El presidente de Colombia, Iván Duque, fracasó en su primer intento de imponer una reforma impositiva para solventar los problemas fiscales generados por el covid-19. Las fuertes manifestaciones, una cruenta represión atribuida al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional y un número aún indefinido de muertos son el saldo momentáneo de una nueva cara nacional de una crisis estructural que se ramifica en la región. Ante el desconcierto que causa la peor pandemia del último siglo, los gobiernos intentan superar sus consecuencias, pero Colombia, por ahora, choca con la resistencia social.
La herramienta elegida por la administración conservadora de Duque fue una reforma tributaria que Alberto Carrasquilla, quien debió renunciar al Ministerio de Hacienda por cuenta de la crisis, llamó Ley de Solidaridad Sostenible. La misma buscaba recaudar 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, cerca del 2% del PBI, en base, por un lado, al aumento del IVA en productos de la canasta familiar, los combustibles y los servicios públicos y, por el otro, a la ampliación de la base impositiva del impuesto a las Ganancias. Según el oficialismo, lo ahorrado financiaría el gasto social generado por la emergencia sanitaria y costearía la deuda externa para evitar cuestionamientos a su sustentabilidad. La Casa de Nariño tenía los votos del Congreso, pero no tuvo en cuenta el rechazo de la calle.
La crisis colombiana es una pequeña escenificación de lo que ocurre en la región de dos formas simultáneas. Por un lado, el desafío gubernamental de solventar el despliegue financiero para contener las condiciones de vidas ante la contracción económica y, por el otro, el agravamiento de unas deficitarias condiciones de vida previas a la llegada del covid-19. Es por esto que la reforma fue la gota que rebalsó el vaso. Colombia vive una efervescencia social desde las movilizaciones de noviembre de 2019 y de las protestas en las que murieron al menos 13 personas, por el asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía, en septiembre de 2020. El combo explosivo ya estalló en Chile, en Ecuador, en Perú y en Paraguay y las esquirlas llegaron a Colombia.
La congresista nacional por la Alianza Verde y precandidata a presidenta en 2022, Angela María Robledo, aseguró en diálogo con Letra P que “el pueblo despertó y salió a la calle” porque “se le llenó la copa” de “hambre, desempleo, incertidumbre y desigualdad”. “Además de haber derribado la reforma en contra de la clase media y los pobres, las movilizaciones han expuesto la total debilidad de Duque”, agregó. “Este gobierno agoniza, pero hay que mirar con atención porque hay que encontrar salidas democráticas que le den certezas a este pueblo que hoy está en las calles con mucha indignación”, completó.
Como en otros puntos del continente, las protestas carecieron de destacados dirigentes y reportaron disímiles consignas. Según números oficiales, la pobreza aumentó del 35,7% al 42,5% y alcanza ya a 21 millones de personas, mientras que el desempleo cerró en marzo en 14,2%, un aumento de casi 500 mil personas de forma interanual. Asimismo, según la encuesta estatal Pulso Social hay 2,3 millones de hogares que solo comen dos veces por día y una de cada cuatro casas pasa hambre o está subalimentada.
En estas jornadas también influyó que Colombia sea, según el Índice de Desarrollo Regional de América Latina, el país más desigual de la región. Asimismo, hay reclamos por la efectiva implementación de los Acuerdos de Paz firmados por el expresidente Juan Manuel Santos y las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)en 2016 y por el cese de la violencia política que convierten al país en uno de los más inseguros del mundo.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año se reportaron 35 masacres con un saldo de 132 víctimas y fueron asesinados 59 líderes y defensores de los derechos humanos.
A pesar de que Duque retiró su propuesta tributaria, el objetivo de realizar una reforma se mantiene porque, como aseguró en su discurso, la misma “no es un capricho, es una necesidad”. La Casa de Nariño busca fondos también para costear la deuda externa, que, según el Ministerio de Hacienda, en enero trepó hasta los 156.834 millones de dólares y alcanzó el 51,8% del PBI. Esta situación puede dificultar la llegada de inversiones extranjeras, la gallina de los huevos de oro de una derecha que encuentra en ellas el mantra del desarrollo. Ante esta situación, el gobierno reaccionó y la calle también. “El país necesita una propuesta tributaria gradual y progresiva, pero no esta que presentó Duque”, aseguró Robledo en diálogo con este medio.
Si el gobierno no se da por vencido e insiste, deberá elegir entre dos caminos: el del “consenso” mencionado por Duque o el de la fuerte represión de las últimas jornadas. Según la defensoría del pueblo hay un saldo de 19 muertos, pero distintas organizaciones denuncian números mayores. Una de ellas, Temblores, reportó 1.181 casos de violencia policial, entre ellos 26 personas fallecidas, 56 denuncias por desapariciones y 9 víctimas de violencia sexual. “La violencia ha sido brutal. Me recordó a la Noche de los Lápices de la dictadura argentina porque hemos visto detenciones de cientos de jóvenes”, denunció Robledo desde Bogotá.
El referente político de Duque, el expresidente ultraderechista Álvaro Uribe, defendió el uso de la violencia en Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. No por nada es conocido como “El Matarife” y tampoco son casuales las denuncias por violación de los derechos humanos cometidas por el uribismo.
América Latina es un polvorín que esta vez explotó en Colombia. Las demandas estructurales que estallaron a raíz de la reforma impositiva ponen en jaque al uribismo reinante a nivel local y obligan a la región a pensar salidas de la crisis de forma consensuada e integrada para disminuir las amenazas de una mecha que ha dado muestras de ser demasiado corta.
