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Quién es quién en el lobby contra la ley de etiquetado de alimentos

COPAL, la cámara de fabricantes, se puso a la cabeza del rechazo a la iniciativa. Manzur, clave para dormir el proyecto. Massa, "prescindente".

Por 08/11/2020 10:13

Los Zoom de rosca ya se activaron. Referentes de los tres bloques más importantes de la Cámara de Diputados mantuvieron esta semana reuniones virtuales e informales con ceos del sector alimenticio que buscan detener el proyecto de ley de etiquetado frontal aprobado por el Senado con 67 votos a favor y apenas tres en contra. El pulso del presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el movimiento sincronizado en varios frentes de las empresas anticipan que el trámite no será tan rápido como en el espacio que domina la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La Coordinadora de Industrias Fabricantes de Alimentos (Copal), presidida por Daniel Funes de Rioja, se puso al frente del lobby para detener un proyecto que toda la industria alimenticia rechaza y no por primera vez. Detrás de ella, hay cámaras sectoriales haciendo el trabajo más fino, con el sector azucarero y su influencia en la política tucumana en particular y del Noroeste en general con un rol protagónico y los fabricantes de gaseosas, galletitas y snacks siguiéndolo minuto a minuto. Los argumentos son coincidentes: las empresas no se oponen a un etiquetado que consideran inevitable, sino al proyecto que salió del Senado con el impulso determinante -dicen en las compañías y en pasillos legislativos- de la vicepresidenta.

 

Al frente. Funes de Rioja, presidente de la COPAL.


El proyecto aprobado y con votos positivos de todos los bloques dispone un sistema de etiquetado con octógonos negros para los alimentos que tengan exceso de azúcares, de sodio, de grasas saturadas, de grasas totales y/o de calorías, según parámetros definidos por la Organización Panamericana de Salud (OPS). También, advierte que los alimentos con edulcorantes deben incluir la leyenda “no recomendable en niños/as” y los que contengan cafeína, “evitar en niños/as”. Además, restringe la publicidad y la venta de alimentos con al menos un octógono en el ámbito escolar. Todo, con el objetivo de mejorar la calidad de la alimentación y reducir la obesidad.

Es un sistema que emula al que rige en Chile pero que, según las empresas, es más exigente que el del país trasandino. "Es más duro que en cualquier otro país del mundo", se quejan. Las cámaras agregan que no tiene incentivos para bajar las dosis de azúcar, sodio o grasas, porque los umbrales mínimos para evitar el etiquetado son muy bajos.

“Estamos en contra del proyecto de etiquetado a la chilena, con octógonos que dicen “exceso de esto, exceso de lo otro”, dijo a Letra P Funes De Rioja, que lleva adelante el reclamo de las alimenticias desde la COPAL. El abogado, al igual que el resto de las fuentes de la industria consultadas, promueve avanzar en un sistema como el que acaba de implementar Brasil, más laxo, con “lupas” de advertencia. Propone, además, que el Mercosur llegue a una legislación uniforme en un subgrupo de trabajo que viene elaborando pautas para el etiquetado, pero con tiempos lentos.

 


AZÚCAR. El Centro Azucarero Argentino (CAA), el polo que nuclea al sector (Ledesma, la firma líder, tiene el 17% del mercado), es un firme opositor al proyecto. “Busca demonizar al azúcar, un alimento natural necesario en medida adecuada, pero no rechazado por autoridad competente alguna”, dijo Jorge Feijóo, presidente de la cámara, a mediados de agosto, al exponer en el Senado. Tiene en Tucumán a sus principales aliados, con el gobernador Juan Manzur a la cabeza. Hasta allá viajó Massa el martes y sentó su posición. “Los productores azucareros tienen que estar tranquilos, porque poseen un grupo de diputados que pelean por los intereses de Tucumán mucho mejor de lo que puede hacer el Gobierno nacional, porque conoce el impacto en la economía regional mejor que nosotros”, dijo.

Según supo Letra P, Massa se opone al proyecto que votó el Senado, pero se mostrará prescindente. A comienzos de la semana, había resuelto girar el proyecto a seis comisiones para demorar su tratamiento o, como dijo un referente del sector azucarero, “para que haya un debate amplio”. Luego, redujo el trabajo legislativo a tres comisiones, pero con el objetivo de evitar que sea cabecera la de Salud, que conduce el tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos), hombre de Manzur. Ahora, la que marcará los tiempos será Legislación general, presidida por la massista Cecilia Moreau. En el massismo no creen que el proyecto se trate este año. La tercera comisión que intervendrá es la de Defensa del Consumidor, presidida por el radical Diego Mestre.

 

Massa se opone al proyecto que votó el Senado, pero se mostrará prescindente.


El sector azucarero cree que Massa actúa en sintonía con Manzur y con la Cancillería, con la idea de ganar tiempo para que haya un tratamiento uniforme a nivel Mercosur. COPAL mantuvo reuniones técnicas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que el ministro de Salud, Ginés González García, defendió el proyecto que aprtobó el Senado. Los empresarios señalan al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, como un aliado. Tucumano y exfuncionario de Manzur, busca agilizar los vínculos comerciales del Mercosur y, dicen los fabricantes de alimentos, el proyecto de etiquetado atenta contra ello.

“La ley tiene que armonizarse con la normativa a nivel Mercosur. Si las normas son distintas, las empresas van a revisar la localización de sus plantas e irán a donde haya mejor alcance regional, que es Brasil”, dicen en una cámara empresaria que ya inició contactos con diputados de los bloques más representativos, a pesar de que todavía no comenzó el trabajo en comisiones.

A COPAL, el conglomerado azucarero y las gaseosas se les suma la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), que ya envió notas a las tres comisiones de Diputados que tratarán el proyecto.

El azúcar, paradójicamente, no está alcanzado por el etiquetado, pero sí sus clientes, los productos que la tienen como ingrediente, como las gaseosas y las galletitas. Además de Copal (allí están Arcor, Molinos y otras grandes fabricantes de alimentos), la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (Cadibsa) comenzó a moverse. La integran, entre otras, Coca-Cola y su embotelladora, Femsa, Quilmes (embotella las marcas de PepsiCo, Danone y Nestlé).

Las grandes compañías de gaseosas ven que el proyecto de ley no incentiva a reformular el producto. “En Chile sí se le permite y, al bajar el nivel de azúcar, salir del etiquetado. Pero el perfil de la OPS que se toma es más duro”, indican.

A COPAL, el conglomerado azucarero y las gaseosas se les suma la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (Amcham), que ya envió notas a las tres comisiones de Diputados que tratarán el proyecto.

El objetivo de máxima de los empresarios alimenticios es ganar tiempo hasta que el Mercosur, en algún momento, concrete su propio etiquetado. El de mínima, conseguir modificaciones que hagan que las reglas sean más parecidas a las de Brasil que al modelo chileno. Con distintos argumentos, todos remarcan que la ley no combatirá la obesidad. Los azucareros sostienen que el consumo del endulzante cayó 20% en cinco años y la manera en la que come la población empeoró. Los fabricantes, que al haber tantas etiquetas y con restricciones tan fuertes, casi todos los alimentos envasados de la góndola tendrán uno o más octógonos negros y así la advertencia perderá sentido.

Los lobbystas saben que tener a Manzur como aliado no es menor. Es uno de los primeros gobernadores que apoyó a Alberto Fernández en su carrera hacia la Presidencia. En el sector recuerdan que, a fines de 2017, batalló contra una suba en el impuesto a las gaseosas que promovía la reforma tributaria de Mauricio Macri. A cambio, garantizó el apoyo para la ley de reforma previsional.