El sistema de medios tuvo en los primeros meses de 2022 su novela. No interpela a las masas, como la canción que es “el tema del verano, que vas a cantar y bailar en todos lados”, pero se consolidó en la agenda de la relación Estado-empresas y mantiene expectante al sector. La decisión de la Secretaría de Comercio de rechazar la fusión entre Disney y FOX y exigir un plan mediante el cual el gigante del entretenimiento se desprenda de activos clave es un asunto que todavía no está resuelto. Día tras día, las audiencias quedan expuestas a información y análisis que se mezclan con operaciones de prensa y políticas, mecanismos de presión y diferentes versiones de lobby. Entre ellas, el viernes pasado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ordenó publicar un aviso en la sección “Sociedades” del Boletín Oficial en el que notifica la obligación que alcanza a Disney.
La cuestión dejará constancia de cómo la gestión de Alberto Fernández enfrenta uno de los dilemas centrales de la comunicación: la concentración de la propiedad. Desde ambos lados de la mesa de negociación buscan soluciones para la disyuntiva: manos "amigas" que se queden con el paquete a vender o un acuerdo político. El Gobierno expone también aquí perspectivas contrapuestas. Es la interna, estúpido.
En enero de 2022, la Secretaría de Comercio notificó el rechazo a la fusión en Argentina tal como había sido presentada. La decisión tiene base y sustento en una serie de informes que la CNDC realizó durante 2020 y 2021. Pocos días después, Disney –que nunca dio cuenta de su posición mediante declaración oficial alguna– comunicó cómo pretendía que se resolviera la situación por diferentes vías, entre ellas algunas notas periodísticas en Clarín y La Nación. Dicha solución resulta bastante similar a una realizada meses antes en el marco de la intervención de la CNDC. Consiste en "vender" las señales deportivas de FOX (Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3) a Mediapro. Equivalente había sido la segunda propuesta de desinversión de Disney, rechazada el 27 de octubre de 2021 cuando se "amplía(ba) la propuesta oportunamente ofrecida". Por lo cual, no hay novedad y resultaría difícil encontrar argumentos técnicos para su aprobación ahora.
En aquella oportunidad, la CNDC observaba que “los remedios propuestos no proporcionan una solución integral y completa a los efectos horizontales y de cartera que se derivan de la operación bajo análisis ya referenciados, como consecuencia del incremento sustancial del poder de negociación de las partes, de manera que no resulta suficiente ni proporcional al daño que la operación notificada genera sobre la competencia". Básicamente, sostenía que no alcanzaría con desprenderse únicamente de señales. Por esa razón, exige la inclusión de derechos de competencias deportivas en el paquete a vender.
Por estas cuestiones resulta central conocer en qué consiste la nueva propuesta de Disney, si es que hay una. Acceder a los documentos permitiría evacuar la duda clave: ¿Disney presentó al Estado -luego del dictamen de enero de 2022- lo mismo que el Estado rechazó en octubre de 2021? SI la respuesta es sí, será peculiar leer argumentos que validen aceptar ahora, sin caer en contradicciones, lo que no se aceptó hace cuatro meses atrás. Si la respuesta es no, este tema se despeja de modo más sencillo. Quedará entonces el foco puesto en quién compra y cuántos lazos tiene con la empresa dominante del mercado.
Una primera conclusión, con el recorrido todavía por resolverse, es que parece que nadie, ni siquiera Disney, pone en duda los efectos de la operación de fusión contra la competencia. Tanto como la necesidad de reducirlos.
La concentración de la propiedad en el sistema de medios y comunicación es un problema central. Está presente desde que las industrias culturales se consolidaron como tales y demandan regulaciones concretas y claras. Tanto para garantizar niveles de competencia en mercados abiertos como para habilitar mecanismos de pluralismo, diversidad y acceso ciudadano a la información en un sentido amplio.
Los países pueden dividirse, en este aspecto, entre los que la regulan antes y los que lo hacen después. Es decir, están los que cuentan con normativas específicas que buscan evitar de antemano su consolidación y sus efectos y los que intentan apenas mitigarlos. La regulación del primer tipo se caracteriza como ex ante. Los del segundo, mayoritario, son “ex post”. Argentina contaba entre 2009 y 2015 con una regulación del primer tipo. La ley audiovisual tenía un capítulo “anticoncentración” que era distinguido a nivel mundial, pero nunca se aplicó, por razones múltiples que ya fueron debatidas. Desde diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri eliminó esa parte de la ley mediante el Decreto 267, el país engrosa la lista de los que buscan mitigar los efectos de las posiciones dominantes de las empresas y sus abusos contra la competencia “ex post”. México, Brasil, Estados Unidos y Chile son parte de ese colectivo y hallaron en sus leyes argumentos para limitar la fusión Disney-FOX. Veremos si Argentina se suma a esa lista y quién es el jugador que se sube a competir, si sucede.
