El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aprovecha la pandemia por el nuevo coronavirus y el confinamiento social para aplicar un nuevo ajuste económico. El recuerdo de los cadáveres en las calles de Guayaquil persiste y la situación empieza a ser preocupante en Quito, pero el gobierno busca captar o ahorrar cuatro mil millones de dólares a través de la venta de empresas públicas, una reforma laboral y el achicamiento del Estado. Las protestas no tardaron en volver pese a su inconveniencia sanitaria: organizaciones sociales y sindicatos se manifiestan y amenazan con un nuevo “estallido social” como el de octubre último.
Ante la pandemia de COVID-19, que por el momento dejó más de 37 mil enfermos y más de 3.200 muertos en el país, Ecuador decretó un toque de queda nacional y ahora aplica un desconfinamiento progresivo. Moreno aprovechó esta situación y anunció un paquete de siete medidas que buscan paliar el impacto presupuestario que generarán la pandemia y la caída del precio del petróleo, principal producto de exportación. “Sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país a lo largo de la historia, nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos”, dijo el presidente al asegurar que el país dejará de recibir 12.000 millones de dólares. “Es como si una familia perdiera la mitad de lo que necesita para vivir”, afirmó.
Una de las medidas apunta al precio de los combustibles, el principal detonante de las movilizaciones de octubre. El gobierno aplicará una banda para fijar los precios, que podrán fluctuar en un margen del 5% en relación con la cotización internacional del petróleo. Esta disposición, poco clara, remueve los subsidios y amenaza con producir un aumento de precios en los surtidores. Además, anunció la reducción de la jornada laboral en el sector público de ocho horas a seis –con la correspondiente reducción salarial–, la privatización de empresas estatales –entre ellas la aerolínea Tame–, el cierre de embajadas y consulados y un ajuste en el presupuesto de seguridad.
El primer intento de aplicación de un plan de ajuste en Ecuador provocó en octubre último un fuerte alzamiento popular.
Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional aprobó las leyes de apoyo humanitario y de finanzas públicas como complementos del paquete. La primera permite una reducción del 50% de la jornada laboral en el sector privado, paralela a una quita del 45% de los salarios por los próximos dos años –con la posibilidad de extenderlo otros dos–, la reducción de sueldos a través de acuerdos de partes –sin la intervención del Estado– y la posibilidad de que los empleadores decidan las vacaciones de sus trabajadores y tomen las inasistencias como vacaciones. La segunda, por su parte, establece límites al gasto público.
Liliana Durán, diputada nacional por el correísta movimiento Revolución Ciudadana y coordinadora del grupo parlamentario por los derechos de los trabajadores, dijo en diálogo con Letra P que “la ley humanitaria, del nombre no pasa” porque implica “un retroceso de 60 años para los derechos laborales” y que la de finanzas públicas implica una reducción de los presupuestos de educación y salud. “En octubre del 2019 plantearon una serie de reformas similares y ahora, aprovechándose de la emergencia, recuperan ese proyecto ya rechazado y lo aprueban”, explicó.
En tanto, la socióloga, politóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) Soledad Stoessel, especialista en ese país, se manifestó en el mismo sentido en diálogo con este medio. Según ella, las leyes son una forma de cumplir lo acordado en su momento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que “muestran un desprecio por lo público y por el rol del Estado”. “El gobierno y las cámaras empresariales aprovechan la cuarentena para avanzar en estas medidas inhumanas y funestas”, agregó.
El gobierno de Moreno asegura que estas políticas permitirán conservar los puestos de trabajo e impedir los despidos, de modo de mitigar el impacto económico de la pandemia. Sin embargo, las organizaciones sindicales, sociales y campesinas manifestaron que no permitirán la entrada en vigor de ninguna de ellas y anunciaron un plan de lucha en dos frentes: manifestaciones callejeras y presentación de pedidos de inconstitucionalidad ante la Justicia. En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), protagonista de las movilizaciones de octubre, dijo que las normas “son un golpe nefasto para la clase trabajadora” y denunció “la manera perversa en que el gobierno aprovecha la pandemia para imponer medidas neoliberales”.
Desde hace días se registran manifestaciones y el último lunes se llevó a cabo la primera jornada nacional, preludio de otras que están en camino. Con los cuidados necesarios, con barbijos y guantes, distintos sectores realizaron cortes de rutas y movilizaciones. “La gente está desesperada por llevar un pan a la mesa y están arriesgando sus vidas”, afirmó la diputada Durán. “Mucha gente dice que se muere por el COVID-19 o por el hambre y prefieren arriesgarse para comer”, señaló.
Durante la jornada de protesta se registraron algunos enfrentamientos con la Policía, por lo que el temor a un nuevo octubre es cada vez más grande. La ministra de Gobierno, Paula Romo, amenazó a los manifestantes y dijo que “el Estado puede valorar cuando sea necesario el uso de la fuerza”. En este sentido, Stoessel expresó que “se puede volver a vivir una crisis social” porque distintos sectores “ya se están movilizando para expresar el categórico hartazgo con el gobierno y los dueños del poder”.
El escenario nacional es muy parecido al de octubre porque el plan económico es similar y el rechazo es igual de fuerte. La diferencia es que ahora el país sufre las consecuencias de la pandemia, lo que agrava la situación. En octubre, Moreno intentó aplicarlo y el estallido social no se lo permitió, pero ahora vuelve a la carga y un nuevo estallido lo amenaza. Los próximos días serán determinantes para saber si logra controlarlo o si vuelve a explotar con consecuencias impredecibles.
