En el centro de la discusión está la falta de terrenos donde levantar las alcaidías. En el primer cordón del conurbano ya no quedan casi tierras en las que emplazar estos edificios, más chicos que las cárceles, con capacidad para unos 300 presos cada uno. Pero, en el fondo, revela también el complicado equilibrio entre necesidades de política penitenciaria (abrir más cárceles) y las sublevaciones de vecinos, que en las jefaturas comunales son leídas en clave electoral.
La situación se repite en varias de las intendencias más grandes del Gran Buenos Aires. Las conducciones de esos distritos esquivan la brasa caliente que representan los lugares de encierro, que, además, alteran la fisonomía de los barrios y generan resistencias vecinales. Todas apoyan la construcción de cárceles y alcaidías para sacar de las comisarías a personas privadas de su libertad, pero ninguna (o casi) las quiere en su distrito.
Hace pocas semanas, el Gobierno bonaerense logró hacer avanzar, después de cerrar un acuerdo con dos intendentes opositores, una ley en la Legislatura para expropiar terrenos privados en municipios donde comenzarán las obras: Tres de Febrero, Lanús, Morón, Merlo, Ezeiza, Quilmes, Tigre y La Matanza. El proyecto original se cambió para agregar un artículo que daba a las intendencias poder de decisión sobre la localización exacta. Sin eso, no hubiese tenido los votos para la sanción.
Pero, más allá de esa norma, no está claro qué va a pasar con el resto de las alcaidías anunciadas, que no encuentran lugares donde asentarse.
Catástrofe humanitaria
Las cárceles bonaerenses y la situación de los presos y detenidos en comisarías fue la primera crisis de gobierno que tuvo que enfrentar Kicillof. A poco de asumir el cargo, una huelga de hambre se extendió por todos los penales de Buenos Aires con más de 10 mil presos involucrados. En el centro del reclamo se puso la inédita y escandalosa situación de hacinamiento, definida por el Tribunal de Casación bonaerense como una “catástrofe humanitaria”.
Con ese panorama, a mediados de 2020 se resolvió acelerar el plan de infraestructura carcelaria. El punto de arranque era una situación de hacinamiento inédita, que todavía sigue superando el cien por ciento. Si bien en el último año y medio se sumaron 1.300 plazas, la cantidad de internos (más de 50 mil) duplica la capacidad de alojamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que es de 24 mil plazas, estiradas hasta 30 mil por presos que duermen en lugares no aptos.
El proyecto en el que trabajaron Alak y equipos técnicos de la Gobernación planteó un nuevo paradigma: todos los recursos se enfocarían en abrir lugares de encierro en el conurbano, contra la lógica antigua de abrir cárceles en el interior. Allí, los intendentes las reciben gustosos, porque tierra sobra y fuentes de trabajo y contratos siempre son festejados.
Hay un dato que el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense repite cada vez que habla del tema: entre el 70 y el 80 por ciento de los internos del SPB provienen del conurbano; y más específicamente, de una franja de territorio que va desde el Acceso Norte hasta la Ruta 6. Pero, una vez que “caen” y tienen condena firme, esos detenidos son enviados a cumplir condena a penales del interior, muy lejos de donde provienen. “Pierden todo contacto con la familia. Al otro día que salen, vuelven a delinquir”, explican a Letra P en Justicia.
En total, afirma la Provincia, se van a sumar 20 mil nuevas plazas, con la construcción de cinco cárceles y quince alcaidías en el conurbano, más la ampliación de complejos ya funcionando. La lista de dónde iban a estar ubicados era completa: estaban prácticamente todos los municipios del norte, oeste y sur del Gran Buenos Aires.
Resistencia y negociación
A poco de anunciarse el plan, empezaron los ruidos entre quienes conducen las intendencias, especialmente del primer cordón, que dijeron casi unánimemente que no tenían tierras donde alojar las alcaidías. “Se necesitan dos hectáreas con servicios, en tierras que no se inunden. Es muy difícil cumplir esos requisitos en el primer cordón. Todas las tierras así son desarrollos urbanos o lo van a ser dentro de poco y están en manos de privados”, resumen en las comunas consultadas por este medio.
La falta de tierras hizo que la Provincia tuviera que dar marcha atrás con la idea de abrir alcaidías en distritos como Pilar, San Fernando o San Isidro, que quedaron descartados. Y concentrarse en una lista más acotada, de quince intendencias en vez de las 30 contempladas originariamente.
En las últimas semanas, la Provincia logró dar un paso importante: después de una larga negociación que tuvo como referentes opositores a los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero), logró avanzar en la Legislatura con el proyecto para expropiar terrenos privados en esos dos municipios, en Morón y en Ezeiza. Antes, lo había logrado para terrenos en Quilmes, Merlo, Moreno y Tigre. “Vamos a construir cinco cárceles para mil internos cada una y con quince alcaidías”, se envalentonan en el Ministerio de Justicia a caballo de la norma.
Silencio de radio
Los conflictos quedaron planteados en casi todo el mapa político del Gran Buenos Aires, y se traducen en quejas fuera de micrófono y “silencio de radio” entre representantes del peronismo.
En Quilmes, el solo anuncio de que iban a instalarse dos unidades sobre la autopista movilizó a los vecinos autoconvocados y abrió un conflicto político. En la intendencia gobernada por Mayra Mendoza prefieren esquivar el tema. “Hasta que no haya algo concreto no diremos nada, porque nos reaviva una polémica con vecinos y con la oposición, cuando todavía no hay nada concreto”, agregan.
En San Vicente, la resistencia la encabeza el propio intendente, Nicolás Mantegazza, del Frente de Todos: ya avisó a la Provincia de su compromiso con los vecinos de su distrito para “hacer valer la negativa a cualquier proyecto de esas características”. La peronista Marisa Fassi también se plantó ante el plan de Alak y Kicillof. “Yo no quiero cárceles en Cañuelas”, dice.
“Nosotros no tenemos tierras. Las tierras disponibles son bajas, inundables. Y la tierra que hay es privada. Nuestra prioridad es hacer viviendas para relocalizar a la gente que está en la cuenca del Matanza”, explicaron a este medio fuentes de la intendencia de Esteban Echeverría, gobernado por Fernando Gray, otro de los municipios involucrados en el plan. Lomas de Zamora, gobernado por Martín Insaurralde, no tiene tierras disponibles para alojar una alcaidía. En el municipio esquivan sentar postura sobre el tema.
Y en Berazategui, ni la larga experiencia de los Mussi en la gestión logró desactivar la bomba. Después de que el Concejo Deliberante votara en forma exprés una ordenanza para ceder tierras junto a la autopista, la oposición se levantó y promete ir a fondo con la impugnación por la falta de audiencia pública.
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conducido por Alak, le bajan el tono a los conflictos: “Vamos a avanzar en esta etapa con cinco cárceles y quince alcaidías. Con eso sumamos unas 10 mil plazas, aproximadamente. El financiamiento es compartido con la Nación y los conflictos particulares se van atendiendo”, explican.
Como ejemplo, mencionan a Lanús, donde el intendente Grindetti, que aceptó ceder tierras en dos hectáreas de Villa Jardín, cerca del Riachuelo. Y miran para el costado ante las advertencias de los intendentes. “Estamos enfocados en el objetivo de mejorar la reinserción y vaciar las comisarías de presos”, avisan.
