Chile no pudo llegar a la “nueva normalidad” buscada por el presidente Sebastián Piñera. La política sanitaria basada en “cuarentenas dinámicas” y focalizadas en determinados barrios fracasó y el gobierno, ante el aumento de los casos de COVID-19, tuvo que declarar el confinamiento total en la Región Metropolitana de Santiago. Chile ya es el tercer país con más contagios de la región con casi 50 mil casos y más de 500 muertes (mucho para 19 millones de habitantes) y se enfrenta a una saturación del sistema sanitario, mientras la crisis política amenaza con reanudarse.
El 3 de marzo, el país confirmó su primer caso. El 18 declaró el “estado de excepción por catástrofe”, una decisión destinada a acelerar los preparativos y que permitía restringir reuniones públicas y declarar el toque de queda y la cuarentena. Sin embargo, hasta el momento no había decretado nunca un confinamiento nacional y solo lo hizo por regiones y barrios para preservar la economía. La estrategia pareció funcionar hasta la semana, pero los controles fueron superados, los casos pasaron de menos de mil por día a más de 2.500 y el panorama cambió radicalmente.
Presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Hasta el viernes, y con altas probabilidades de que el período se extienda, Santiago y sus alrededores tendrán bajo una cuarentena total a sus casi ocho millones de habitantes, el 42% de la población nacional. Además, la preocupación por la saturación del sistema sanitario aumenta ya que más del 80% de las camas de terapia intensiva están ocupadas a nivel nacional, un registro que aumenta hasta el 94% en la Región Metropolitana.
La forma chilena de enfrentar a la pandemia fue tema de polémica con la Argentina, luego de que el presidente Alberto Fernández haya comparado ambos modelos al asegurar que Buenos Aires tenía menos contagiados que Santiago. Por el malestar generado, Piñera ordenó elaborar un informe y explicó la disparidad de casos por la gran cantidad de testeos que realiza su país. Las diferencias se profundizaron cuando Fernández les pidió a algunos líderes opositores chilenos que “vuelvan a unirse” para “poder recuperar el poder”. Fue necesaria una conversación entre ambos mandatarios para dejar de lado las rispideces y coincidir en la necesidad de trabajar de forma conjunta.
En diálogo con Letra P, el diputado nacional por el Partido Comunista Boris Barrera aseguró que la situación en Chile “cada vez es más compleja” y calificó la respuesta de Piñera como “insuficiente y mezquina”. “Se preocupó por salvar a la economía y las grandes empresas a costa de las vidas de las personas”, denunció.
En marzo, el jefe de Estado había dicho que su país estaba “mucho mejor preparado que Italia para enfrentar” la pandemia, pero el domingo en cadena nacional reconoció que eso no era así. La particularidad chilena es que el nuevo coronavirus llegó en el momento político y social más delicado de los últimos 30 años. El año pasado se registraron masivas movilizaciones que exigieron la renuncia del presidente y evidenciaron la crisis social del país, especialmente por la concentración de la riqueza y la desigualdad. La situación se moderó cuando el gobierno se comprometió a realizar un plebiscito para modificar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Estaba estipulado para el 26 de abril, pero por la pandemia hizo postergar esa fecha para el 25 de octubre.
“El momento es crítico. Las medidas mezquinas, insuficientes y a destiempo han hecho que las poblaciones más vulnerables hayan estallado nuevamente”, dijo el diputado chileno Boris Barrera.
El problema ahora es que el coronavirus ya está generando una crisis social. Esta semana se registraron protestas por comida y ayuda social en las comunas más pobres de Santiago, lo que motivó el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas. El gobierno anunció en abril un bono mensual de emergencia para casi dos millones de familias y en los últimos días afirmó que distribuirá 2,5 millones de canastas de alimentos, pero la demora en su efectivización –el bono recién se empezará a cobrar recién a fin de mes– hace más intensas las demandas. “El momento es crítico. Las medidas mezquinas, insuficientes y a destiempo han hecho que las poblaciones más vulnerables hayan estallado nuevamente”, manifestó Barrera.
La crisis preexistente amenaza con fundirse con las nuevas demandas y generar un combo explosivo muy difícil de contener. “Cuando termine la pandemia puede que haya un estallido mucho más fuerte que el del año pasado”, declaró el diputado. “La clase media, que no tenía un pasar dificultoso, ahora se ha quedado sin trabajo. A esta nueva crisis se le va a sumar gente que, tal vez, en el estallido del año pasado no estaba”, explicó.
El gobierno recibió una pequeña buena noticia: en el primer trimestre del año, la economía creció 0,4% y evitó entrar en recesión tras una caída del 2,1% en los últimos tres meses del año pasado. De todas maneras, el Banco Central espera que la contracción de 2020 sea entre el 1,5% y el 2,5% –el peor registro desde la crisis de la década del 80–, mientras que el FMI anticipa una caída del 4,5%.
Piñera le solicitó al FMI una Línea de Crédito Flexible (FCL) de 23.800 millones de dólares, creada en 2009 y destinada a países con un “muy buen desempeño”.
Además, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el desempleo ya llegó al 8,2%, lo que implica más de 800 mil personas, el número más alto desde 2010. Según estimaciones privadas podría trepar hasta el 15% y la CEPAL pronostica un aumento de la pobreza del 9,8% al 11,9% en el mejor escenario y al 13,7% en el peor.
Ante este panorama negativo de consecuencias todavía difusas, Piñera le solicitó al FMI una Línea de Crédito Flexible (FCL) de 23.800 millones de dólares. Según el organismo, el mismo está destinado a “ayudar a alcanzar los objetivos del Banco Central ante eventuales situaciones de shocks externos severos”. Se trata de una herramienta creada en 2009 que solo está destinada a países con un “muy buen desempeño” -hasta ahora la recibieron únicamente Colombia, México y Polonia-, que cumplen con “exigentes criterios de calificación” y que no obliga a tener que cumplir ni someterse a las directrices económicas del organismo.
De esta manera, el ya de por sí delicado presente chileno se complejiza. La “nueva normalidad” y la resolución de la crisis política deberán seguir esperando mientras las demandas sociales y el temor a un nuevo estallido social aumentan.