ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Antes de las elecciones provinciales, el gobierno de Omar Perotti tiene que resolver una situación que tensiona al mango a toda la política santafesina: la conducción del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el organismo judicial que se encarga de investigar los delitos en la provincia y que tiene un peso similar al de la Corte Suprema. Los intereses son diversos y nadie le quita el ojo de encima a las definiciones. El gobernador tiene que mover primero y rápido.
El proceso comenzó con mucho ruido político, como contó Letra P en su momento. La Casa Gris acumuló traspiés y denuncias opositoras. El secretario de Justicia Gabriel Somaglia quedó manchado y la ministra de Gobierno Celia Arena le tomó por asalto el tema. Ahora ella es la responsable de que el concurso no estalle por los aires.
Para lograrlo, como primera medida el gobierno tiene que completar el jurado al que tocará evaluar a los y las postulantes. No le sobra al tiempo a la Casa Gris, es un tema hiper sensible y tiene toda la oposición, y parte del peronismo, contándole las costillas. Los mandatos actuales vencen en abril, ¿qué pasa si no se cierra el proceso para entonces?
De los cargos en disputa hay cuatro centrales para la oposición. Fiscalía general, la Fiscalía Regional I (Santa Fe), la II (Rosario) y la Auditoría General de la Gestión, el rol que analiza, y llegado el caso investiga, el accionar de las fiscalas y los fiscales.
El cargo de General lo ostenta hoy Jorge Baclini, a quien el gobernador Perotti no traga. La tensión entre la Casa Gris y el jefe del MPA arrancó desde el vamos. Para el perottismo, el MPA tiene una relación casi non sancta con la oposición, en especial con el diputado radical Maximiliano Pullaro. Quien reemplace a Baclini tendrá que saber también de cintura y muñeca política.
Por ese motivo, se remarca que las Regionales son más importantes, porque definen política criminal sobre los territorios. A quién se investiga, de qué manera, a qué área interna darle más preponderancia. Para Rosario, con el espiral interminable de violencia que padece, es clave. Aunque a menor escala, la mirada también está puesta ahí por esa y otras razones.
El actual titular de la Regional santafesina es Jorge Arietti, quien postula para subir a General y tiene el visto bueno del radicalismo y el socialismo en dicho ascenso. La titular de Rosario es María Eugenia Iribarren, quien concursó para continuar o escalar a General. Ella es del agrado de parte del gobierno.
El Ejecutivo ya se comprometió a acelerar el proceso. Una vez que se complete el jurado, hay que corregir las propuestas de trabajo de quienes se postulan y luego, como último paso, realizar las entrevistas. Después de esos tres pasos, corresponde elaborar una orden de mérito. Finalmente, Perotti, según el podio de las tres primeras postulaciones, envía a la Legislatura el pliego que más considere.
Mucho por hacer. La evaluación de la Legislatura debería empezar a más tardar en marzo como para disponer de tiempo y evitar una eventual extensión de los mandatos. Desde la cabecera del MPA y parte de la política entienden que no hay lugar para la extensión inmediata, por lo que correspondería una nueva ley. En tiempos de extraordinarias, porque Santa Fe arranca ordinariamente en mayo. Demasiado por dos cosas: por la sensibilidad del tema y el cierre de listas y clima electoral que la provincia ya va a vivir.
