Del FMI al Presupuesto: el duro camino de los proyectos del Gobierno en 2022
Un año que empezó marcado por la división del FdT por el Fondo concluyó con la conmoción del atentado a CFK. Lista corta de resultados en la ultra polarización.
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La sanción del Presupuesto 2023 en el Senado, votado con lo justo por el oficialismo a mediados de noviembre, marcó un cierre para el Gobierno luego del naufragio del debate del año pasado. Esta vez se revirtió la racha en Diputados. Fue aprobado en ese recinto por 180 votos positivos, 22 negativos y 49 abstenciones. Es una de las pocas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo que fueron transformadas en ley durante este año, en el contexto de la tirante paridad que surca al Congreso. También por la tempestad interna del panperonismo, que transcurrió conmocionada entre la firma del pacto con el FMI, la renuncia de Martín Guzmán y el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entre esos zarandeos se redujo la agenda legislativa del Gobierno a un puñado de proyectos que marcaron el tercer año del mandato presidencial de Alberto Fernández.
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El Presupuesto 2023 fue aprobado sobre la última etapa de este período de sesiones ordinarias, que arrancó con un texto que le costó muy caro a la unidad del Frente de Todos. Fue para obtener la aprobación del Programa de Facilidades Extendidas pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Poco antes de las cuatro de la mañana del viernes 11 de marzo, el pacto contó con 202 votos a favor, 37 en contra, 13 abstenciones y cuatro ausentes.
Esa votación desnudó la situación interna del bloque oficialista luego de la renuncia del diputado Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Dejó el cargo un día antes del inicio del período de sesiones extraordinarias que había convocado el Presidente por decreto para tratar el endeudamiento. Lo sucedió el rosarino Germán Martínez, con una larga experiencia parlamentaria que le permitió tomar las riendas del conglomerado panperonista en un momento crítico. Quizás por eso el bloque no se rompió cuando llegó la hora de votar el acuerdo con el Fondo. Pero no evitó una votación dividida.
Así comenzó en marzo el período de sesiones ordinarias que concluirá dentro de 10 días, con los dos bloques del oficialismo divididos por el acuerdo con el Fondo. Poco después Cristina decidiría la subdivisión del bloque en el Senado en dos partes para quedarse con la primera y tercera minoría y evitar que el cordobés Luis Juez fuera designado como representante en el Consejo de la Magistratura. Fue sólo el preludio de lo que vendría después con la renuncia de Martín Guzmán al Palacio de Hacienda, las cuatro semanas de Silvina Batakis como su reemplazante y la renuncia de Sergio Massa a la presidencia de la Cámara de Diputados. Desde principios de agosto la conducción del cuerpo está en manos de Cecilia Moreau.
En un escenario cargado por las turbulencias internas del panperonismo, el oficialismo buscó sacar los pocos proyectos que le pidió la Casa Rosada. Así Diputados aprobó por una amplia mayoría de 223 votos a favor y tres en contra el proyecto para extender hasta 2037 la ley de promoción del desarrollo de la biotecnología moderna y la nanotecnología. El 1° de septiembre el Senado lo transformó en ley con 57 respaldos.
Hubo un proyecto que sobrevivió a los drásticos cambios de Gabinete de mediados de año y todavía espera el último paso del Senado. El Ejecutivo propuso reformar una ley que rige desde el menemismo. Se trata de la 23.877 sobre Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. El 12 de octubre Diputados aprobó la reforma impulsada por el Gobierno para ampliar los créditos fiscales al 50% y 80% para grandes, pequeñas y medianas empresas que inviertan en investigación y desarrollo. En medio de los debates sobre la importancia de las economías del conocimiento, la iniciativa cosechó la reedición de la segunda votación más amplia del año : 223 votos a favor y tres en contra.
El techo numérico para los acuerdos entre oficialismo y oposición se registró en Diputados el 12 de octubre, con la aprobación de la prórroga del régimen de regularización dominial para barrios populares, creado en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, en medio de una compleja negociación. Su extensión por una década tuvo 227 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
El oficialismo también pudo aprobar en ambas cámaras el Consenso Fiscal que había firmado el Gobierno con los gobernadores de 22 provincias, pero no pudo avanzar con el plan de que los jueces, magistrados y empleados judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias. Se cayó durante la votación del artículo 100 del Presupuesto, que fue rechazado por 134 votos en contra y 116 a favor. El debate impositivo es un contorno de las dificultades del FdT para impulsar su agenda política por las debilidades numéricas y también por los desacuerdos internos. La ampliación de la Corte fue impulsada por un grupo de gobernadores peronistas y el Presidente no le puso el gancho. Sí se lo había puesto a la reforma Judicial del año pasado. Al igual que la reforma del Ministerio Público Fiscal, fue aprobada por el Senado el año pasado y durante este ciclo no tuvo movimientos en Diputados.
Entre noviembre del año pasado y enero el Ejecutivo impulsó una serie de proyectos destinados a potenciar la capacidad exportadora argentina. El Presidente se involucró directamente con la presentación de los proyectos de incentivos para la industria automotriz, para el sector agrobioindustrial y otro para promover la electromovilidad. También impulsó una reforma de la ley de Compre Nacional. De los cuatro textos, el único que avanzó fue el paquete de beneficios para fabricantes de autos, motores y autopartes. Pasó casi inadvertido, porque fue aprobado el 1° de septiembre en el Senado de forma unánime por 56 votos. Poco después de esa sesión la vicepresidenta afrontó un intento de asesinato que conmocionó al país y sacudió la dinámica parlamentaria. Ya sin margen para nuevos dictámenes, los otros tres proyectos impulsados por el Ejecutivo pasaran para el año próximo, aunque corren el riesgo de perder estado parlamentario.
