03|12|2021

Los tentáculos del Consejo Agroindustrial que mucho abarcan y poco aprietan

02 de agosto de 2021

02 de agosto de 2021

En un año se posicionó como voz del campo y la industria sin pintarse la cara contra el gobierno. Lobby a largo plazo. La ley prometida por Todos que no sale.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) logró un posicionamiento colectivo en el corazón del círculo rojo y ser a quien el Gobierno prioriza atenderle el teléfono para discutir medidas sensibles para el campo y el sector de los fierros del agro. Sin embargo, el leitmotiv de su creación aún sigue pisado: la ley de exportaciones para incrementarlas en 40 mil millones de dólares con reducción impositiva a diez años. Pareció querer ir por todo y cargarse la representatividad del agro y la industria, pero hasta ahora se mantiene como un articulador de intereses sin detonaciones con el Gobierno. 

 

Surgió un año atrás, cuando empezaban a encenderse los motores tras una cuarentena total y los empresarios entendieron que había margen para empujar. Así, se integraron todos los sectores que estaban dispersos peleando por lo suyo, como las cerealeras, las avícolas, las semilleras, los harineros, las carnes, la Mesa de Enlace, y bolsas, cámaras y asociaciones de toda la cadena agroindustrial del país. 

 

El plan era claro cuando fueron a tocar la puerta de la Casa Rosada: aumentar exportaciones a diez años y llegar a los 100 mil millones de dólares. Remedio ideal para los planes de un Gobierno que, con hoja de ruta o no, los dólares los necesitaría igual para crecimiento o deuda. Cristina Fernández les dio la bendición inicial y determinante; el resto decantaría naturalmente: Alberto Fernández, Martín Guzmán, y Sergio Massa

 

Rápidamente logró la amplitud esperada, el respaldo político, un posicionamiento como articulador y la base teórica, pero las tensiones sectoriales internas por la representación le fueron imposible de esquivar por el hecho de conectar dos mundos tan complejos como el campo y la industria aplicada al agro. 

 

Con quienes más se notaron las diferencias de criterios fue con las entidades de la Mesa de Enlace, por más que hayan sido socios fundadores, excepto la Sociedad Rural Argentina (SRA), que recién lo hizo el mes pasado cuando cambió de autoridades. Hay un recelo solapado, en parte porque el timón del Consejo lo tomó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), conducida por el empresario Roberto Domenech, y la poderosa cámara de las aceitera procesadoras de soja. 

 

"No queremos generar sustituciones, sino darle una visión adicional no existente. Acá tiene la misma voz el que factura 100 millones anuales que las agroexportadoras que generan 35 mil millones", explicó a Letra P Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC)

 

Las acusaciones de que este tipo de cadenas de valor terminan beneficiando a los eslabones más fuertes, llámese en este caso las agroexportadoras, se sienten hasta hoy aunque el trabajo de fondo compensa esa tensión que a la larga puede ser destructiva. 

 

Hay un punto clave que señala Idígoras que muchas veces puede interferir en las expectativas de los integrantes: el Consejo no hace representatividad gremial. Nunca impulsarían un lockout o un cese de actividades, aunque debería analizarse qué respaldo darían llegada una situación límite. 

 

Justamente, las críticas le llegaron por el lado del poco poder de fuego que mostraron en los avances del Gobierno sobre el campo, como en el cierre de cupos de maíz o carnes. Sin embargo, explican que su designio es impulsar gestiones sobre lo que se decida en los plenarios. De nuevo: no toman medidas de fuerza. Ese, dicen, es su mayor logro. “La reacción del Gobierno nacional es rápida cuando planteamos una crítica. No necesariamente hay soluciones, pero sí canal de trabajo. Pasó con el maíz, el trigo y la carne”. Quizás haya un canal de diálogo inmediato porque no proponen acción gremial. 

 

La ley pisada

Con su objetivo central parece haber mucho diálogo pero poca resolución. El tentador proyecto de ley para aumentar 40% la facturación de las exportaciones y el empleo a cambio de una reducción impositiva a diez años, por ahora en estado de utopía, entró en stand by y probablemente quede para el 2022, por más que el Gobierno aclare que lo tiene en mente.

 

El Presidente les dijo que se quedaran tranquilos que está de acuerdo. Massa los endulzó hace 15 días con que iba a entrar en Diputados este año, y Guzmán le comentó que está haciendo consultas -una de ellas con el Instituto Patria, según supo Letra P-, y mostrando impactos para asegurarse no sólo Diputados como prometió el tigrense, sino también el Senado. Sin embargo, luego les reconocieron que el cierre electoral les llevó todo el tiempo.

 

El Consejo Agroindustrial tiene propuestas de fondo a diez años por eso plantea un vínculo amigable que no estrelle todo en una medida coyuntural del Gobierno de las que abundan para remachar. Traga sapos si es necesario y meten mano al lobby a mediano y largo plazo. Sus impulsores lo dicen de otra forma: el objetivo es trascender e instalar una política agroindustrial que no cambie gobierno a gobierno.