La cambiante definición sobre la administración de la hidrovía Paraguay-Paraná tiene un movimiento subterráneo que parece encontrarle la vuelta para sumar una pata estatal, como presiona parte del Frente de Todos en la interna en el ministerio de Transporte, y mantener a los privados en el negocio. Un borrador de un decreto diseñado por la cartera de Transporte de la Nación, establece otorgarle la concesión del mantenimiento a la sociedad del Estado Administración General de Puertos (AGP), desde donde se tercerizaría el servicio a un privado y se controlaría el peaje para pagar por esas tareas a una operadora. Se plantea transitoriamente por 12 meses, aunque también corre la idea de mantenerlo en la licitación de fondo por 15 años.
Esta idea se viene trabajando desde febrero bajo la supervisión del fallecido exministro Mario Meoni, pero este miércoles se filtró y comenzó a girar rápidamente en los WhastsApp de funcionarios y empresarios. De ambos lados, se encuentran, una vez más, con definiciones poco prolijas que pueden responder tanto a los fuertes intereses de los actores como, sobre todo, a las diferencias dentro del oficialismo entre sectores más afines a una activa participación estatal y otros que optan por mantener el esquema vigente con retoques.
El nuevo esquema vendría a dar una solución salomónica para que todos se lleven algo: una medida presencia estatal con control del peaje y obras en manos de un privado con expertise, como hasta ahora.
La concesión del mantenimiento del sistema troncal de navegación en manos de Hidrovía SA, integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento Emepa, finalizó a principios de mayo, pero se prorrogó por 90 días el servicio para poder definir los pliegos de la nueva licitación de fondo. Se caía de maduro que ese período no iba alcanzar para encaminar el proceso licitatorio, por lo que era necesario diseñar otra salida.
Ahora trasciende este borrador con el nombre al pie de página del jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte de la Nación, Abel de Manuele, que blanquea la presencia estatal reclamada por parte del kirchnerismo, a través de la AGP, actual controlante del Puerto de Buenos Aires, para que pueda encomendar la operación del río a terceros, mediante licitaciones u otro procedimientos.
Proyecto de decreto que maneja el ministerio de Transporte para la Hidrovía
La sociedad tiene aceitados este tipo de tramitaciones al encabezar la administración del puerto porteño desde 2003, luego de haber sido privatizada en 1992. Actualmente, el interventor es José Beni, de larga trayectoria como asesor y funcionario del área de puertos y vías navegables de la Nación, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Beni es el titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Canal Magdalena”, proyecto que impulsa el kirchnerismo, con el senador Jorge Taiana a la cabeza, como canal alternativo que beneficiaria a los puertos bonaerenses. A esta iniciativa se opone el sector privado santafesino, por donde pasa el tramo central de la hidrovía y las exportaciones nacionales. También fue resistido por Transporte, hasta que cedió con una licitación.
El esquema
En principio se plantea este esquema hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación definitiva por 15 años, encomendada por el Decreto N° 949/20. Sin embargo, según supo Letra P, también está la idea de que AGP se quede en ese proceso adjudicatario. Algunos privados, con mayor desconfianza, plantean que este diseño puede abrir una ventana para una estatización profunda en el futuro.
En primer lugar, el borrador modifica el artículo 5° del Estatuto de la AGP de 1987, para habilitarla para ejecutar el mantenimiento de obras por sí o terceros. Puntualmente, incorpora este párrafo: “También podrá asumir la concesión de obras y/o la administración, prestación de todo tipo de servicios de mantenimiento, y operación de las vías navegables que se le otorguen y/o se le encomienden, realizando los actos que le corresponda ejecutar en tal carácter, por sí o a través de terceros”.
El Ministerio de Transporte confeccionará el contrato de concesión con la Sociedad del Estado, y establecerá la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema de tarifa o peaje, que percibirá AGP. En ese mismo punto sobre el peaje, abre la puerta a subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado Nacional que transitoriamente resulte necesario efectuar, algo que los puertos privados, agroexportadores y otros actores del sector rechazan.
