19|1|2023

Respaldo de vicegobernadores a CFK en la previa del veredicto

06 de diciembre de 2022

06 de diciembre de 2022

Denunciaron que “la división de poderes se encuentra jaqueada” y manifestaron su apoyo a la vicepresidenta. Una condena “sin pruebas”.

A la espera del fallo que este martes dará a conocer el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por la causa Vialidad, las autoridades que integran el Foro Permanente de Vicegobernadoras y Vicegobernadores de la República Argentina (FOVIRA) manifestaron su “absoluta desaprobación y desasosiego institucional” ante la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada “sin pruebas” y “ante el absurdo de pensar que una gestión de gobierno puede ser considerada una ‘asociación ilícita’”.

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

Para las distintas figuras provinciales, la posible condena en contra de CFK “configura un hecho de gravedad institucional” y genera una situación en la que “la división de poderes se encuentra jaqueada por una serie de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las virtudes republicanas”. “El ‘activismo judicial’, que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos, pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio”, agregaron.

 

A través de un comunicado, denunciaron que la Argentina está “frente a un nuevo paradigma” en el que, por un lado, “el Poder Judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas”; y, por el otro, “amenazar esos derechos e instituciones”. “Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia”, consideraron.

 

“Hemos observado con muchísima preocupación cómo algunos funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela, involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive en su ejecución”, profundizaron y denunciaron que este antecedente “habilitaría al armado de causas con fines ajenos al estado de derecho”.

 

“Constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría a repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia argentina”, completaron.

 

El documento fue firmado por las vicegobernadoras Verónica Magario (Buenos Aires), Florencia López (La Rioja), Alejandra Rodenas (Santa Fe), Analía Rach Quiroga (Chaco), Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y María Laura Stratta (Entre Ríos) y los vicegobernadores Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Antonio Marocco (Salta), Ruben Dusso (Catamarca), Eber Solis (Formosa), Mariano Fernández (La Pampa), Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Sergio Mansilla (Tucumán).