El Poder Judicial, el aparato de inteligencia y al menos tres fuerzas policiales de la Argentina han demostrado todas sus miserias en los últimos meses. Recién este jueves, 20 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la detención de Jonathan Morel, fundador del grupúsculo de extrema derecha Revolución Federal, así como de sus compañeros y su compañera de militancia Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.
El magistrado investiga audios intercambiados entre esas personas, así como sus dichos en Twitter Space, ubérrimos en amenazas e instigaciones a la violencia y el asesinato, en especial de Cristina Fernández de Kirchner, pero también de otras figuras del peronismo.
Lo que incomoda es que las huellas digitales de esa pyme cuasiterrorista han estado por todos lados desde mucho tiempo antes y a la vista de quien quisiera mirar: hostigamiento de patrullas en las calles del centro a integrantes del Gobierno y periodistas, lanzamiento de antorchas hacia la Casa Rosada, intimidaciones megáfono en mano, amenazas públicas de muerte, exhibición de horcas y hasta guillotinas de cotillón con claro sesgo intimidatorio… Cabe insistir: hay que tener ganas de mirar y en este caso nadie las tuvo.
Todo eso ocurrió ante la mirada pasiva de efectivos de seguridad, lo que, en el caso de efectivos de la Policía de la Ciudad, mutó hasta en simpatía. Sus actividades y reuniones se desarrollaron en gran medida en territorio bonaerense, mientras que la violación de unos cuantos artículos del Código Penal se dio en suelo porteño e, incluso, en las narices de la Federal, que custodia la sede del Gobierno.
Tampoco hubo fiscales que actuaran de oficio ni jueces que se interesaran. Por último, la dirigencia política que se enfurece ante piquetes de personas con hambre normalizó el hostigamiento, la amenaza y la violencia, sin siquiera alertar sobre la peligrosidad del fenómeno.
La prensa –en algún caso, claro– también advirtió. desPertar, el newsletter de Letra P, lo hizo –por lo menos– en sus ediciones del 11 de julio, del 29 de agosto, del 2 de septiembre –luego del atentado contra la vicepresidenta– y del 9 del mismo mes. También lo hizo Nicolás Baintrub en la extraordinaria nota que eascribió para la revista Anfibia, una radiografía que le mete miedo a quien lee pero enorgulleció a los responsables del grupo, que abrieron la puerta de su mundo, destinado a "que tengan miedo de ser kirchneristas".
Se dijo al pasar, pero vale insistir: el 1 de septiembre se produjo el atentado contra Cristina. Antes y después, al menos hasta este jueves, hubo un default total de las instituciones para poner la mira en esa violencia: Poder Judicial, inteligencia criminal, policías varias.
Sospechas inquietantes (follow the money)
La causa que lleva adelante De Giorgi está por ahora, llamativamente, separada de la que se instruye por el magnicidio fallido, pero CFK cree que Revolución Federal planeó y financió el intento de asesinato.
"Es probable que el accionar del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra", dijo Cristina en el escrito que presentaron sus letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal para que se la aceptase como parte querellante.
Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanaron este jueves las oficinas de fideicomisos de Caputo Hermanos, perteneciente a la familia de Luis Caputo, exministro de Finanzas de Mauricio Macri, de donde salieron unos ocho millones de pesos hacia Morel entre diciembre del año pasado y agosto último. Al parecer, esa empresa importante decidió encargarle unos trabajos a la ignota carpintería que aquel tenía en Boulogne.
Los designios de Dios son inescrutables y los tiempos de la Justicia terrenal, más todavía. Tarde, tardísimo, De Giorgi parece poner manos a la obra. En buena hora: tiene delante de sus ojos no un hilo, sino una gruesa soga de la cual tirar.
