Fue un golpe a varias bandas el que asestó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) con una resolución que tiene en el ojo de la tormenta las pésimas condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires, tanto en cárceles como en comisarías. En la superficie parece un disparo dirigido a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, pero en lo profundo de la resolución se involucra a “las autoridades de los tres poderes del Estado provincial”. La máxima instancia judicial del país confirmó que está tan vigente como incumplido el denominado fallo Verbitsky (que data del año 2005, sobre el estado de las cárceles en la provincia de Buenos Aires) y reiteró que las comisarías no deben ser usadas como lugar de alojamiento permanente de personas en conflicto con la ley, en un tiro por elevación al Ministerio de Seguridad provincial que tiene a su cargo la gestión e intendencia de las secciones policiales.
La Corte nacional reconoció en un fallo “la grave situación de sobrepoblación” en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y ordenó al Poder Judicial bonaerense que tome medidas para proteger los derechos de las personas privadas de libertad. También estableció que en el sistema carcelario de la provincia hay “un problema estructural” que exige “acciones coordinadas que aseguren efectividad”.
La resolución se dictó en el marco de una apelación presentada en el año 2014 por el Consejo de Defensores Oficiales de la provincia de Buenos Aires, contra una decisión de la Corte bonaerense, que clausuró la posibilidad de exigirle la adopción de medidas efectivas que, de algún modo, mitigaran la crisis humanitaria en los ámbitos de encierro punitivo, y así eludía su responsabilidad como máximo tribunal jurisdiccional de la provincia. Ese mismo año, el exministro de Seguridad Alejandro Granados dispuso el uso de calabozos policiales para alojamiento permanente de personas, agravando aún más la crisis. En ese marco, se presentó un recurso de queja que fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el único voto en disidencia del juez Carlos Rosenkratz. Siete años después, desde la cima del poder judicial del país reabren un frente de tormenta que, por el momento, aparece controlado en la gestión de Axel Kicillof, quien en diciembre de 2019 recibió la provincia con miles de presos en huelga de hambre, sin servicio alimentario en funciones y con una sobrepoblación del 110%.
La Corte nacional ordenó que se encuentre una solución de fondo y le apuntó a los poderes de gobierno al entender que “las autoridades de los tres poderes del Estado provincial en el marco de su propio ordenamiento institucional deben actuar de manera coordinada, pero, sobre todo, efectiva, para atacar la falla institucional que específicamente opera como factor causal de la sobrepoblación carcelaria y de la degradación de la vida de los reclusos que es su directa consecuencia”.
En otro pasaje de la resolución, los jueces señalaron que una de las raíces del problema está en “la desproporción entre el ritmo de los ingresos al sistema carcelario y el ritmo con que se generan plazas disponibles con todas las condiciones mínimas cumplidas, sea por egresos definitivos o temporarios, sea por un aumento de la capacidad de alojamiento (construcción de nuevas cárceles o ampliación de las existentes)”.
“Esta circunstancia –siempre según la resolución a la que accedió Letra P– debería ser especialmente tenida en cuenta a la hora de adoptarse una decisión judicial definitiva sobre la causa, para así asegurar que todos los órganos del Estado adopten las medidas pertinentes para atacar la superpoblación carcelaria, de modo que la densidad poblacional sea compatible con el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad”.
A fines de 2019, la Corte provincial reunió a jueces y camaristas penales de toda la provincia para solicitarles que hagan un uso racional de las prisiones preventivas para comenzar a descomprimir los penales y evitar el alojamiento permanente de personas en comisarías. En octubre de ese mismo año, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires elaboró un informe y elevó 11 posibles medidas a tomar en el corto, mediano y largo plazo.
Tras conocerse la resolución de la CSJN, este medio consultó a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde respondieron que analizarán el tema una vez que les remitan el expediente. Por su parte, fuentes del Ejecutivo provincial consultadas por Letra P señalaron que la gestión seguirá “con el rumbo trazado”, en alusión a la creación de doce mil nuevas plazas en el sistema carcelario durante el mandato de Kicillof, de los que ya se generaron más de dos mil. También recordaron que está en carpeta la construcción de unidades penitenciarias y avanzar con las obras de mantenimiento en las cárceles, aunque serán receptivos de los posibles pedidos que puedan llegar desde la Corte provincial, con quien existe “un buen diálogo”.
La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, celebró la resolución de la corte federal. Mediante un comunicado, resaltó: “Este fallo pone de relieve la crisis humanitaria en la que se encuentran las personas privadas de la libertad en comisarías y cárceles provinciales, y la falta de respuestas judiciales efectivas para enfrentar esta situación de la que también son responsables”.
