate parlamentario del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la megadeuda contraída por el expresidente Mauricio Macri .
Con esta decisión, iniciará un juego de tira y afloje entre las provincias y la Capital Federal, el territorio gobernado por Rodríguez Larreta, a quien el propio Alberto Fernández llegó a llamar "amigo" durante el trabajo conjunto de la primera ola de covid-19. Queda poco de la amistad que existió, sobre todo luego de que el alcalde de Buenos Aires iniciara un litigio judicial contra el gobierno nacional por el retiro del 1,18% de la coparticipación.
