El Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas lleva recaudados unos 234.000 millones de pesos, según datos oficiales. Desde inicios de mayo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sumó $11.000 millones adicionales por parte de contribuyentes que habían demorado el pago del tributo establecido por el Congreso por única vez para aliviar las cuentas fiscales en medio de la pandemia. Dos semanas después del vencimiento, el fisco había sumado $7000 millones a los $223.000 millones informados inicialmente. Desde entonces, el cumplimiento se frenó, el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont inició 2500 fiscalizaciones y las demandas judiciales comenzaron a gotear, sin ser una avalancha.
Según supo Letra P, existen en la actualidad unas 770 demandas contra el aporte solidario. De ellas, apenas 290 ya fueron notificadas a la AFIP. Y unas 71 resueltas en distintas instancias: 61 a favor del fisco y 10 en beneficio de contribuyentes. Esta decena de personas con patrimonios superiores a los $200 millones a valor fiscal quedaron fuera del tributo hasta que se resuelva la cuestión de fondo o bien porque, en cada caso particular, la Justicia encontró que el gravamen era confiscatorio, o por la residencia fiscal.
En ese sentido, un tribunal de alzada falló a favor de Darío Rosenzvit, un empresario de San Juan que se mudó a Uruguay y al que, según la interpretación validada por la sala A de la Cámara Federal de Mendoza, el hecho de tener documento de identidad y residencia fiscal en ese país desde mayo de 2020 lo mantendrían a salvo de pagar el tributo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La AFIP sostiene que debe tributar porque el corte patrimonial se hace de acuerdo con la residencia fiscal del 31 de diciembre de 2019; el demandante resalta que la ley se votó en diciembre de 2020, cuando él ya contaba con un semestre de residencia uruguaya acreditada por sus documentos. La cuestión es clave para la cantidad de contribuyentes que se mudaron a Uruguay en el último tiempo.
Los $234.000 millones suman recaudación en tiempos de vacas flacas, pero están lejos de las estimaciones que el fisco había llevado a fin de año al Senado, cuando se discutía el aporte solidario. En ese momento, Marcó del Pont había proyectado que unas 11.865 personas humanas pagarían en total $400.000 millones. El universo de contribuyentes se amplió, finalmente, a cerca de 12.500 (de los cuales cumplió el 80%), pero la recaudación roza el 60% de la expectativa oficial de fines de noviembre.
Ese dinero ya comenzó a asignarse a las distintas afectaciones específicas. Son $143.000 millones (el 63% de lo recaudado) que fueron a financiar la política sanitaria ($29.000 millones), subsidios a pymes ($29.000 millones), becas Progresar ($29.000 millones), la mejora de la habitabilidad en barrios populares ($21.000 millones) e inversiones en el sector gasífero ($36.000 millones).
Según dijo Marcó del Pont en reiteradas ocasiones, la AFIP entiende que más del 60% del patrimonio alcanzado se encuentra invertido en activos financieros (acciones, bonos, divisas o depósitos) y que el 20% de ellos está en activos "ultralíquidos". Es un argumento para rebatir las quejas por la confiscatoriedad, que en algunos casos refieren a que contribuyentes deberían vender bienes físicos para cumplir con la AFIP. Esa confiscatoriedad debe ser probada en los tribunales y, hasta el momento, los casos concretos en los que los jueces lo convalidaron son relativamente pocos.
El exsocio del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, obtuvo un fallo negativo porque, si bien pedía una cautelar por la excesiva carga contra su patrimonio, pagó el impuesto. El juez de primera instancia Santiago Carrillo entendió que como Bouzat pagó -reservándose el derecho de repetición- no demostró el perjuicio económico para lograr el amparo. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo a mediados de julio.
