Mientras las proyecciones de inflación para 2022 desafían ya la barrera del 100 por ciento, un descarnado debate se desató en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Un grupo de jueces y juezas, que se identifica con el sector empresario y muestra cercanía con operadores del macrismo en el fuero, lanzó una embestida para derogar el mecanismo de actualización de los créditos de aquellas personas que se encuentran en juicio. Lo insólito es que la tasa que determina las actualizaciones de los montos fijados para indemnizaciones, accidentes o deudas salariales, con el objeto de que no se deprecien durante los meses o años que dura el litigio, había sido acordada hace menos de un mes.
“Hay jueces a quienes les parece bien que se actualice su propio salario, pero no el de los trabajadores sobre los que resuelven”, señaló, atónito y en estricto off the record, uno de los camaristas involucrados en la pugna. “Papelón”, “escándalo”, “falta de ética”, fueron algunos de los epítetos que se cruzaron entre magistrados y magistradas en un debate que aún no termina.
La presidencia de la Cámara (rotativa), a cargo de Silvia Ferdman, una jueza que accedió a su cargo en la plenitud del gobierno de Cambiemos, maniobra para mantener la paz entre sus pares en un contexto económico en el que la clase trabajadora organizada -como ya mostró el conflicto en la industria del neumático- pelea para no ser el eslabón de ajuste en un escenario económico dramático.
El grupo que quiere voltear la actualización fijada se ampara en la supuesta “bomba para la producción de las pequeñas y medianas empresas” que representaría la fórmula de indexación de los créditos de la parte trabajadora acordada en septiembre y que dos de las diez Salas de la Cámara ya se niegan a aplicar.
La rebelión derogatoria nació, como suele ocurrir, con cierta inocencia. Un grupo de diez camaristas solicitó el 21 de septiembre pasado una reunión de todo el cuerpo para aclarar algunas lagunas que tenía la nueva fórmula, pero no con el ánimo de desarticularla, sino para aplicarla de manera correcta. Sobre ese movimiento, un grupo se desprendió y fue por todo.
Tres semanas atrás, la secuencia había sido diferente. La jueza Silvia Vázquez, cercana al kirchnerismo, planteó el 7 de septiembre que, con la tasa de actualización vigente hasta entonces, un crédito de 100 mil pesos originado el 1 de enero de 2015 arrojaba una suma actualizada de $469.436 en agosto de 2022. Sin embargo, en el mismo período, si se aplicaba el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el monto resultante trepaba a los $2.214.842. Una pérdida abismal para la parte trabajadora. Así nació la tasa de actualización.
Evidencias a la vista, una mayoría de camaristas estableció, a través del Acta 2764, un régimen de actualización periódico que incorpora un módulo de capitalización que, en rigor, ya estaba ordenado desde la reforma del Código Civil de 2015, pero que los tribunales laboralistas no habían adaptado en el fuero.
“Me desperté esta mañana con la novedad de que aquello que iba a ser la reglamentación de algunos aspectos instrumentales se había convertido en un nuevo acuerdo para la derogación y modificación del Acta 2764”, atizó el camarista Roberto Pompa, de la Sala IX, en un encuentro del último jueves de septiembre. “Se quiere romper un proceder histórico al no querer acatar lo resuelto por esta Cámara”, puntualizó.
Hubo fuego cruzado. Mario Fera, colega de Pompa en la Sala IX, le puso el cuerpo a la posición revisionista y lo acompañaron muchas voces. Cecilia Hockl, de la Sala I, fue la más cruda: “No hay nada peor que mantenerse en el error cuando el error es evidente”, sintetizó. El error, en este caso, era una fórmula demasiado favorable a trabajadores y trabajadoras.
El camarista Alejandro Perugini, que no suele transitar las posiciones más combativas, se exasperó. “Es un papelón que se haya debatido y resuelto el tema y una semana después estemos reunidos nuevamente para analizar si se mantiene o no lo decidido”, disparó.
“El Acta puede no tener carácter obligatorio para los jueces de primera instancia, pero al menos sí la tiene para quienes participamos en ese acuerdo y la decidimos”, exclamó Pompa, en un llamado al sentido común que no terminó por ser aceptado. La jueza Graciela Craig fue más allá y trató a sus pares de no tener códigos. “Desde que soy miembro de esta Cámara, he ganado y perdido en diversas votaciones, pero nunca se me ha ocurrido no acatar lo decidido por la mayoría. Es una cuestión mínima de convivencia, buena fe, ética y de lealtad entre colegas”, lanzó.
En medio del crudo debate hubo también un momento risueño, a partir del garrochismo que protagonizó el juez Alvaro Ballestrini, que saltó sin disimulo de la defensa del acta a impulsar su derogación .
Le tocó al camarista Héctor Guisado, miembro de la guardia vieja de la Cámara, zanjar momentáneamente el debate. “Llevamos dos horas debatiendo un tema que no está en el orden del día”, se quejó y, finalmente, logró que no se votase nada. Por ahora.
La Cámara del Trabajo no vivía tiempos de tanta convulsión interna desde el conflicto que atravesó a la agencia de noticias Télam en 2018, cuando, a instancias del gobierno de Mauricio Macri, el cuerpo analizó un cambio en el reglamento del sorteo de causas y lo aplicó con reatroactividad para evitar que se dictaran medidas cautelares contra los despidos de trabajadores. Allí también, como ahora, hubo sucesivas reuniones del cuerpo con posiciones cambiantes.
Aquel pedido lo formuló el abogado y compañero de escuela de Macri, Juan José Etala, el mismo que ofrecía plateas en la cancha de Boca para congraciarse con los jueces que hoy debaten la derogación de la tasa de actualización de créditos para la parte trabajadora. Aquel episodio fue investigado por el fiscal Franco Picardi como parte de la “pata laboral” de la “mesa judicial” de Macri, pero curiosamente no por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, que no aceptó que le llevasen pruebas sobre el comportamiento de su matriculado.
En la Justicia del Trabajo persiste el clima de ebullición. En los últimos días, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas convocó a una charla abierta sobre la aplicación de la tasa y convocó a una multitud, porque nadie sabe qué tasa se aplica, a qué casos ni de qué modo. El ritmo de la inflación desborda la morosidad de los jueces del Trabajo, cuyos salarios no sufren la depreciación monetaria y, en muchos casos, tampoco tributan Ganancias como sí lo hace un sector de la clase trabajadora, sobre la que deben velar.
