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De la AFIP a los ricos solidarios: no habrá remates ni doble imposición

El 84% del patrimonio que pagará el aporte extraordinario está exento de Bienes Personales. Las 380 fortunas más altas pagarán $220.000 millones.

Con la devaluación de los últimos meses, casi 2.600 personas más quedarán alcanzadas por el impuesto a la riqueza, según las últimas proyecciones oficiales, pero no habrá, para el fisco, doble imposición ni impuesto permanente ni una carga tan pesada que obligará a los empresarios a desprenderse de activos productivos o cancelar inversiones para cumplir con ella.

 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) salió a rebatir las quejas del Círculo Rojo. El organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont remarcó que el 55% del tributo recaerá sobre las 380 personas más ricas de la Argentina, que aportarían unos 220.000 millones de pesos, sobre los $400.000 que estima recaudar.

 

Marcó del Pont actualizó este martes, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, las proyecciones del impuesto. Con la devaluación 2020, quedarán alcanzados unos 11.865 patrimonios. Eso porque, antes de aprobarlo, la Cámara de Diputados modificó el proyecto de ley y corrió el momento de la “foto” patrimonial a la fecha de la sanción del texto y no al 31 de diciembre de 2019, como estaba previsto originalmente. En el medio, el tipo de cambio se corrió casi 30% y buena parte de los patrimonios están dolarizados.

 


Así y todo, los datos de la AFIP buscan desarmar las estrategias legales de los estudios de abogados que comenzaron a asesorar a los contribuyentes y remarcan que el tributo sería una doble imposición, porque el patrimonio ya está alcanzado por Bienes Personales, y tendría carácter confiscatorio, porque obligaría a contribuyentes a desprenderse de bienes para cumplir con el fisco.

 

Un informe que Marcó del Pont enviará al Senado en las próximas horas como complemento de su exposición de este martes remarca que el aporte extraordinario no es lo mismo que el impuesto a los Bienes Personales y que el 84% de los bienes alcanzados por este gravamen está exento de pagar el tributo habitual que recae sobre los patrimonios. Se trata, mayormente, de títulos públicos e inmuebles rurales.

 

De acuerdo con las estimaciones oficiales, esas 11.865 personas humanas pagarían un total de $400.000 millones. En promedio, $35 millones cada una. Pero el 55% recaerá sobre el 3,2% del universo alcanzado, los 380 patrimonios superiores a $3.000 millones. Para las 4.685 fortunas valuadas entre 200 y 300 millones de pesos (la escala más baja del tributo), el aporte promedio será de seis millones de pesos, por única vez.

 

 

Los 380 patrimonios superiores a los $3000 millones pagarán, en conjunto, el 55% de los $400.000 que espera recaudar la AFIP.


Los casi 12.000 contribuyentes alcanzados tienen el 40% de sus fortunas valuadas en dólares y el 60%, en moneda nacional, según las estimaciones de la AFIP. En ese 40% se cuentan, además de las divisas depositadas en el país y en el exterior, participaciones en compañías extranjeras y bienes radicados en terceros países. Como referencia, en el blanqueo de capitales de 2016, fueron declarados bienes por U$S 116.800 millones, de los cuales el 80% permaneció en el exterior.

 

Ante los senadores, Marcó del Pont dijo que los productores rurales alcanzados por el gravamen no deberán desprenderse de sus campos: en promedio, afirmó, los inmuebles rurales representan el 2,4% de los patrimonios alcanzados que declararon tener este tipo de activos. Para la AFIP, estos contribuyentes tienen disponibilidades líquidas 25 veces superiores al impuesto que deben pagar por única vez.

 

Eso también lo remarcan en el Ministerio de Economía y en la AFIP: la vocación del Gobierno, repiten, es que se trate de un aporte extraordinario y no de una carga anual permanente. Es un temor que repiten los empresarios, que recuerdan cómo otros tributos que llegaron en tiempos de crisis permanecieron hasta estos días, como el impuesto al Cheque.

 

DESACUERDO TOTAL. Las cámaras empresarias salieron prácticamente al unísono a oponerse al impuesto a las grandes fortunas. La Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó su “desacuerdo total” y advirtió que el impuesto “descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales”. La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió modificaciones para eximir de la carga a los bienes productivos. Algunos integrantes del grupo de WhatsApp "Nuestra Voz" hicieron correr un mensaje crítico, pero no todos lo distribuyeron en sus redes sociales, quizás porque cuesta oponerse en primera persona al impuesto que afecta al 0,027 por ciento de la población con más patrimonio declarado, en un país que pasará este año el 40 por ciento de pobreza.

 

 


“Pedimos a los senadores que rechacen este nuevo impuesto distorsivo, que lleva a menos inversiones, menos empleo, más pobreza, más planes y más gasto público. Necesitamos un país que aliente a emprendedores a crear millones de puestos de trabajo”, tuitearon Cristiano Rattazzi (FIAT) y César Litvin (Estudio Lisicki Litvin), con el hashtag #masimpuestosmenostrabajo. Con matices, se sumaron algunos otros, como el ex HSBC Gabriel Martino.

 

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