El viceministro de Economía y pata técnica de la gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda, Gabriel Rubinstein, dedicó parte del domingo a polemizar vía Twitter. Lo hizo con el diputado Javier Milei, con el economista Manuel Adorni y hasta con el periodista de Clarín Santiago Fioriti, no se sabe si para defender el plan Precios Justos, que sale a la cancha a jugar un partido a todo o nada en un verano que se anticipa caliente, o su propia figura.
A los dos primeros los invitó a "debatir seriamente" en lugar de "insultar o difamar", mientras que al último le aclaró que no cambiaron sus viejas "convicciones", contrarias a los congelamientos compulsivos de precios, sino la realidad y el contenido consensuado de la medida. Milei, claro, no dejó pasar la oportunidad y le recordó que, una vez más, a Rubistein lo condena el archivo.
La defensa de su nombre y honor debe ser fundamental para el viceministro, pero lo central pasa por otro lado. ¿Servirá el programa de un puente de plata heterodoxo hacia un estadio menor de inflación, del orden del 3,5% hacia diciembre del año próximo, mientras hace efecto el ajuste ortodoxo? ¿Cumplirán las empresas intervinientes en congelar los precios de unos 2.000 artículos de primera necesidad por 120 días –esta semana se sumarán más productos y compañías– a cambio de beneficios en temas cruciales como el acceso a divisas para importar insumos o, en cambio, los productos desaparecerán rápidamente de las góndolas? ¿Hará lo propio el Gobierno, que por algo apura definiciones sobre una ampliación del swap de monedas con China, lo que incrementaría la disponibilidad de divisas para aceitar importaciones necesarias para que la economía no se paralice? ¿Le permitirá al Frente de Todos capitalizar alguna mejora del humor social, tiro del final antes del inicio de un proceso electoral que, al parecer sin suspensión de las PASO, tomará mayor velocidad en mayo?
Por último, ¿será útil para darle espacio a una cierta recuperación del los ingresos? En este punto, por ahora, resulta difícil desentrañar el berenjenal de conceptos que esgrimió Alberto Fernández, quien ratificó la idea de entregar un bono salarial extra de fin de año pero descartó el otorgamiento de una suma fija.
Operativo desinflar
El INDEC informará este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que otra vez traería malas noticias. Los Precios Justos, cuya nomenclatura parece un tanto más sensible respecto de los puntos de vista del empresariado que los Cuidados, deberían contribuir a frenar las expectativas y una inercia que parece arrasadora, algo que no resultará fácil dado que regirá, en principio, hasta fin de febrero, justo después de meses estacionalmente difíciles como diciembre y enero y justo antes de marzo.
Con la medida, Massa hace equilibrio, otra vez, en la interna oficial al poner en marcha un viejo pedido de Cristina Kirchner, aunque en una versión más charlada con los ceos de las empresas formadoras de precios que lo deseada por la vice. Asimismo, se saca un poco de la frente el sello de ortodoxo que ciertos sectores pretenden ponerle en la frente, algo que podría ser importante para su futuro, el año que viene o en 2027.
Por ahora, Massa le saca el cuerpo a la discusión por las candidaturas, consciente de que el mantenimiento del actual escenario inflacionario o su empeoramiento lo sacarían de la cancha de cualquier forma. En cambio, una reducción del índice a alrededor del 4% hacia abril o mayo podría ponerlo en carrera. Al revés de lo que hacen cada día Cristina y el Presidente, ¿para qué pelearse hoy por algo tan incierto?
La política económica pretende que, mientras el congelamiento aguanta los trapos por un rato, el ajuste del gasto haga la tarea de fondo. La consultora Analytica sigue semana a semana la evolución del gasto primario, que en los primeros siete días de noviembre se encogió 23,4% interanual.
Fuente: Analytica.
El esfuerzo es grande y, como advierte desde afuera Martín Guzmán con la esperanza de volver al ruedo, genera un riesgo grande de planchar el crecimiento de la actividad y el empleo. Así, se impone peinar el gasto y eliminar el que no tiene sentido, más si es fraudulento. Una auditoría conjunta del Ministerio de Desarrollo Social, la AFIP y el fiscal Guillermo Marijuan arrojó que las prestaciones del programa Potenciar Trabajo se siguen pagando a al menos 2.800 personas muertas. Las bajas seguirán, aunque se estima que con cautela.
