Las acusaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con posterior recusación, hacia el fiscal Diego Luciani y uno de los jueces del tribunal que la juzga, Rodrigo Giménez Uriburi, que pasaron de las redes sociales al expediente de la causa conocida como Vialidad Nacional, se centraron en la participación de ambos en torneos de fútbol disputados en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri. Esa relación, que publicó por primera vez el diario Página 12, hasta quedó inmortalizada en fotos en donde se los ve con la indumentaria del equipo llamado "Liverpool".
Como ecos del pasado, regresa a la luz una mesa judicial del macrismo que nunca se fue, porque se resguardó a las sombras, y es apuntada por el cristinismo como la responsable del armado de casos contra su jefa y otras figuras de la oposición durante los cuatro años de la administración de Cambiemos. Con bajo perfil, la mayoría de sus integrantes consiguió cobijo estatal después de la salida del macrismo de la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019.
Todo un símbolo: Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín, prófugo de la Justicia desde hace más de 610 días, sigue como parlamentario del Mercosur en Montevideo, cargo al que accedió en 2015. No cobra un sueldo: por una decisión administrativa del exmandatario, los representantes del país ante ese cuerpo solamente perciben viáticos. La situación judicial del señalado como "cerebro jurídico" del expresidente sigue igual desde que, en mayo del año pasado, pidió asilo político a Uruguay mientras lo investiga la jueza federal María Servini por presuntas presiones y extorsiones a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Rodríguez Simón fue el encargado de redactar el decreto mediante el cual Macri nombró en comisión a los jueces de la Corte Suprema a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Mientras se deliberaba ese documento para completar el número de ministros del máximo tribunal del país, el líder del PRO le pidió a otro de sus consejeros legales una opinión para ver si era factible remover por la misma vía a la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El consultado fue el actual diputado nacional Pablo Tonelli, que fue reelecto en 2019. Miembro del Consejo de la Magistratura, el legislador conforma los equipos que impulsan la candidatura presidencial de la titular del PRO, Patricia Bullrich.
Otro de los integrantes que logró acomodarse después de la victoria del Frente de Todos fue el exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia Pablo Clusellas. Desde fines de 2019, se desempeña como uno de los auditores generales de la Ciudad. Su arribo a esa silla porteña fue uno de los motivos de disputa dentro del PRO, ya que rompió con los acuerdos que tenía pensado respetar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Fue por insistencia de Macri que el alcalde porteño retocó las bases y condiciones de la actualización del organigrama de su gobierno tras la reelección.
Siempre bajo el amparo de la estructura porteña, también supo sentarse en la mesa judicial M el ahora fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, cargo al que accedió por votación de la Legislatura. Como subsecretario de Asuntos Penitenciarios durante los cuatro años de presidencia Macri, fue el encargado de representar al Ministerio de Justicia en el Consejo de la Magistratura.
A un par de cuadras de distancia de la sede del Ministerio Público Fiscal se encuentra el Congreso. En el Senado tiene un despacho desde el año pasado el exjefe de asesores de Macri José María Torello, que asumió esa banca en reemplazo de Esteban Bullrich.
En el llano pero con ganas de volver para el segundo tiempo macrista está el binguero Daniel Angelici, el eterno enemigo de Elisa Carrió. En su entorno dicen que se encuentra más centrado en la política partidaria en el radicalismo, como contó Letra P. Lejos del club Boca Juniors, después de haberlo presidido durante ocho años, su nombre resuena en los pasillos del poder cada vez que hay algún fallo favorable para el PRO en los tribunales de Comodoro Py.
Un comensal más de la mesa era el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, cuya última vinculación con la política fue la asesoría jurídica en ambos bloques legislativos de Juntos por el Cambio, cuando estalló el caso Vicentin en 2020, con el amague de expropiación por parte del gobierno de Alberto Fernández.
Otro que no volvió a las primeras planas, por ahora, es el exministro de Justicia Germán Garavano, que era el encargado del dialogo directo con la Corte Suprema, pero también cumplía la misma función en otros niveles judiciales, como las cámaras de Apelación y Casación.
Todos están en el banco de suplentes, entrando en calor.
