CÓRDOBA (Corresponsalía) Como lo había adelantado Letra P, el descontento de intendentes e intendentas que no podrán presentarse a una última reelección durante el calendario electoral 2023 trajo inmediatas consecuencias que amenazan con el tradicional desarrollo de las estrategias proselitistas y amenaza con hacer estallar a las estructuras mayoritarias en el centro del país.
Después del cierre del año legislativo y el archivo definitivo del proyecto para modificar el artículo de la norma electoral que prohíbe a jefes y jefas comunales, concejales, legisladores y tribunos de cuentas a presentarse a un tercer mandato consecutivo, unos 250 representantes territoriales emitieron un comunicado en el que advierten que no trabajarán para las candidaturas provinciales de ningún aspirante de de ningún partido. Además, llaman a “adelantar conjuntamente la fecha de los comicios para la elección de autoridades locales”, adelantan que no enviarán “representantes ni fiscales partidarios para la fiscalización de las elecciones provinciales en cada comunidad” y no descartan “la presentación de una lista propia, con candidatos propios, para los cargos de Gobernador, Vicegobernador, Legisladores Departamentales y de la Lista Sábana y Tribunal de Cuentas Provincial”.
El documento firmado por representantes de Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes versiones del vecinalismo advierte que el pedido elevado para reformar el código electoral “nunca pretendió la reelección indefinida ni atornillarse a las sillas del poder, como sí lo hacen muchos dirigentes de diferentes partidos políticos desde 1983”.
“Nuestra solicitud es clara: habilitar, a través de la corrección política de una ley que jurídicamente está mal, la posibilidad de ser candidatos por un período más y, elección de por medio, continuar trabajando por el progreso de nuestras localidades y el bienestar de los vecinos. Solamente ellos tienen la potestad de legitimar con su voto el accionar de sus representantes locales, en elecciones legales, legítimas y democráticas”, señalan y apuntan, principalmente al gobernador Juan Schiaretti, al que observan como uno de los principales responsables de que no haya sido modificada la norma dictada en 2016, a la que definen como “una ley antidemocrática que en los hechos nos proscribe y atenta contra la voluntad popular”.
“El gobierno de Schiaretti implementa programas que poco favorecen al desarrollo y bienestar de las comunidades del interior y van a contramano de las demandas reales que tiene la sociedad cordobesa. Los recursos se concentran en las grandes ciudades y para el resto solo llegan migajas maquilladas por grandes aparatos publicitarios y marketineros financiados con los impuestos de todos los vecinos, principalmente, de nuestro interior productivo y pujante”, dicen pegando duramente en el corazón de una de las facetas más caras al discurso cordobesista.
En diálogo con este medio, varios intendentes e intendentas detallaron la existencia de una promesa mediante la cual se advertía sobre el yerro de la aplicación retroactiva de la ley, que se aprobó en 2016 y contabiliza como primer mandato el que comenzó en 2015, y el compromiso de modificarla en la previa a la elección del año próximo
“Destrato, falta de respeto, burla, manoseo y ninguneo”. Esas son las formas en que Intendentes y Jefes Comunales Autoconvocados, tal como rubrican el texto, definen la actitud de Schiaretti, su equipo de gobierno y de los bloques legislativos y partidarios de las diferentes agrupaciones con representación política en la provincia.
“Somos los que estamos al frente de la resolución de las demandas ciudadanas, todos los días, aún en circunstancia tan adversas como lo fue la pandemia de COVID, que sin contar con ningún apoyo serio de parte del gobierno provincial afrontamos el escenario con recursos propios y el apoyo inconmensurable de los vecinos, pudiendo salir adelante, evitando daños y perjuicios mucho mayores”, advierte el grupo de referentes locales rebelados que amenaza con hacer tronar el escarmiento y sacudir definitivamente el mapa político provincial.