La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recusó al juez Julián Ercolini de una causa en la que la exmandataria denuncia una supuesta persecución fiscal en contra y de sus dos hijos, Máximo y Florencia, por parte de Alberto Abad y Leandro Cuccioli, quienes estuvieron al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión presidencial de Mauricio Macri.
“He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos”, aseguró la titular del Senado a través de su cuenta de Twitter.
El pedido se fundamenta, explicó, a partir de la difusión de los Justileaks que revelaron un viaje que mantuvo el propio juez Ercolini con distintos funcionarios del Poder Judicial, del Gobierno de la Ciudad, como su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D´Alessandro, y del Grupo Clarín a la estancia propiedad del magnate británico Joe Lewis, en Lagos Escondido.
La presentación la realizaron sus dos abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, quienes, a través de un escrito de 25 páginas, consideraron que “ante un conflicto de naturaleza político-institucional de semejante magnitud, resulta imperativo que los Jueces y Fiscales intervinientes extremen los recaudos para que, frente a las partes y la comunidad, su objetividad, independencia e imparcialidad no puedan ser objetivo de la más mínima sospecha”.
La estrategia judicial se realiza apenas días después de que la propia vicepresidenta haya sido condenada en la causa Vialidad, de la que el propio Ercolini fue juez en un tramo de la pesquisa, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en una investigación que la expresidenta denuncia como un caso de persecución en su contra orquestado, justamente, por una parte de la Justicia, la oposición del PRO y el multimedios Clarín.
Como lo hizo en la causa Vialidad y Hotesur, el nuevo expediente en el que Cristina Kirchner recusó a Ercolini data de 2020, cuando la extitular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont denunció, a partir de una auditoría interna, a los funcionarios de la administración de Cambiemos por “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”. Desde entonces, ella se conformó querellante de la misma.
La iniciativa del diputado Oscar Martínez que modifica el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe fue aprobada por la Cámara baja.
Lionella Cattalini analiza la elección de las jefaturas de Investigación y Defensa y avisa: "Este es el tiempo de las mujeres".