LA PLATA (Corresponsalía Buenos Aires) Una sequía sin precedentes en los últimos años impacta de lleno en el sector agropecuario con drásticas caídas en los rindes de los cultivos y una complejidad creciente en la producción ganadera. Ante esta situación, las entidades ruralistas de diversos distritos de la provincia de Buenos Aires aceleran los pedidos ante el gobierno de Axel Kicillof para que declare la emergencia o el desastre agropecuario, según la gravedad de cada caso.
Además, ponen en tela de juicio los paliativos concretos de la normativa vigente, cargan contra la “burocracia” de los mecanismos para recibir alivios impositivos y reclaman celeridad del gobierno provincial para atender crisis extraordinarias como la actual. En ese contexto, la oposición de sube a esas exigencias y apura desde la Legislatura. Por lo pronto, el Ejecutivo bonaerense otorgó este viernes exenciones impositivas en el marco de la ley de emergencia a productores de cinco distritos: Villegas, Tejedor, Dolores, Trenque Lauquen y Bahía Blanca. El ruralismo avisa que la crisis hídrica se extiende a más distritos.
“La CEDABA (Comisión de Emergencia Agropecuaria de Buenos Aires) se reunió hace un mes y no volvió a convocar. Lo único que hizo fue determinar la emergencia en esos cinco distritos”, contó a Letra P la titular de la filial Junín de la Federación Agraria, Rosana Franco. Y agregó: “Tenemos una situación extremadamente complicada, ya casi de catástrofe. El trigo está prácticamente perdido. Recién se va a poder cosechar en la primera quincena de diciembre, con rindes muy por debajo del 50% de lo normal. Pero lo que más está castigando es la ganadería, por las pasturas”. Ese panorama ganadero, advirtió, repercutirá en la falta de terneros en un futuro próximo y, por ende, en el precio de la carne.
Asimismo, advirtió por la pérdida de lotes de arvejas, lentejas, trigo y maíz: “Habrá un serio problema de alimentos. Estamos frente a una crisis de producto no solo para el ganado, sino para alimento humano”. La dirigente federada detalló que, en su región, ya presentaron sus solicitudes de emergencia ante la CEDABA las rurales de Salto, Ramallo, Rojas y Junín.
De todas formas, en las entidades lejos están de ver una solución en la normativa vigente en materia de asistencia ante estas crisis: “Con la declaración de emergencia solo se posterga el pago del Impuesto Inmobiliario, por lo tanto, es patear una deuda para adelante. Si ahora no hay plata, no se podrá cosechar y tampoco se podrá tener plata más adelante. Es difícil lograr la declaración de desastre y que eximan al sector del pago del Inmobiliario”, describió, a este portal, el secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Ignacio Kovarsky, quien consideró que la ley vigente “es un poco obsoleta”.
La próxima semana, Carbap tendrá sus comisiones de trabajo en las que hará un relevamiento de la situación para repasar con el gobierno bonaerense. Kovarsky expresó que en la entidad ya se han comunicado por el tema con el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez, con la intención de “hacer algo mucho más abarcativo y no solo unos pocos distritos porque el daño es generalizado en la provincia”.
“La zona núcleo (norte bonaerense) es la que peor la está pasando. Es la tercera sequía consecutiva. Y, después, en ganadería, la cuenca del Salado también está muy complicado”, detalló el dirigente y dijo que “muchas entidades rurales se van sumando a los pedidos de emergencia".
En esta línea, cuestionó el derrotero burocrático para que se declare el estado de emergencia o desastre: “Después de la reunión de la CEDABA habrá que lograr una resolución y, después, un decreto del gobernador. Es una burocracia que viene de siempre, pero en estos casos debería ser distinto, si no, no sirve”.
Mientras tanto, la oposición ya hizo algunos planteos en el ámbito legislativo. Tanto el diputado de la Coalición Cívica (CC), Luciano Bugallo, como el radical Maximiliano Abad, elevaron un pedido para que Kicillof declare la emergencia de manera inmediata en la provincia.
En ese marco, desde la mesa agropecuaria de los lilitos exigen modificaciones en la normativa. “Pedimos celeridad en el trato, que las emergencias y/o desastres agropecuarios salgan por decreto, que no se demoren ni queden estancadas en la CEDABA y que de ahí pasen meses hasta que se decrete. Y también se haga lugar al pedido del diputado Bugallo para la reforma donde se cambien los porcentajes y plazos para que la ley de emergencia y/o desastre agropecuario sea realmente útil ante una catástrofe como la que estamos viviendo”, expresó el extitular de la Rural de Junín y actual concejal de la CC en ese distrito, Rodrigo Esponda, quien cuestionó que hoy “para entrar en emergencia hay que tener más del 50% de daños y, para declarar el desastre, más del 85%”.
“La situación es dramática. Según la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, el año pasado se cosecharon 117 mil toneladas y para este año se esperan 20 mil. Productivamente es una catástrofe, sumado a que no se pudo plantar el maíz de primera, que la soja de primera también se va a demorar y todos los problemas que arrastramos de la ganadería por la falta de pasto”, ilustró el concejal lilito para arremeter: “A eso, le sumamos la cuestión política, el gobierno del FdT está mirando para un costado mientras nos está explotando una bomba”.
Consultado sobre cómo se abordaban situaciones de este tipo en la era Cambiemos, Esponda admitió: “Teníamos las mismas trabas burocráticas, pero normalmente salían por resolución del ministerio bastante más ágil, tampoco era la panacea. Las entidades rurales hace mucho que vienen planteando la modificación de esta ley, con lo cual tampoco era la panacea y tampoco nosotros la cambiamos. Pero eso no quita que haya que trabajar para cambiarla”.
