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El FdT pidió investigar las "prácticas mafiosas" detrás de los chats

Representantes del oficialismo en el Congreso reclamaron "la renuncia de los funcionarios públicos involucrados" y exigieron "una inmediata investigación".

Integrantes del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Diputados y en el Senado repudiaron y exigieron este lunes una "inmediata investigación" de la trama de "prácticas mafiosas" desenmarcarada por una serie de chats que involucran a jueces, fiscales, empresarios del Grupo Clarín, publicistas, un exagente de inteligencia y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro.

 

"Este nuevo escándalo institucional muestra claramente que, con prácticas mafiosas, están hiriendo de muerte a la democracia argentina", aseveraron legisladores y legisladoras nacionales del FdT a través de un comunicado de prensa.

 

Según el texto, "jueces y fiscales que participaron activamente de la persecución político-judicial de Cristina Fernández de Kirchner y que están vinculados a la jueza que no investiga el atentado en su contra, aparecen cometiendo una serie de delitos graves inadmisibles". 

 

En ese sentido, consideraron que  los funcionarios del Poder Judicial "reciben costosos favores y dádivas de empresarios a los cuales les resuelven causas, encubren delitos, inducen al falso testimonio, presionan a la fiscal de Bariloche que investiga el hecho, falsifican documentos, pagos y facturas, y amenazan con continuar armando causas a quien hable de ellos, y hasta la aplicación de torturas y encarcelamientos ilegales".

 

 "En ese viaje y en ese nefasto grupo de chats, estaban ni más ni menos que el padre y hermano del fiscal que ´investigaron´ la causa Vialidad y el juez de esta causa", enfatizaron y remarcaron que "el mal desempeño de sus funciones, la comisión de delitos, y las graves y escandalosas inconductas éticas están confesas".

 

"Exigimos la inmediata regularización institucional del Consejo de la Magistratura paralizado por el accionar nada inocente de la Corte Suprema de Justicia, la renuncia de los funcionarios públicos involucrados y una seria y profunda investigación, señala el escrito, donde afirmaron que no van  "a permitir que la mafia se apodere de la democracia".

 

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