La denuncia contra la diputada radical Estela Regidor no parece un caso aislado dentro del interbloque de JxC. Ahora se sumó su coterránea macrista Ingrid Jetter, integrante del bloque PRO, que fue señalada por una exempleada que la acusó de apropiarse del "75% de su sueldo". El escándalo no es el único que atraviesa al partido amarillo. También se ventiló que su colega bonaerense de bancada Juan Aicega apareció en un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Banco Provincia a partir de una transferencia de 15 millones de pesos floja de papeles que es investigada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El caso de Jetter evoluciona desde principios de año, pero salió a la luz en los últimos días. Es protagonizado por Andrea Cappa Piazza, que antes de ser designada en la Cámara de Diputados se desempeñó para la municipalidad de Riachuelo. Ese distrito correntino tuvo a Jetter como intendenta en tres oportunidades desde 1997. La última vez fue entre 2013 y 2017, tras un mandato como viceintendenta. Desde ese año la jefatura comunal quedó en manos de su hermano Martín. Dos años después Ingrid fue electa como diputada nacional y, según denunció Cappa Piazza, su relación laboral comenzó en el municipio de la mano del hermano de Jetter y luego fue designada en la Cámara. También fue la secretaria general de la Fundación Pensar en la provincia. La filial correntina del think thank que armó el PRO para realizar programas de gobierno también fue presidida por Jetter hasta 2020.
"Mi intención no era estar en los medios, hice la denuncia en enero por ser víctima de chantaje, acoso laboral y violencia psicológica, pero la denuncia fue cajoneada en las oficinas administrativas", aseguró Cappa Piazza en una entrevista a Radio Nacional Santo Tomé. La nota fue realizada el mismo día que la titular del PRO, Patricia Bullrich, visitaba Corrientes para presentar su libro "Guerra sin Cuartel". Lo hizo junto a Jetter en una recorrida que incluyó una reunión con el gobernador Gustavo Valdés.
Cappa Piazza presentó una denuncia a la Dirección Observatorio de Género y Equidad. "Al principio era la intendenta y después la presidenta de la Fundación Pensar, pero luego fue diputada y me dijo que me llamó por el esfuerzo que hice y que iba a tener la categoría mas alta", señaló la denunciante. Sostuvo que con el descuento que Jetter le habría hecho de su sueldo ella "pagaba los gastos de la oficina de la fundación" y desde 2019 pasó a estar tres veces a la semana en Buenos Aires y dos en Corrientes.
"Hice click en enero cuando recibí un mensaje de su hermano que me reclamó el aguinaldo. Me dijo 'no te corresponde porque ya arreglé con la Diputada'", aseguró la denunciante, que dice haber presentado toda la documentación con tickets, resúmenes y diálogos por whatsapp ante esa área. Ante las consultas de Letra P, en la Cámara baja explicaron que no ingresó una denuncia a la Mesa de Entradas, pero no pudieron dar precisiones sobre el trámite en el Observatorio.
"No tenemos conocimiento de ninguna denuncia", contestaron desde el despacho de Jetter, aunque este medio supo que Cappa Piazza también advirtió del caso a Bullrich y al secretario General del partido, Eduardo Macchiavelli. "Es una denuncia en los medios", aseguró Bullrich en Corrientes. En el bloque de diputados del PRO, que conduce Cristian Ritondo, guardaron silencio y se mostraron cautelosos.
El caso Regidor
Se trata del segundo caso de esta naturaleza que retumba en el interbloque opositor. La semana pasada Regidor pidió licencia por 90 días luego de que se filtraran dos audios donde la legisladora le reclama la mitad del salario a sus asesores. También se puso a disposición de la Justicia. Su licencia todavía no fue puesta a consideración del recinto además pero hay una denuncia formal en su contra que será tratada por la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la entrerriana Mayda Cresto (FdT). Podría derivar en una comisión investigadora similar a la que indaga al diputado Alberto Asseff (PRO) que también fue denunciado por un exempleado por quitarle parte del sueldo.
Tal como contó Letra P, el oficialismo buscará que esos expedientes no se caigan en la Cámara como parte del tire y afloje que tienen con JxC. A las denuncias en curso se suma el caso de Aicega, que es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Banco Provincia, que activó la alarma cuando el diputado macrista hizo una transferencia bancaria por 14.629.487 pesos. Según consignó el diario Página 12 la operación fue por la ejecución de una sentencia judicial a favor de su exesposa, Érica Van Haaster, que le reclamó en tribunales la cuota alimentaria de sus hijos.
El legislador hizo sus descargos ante la UIF y el Comité de Prevención de Lavado de Dinero del BAPRO. Presentó documentación sobre un presunto pago recibido por parte de la empresa Establecimiento La China S.A. que le devolvió un préstamo. Pero Aicega es socio de la firma y ese dato aumenta las sospechas de un "autopréstamo" que sigue sin explicar el origen de los fondos.
El legislador se referencia en el extitular de la Cámara baja Emilio Monzó. Cuando el caso estalló en los medios hizo un descargo público. "No hay lavado de dinero y no hay ejecución de alimentos. Un solo dato es real: hay un depósito de dinero por ese monto. Pese a que es una cuestión privada, su publicación me condiciona a dar explicaciones, y en ese sentido, pongo en conocimiento que el depósito está justificado en operaciones lícitas, el depósito es el pago final a mi ex cónyuge por la división de bienes y nunca debí suma alguna por alimentos; mis cuatro hijos viven conmigo". Recordó que tuvo una denuncia parecida en 2018 y también advirtió que "los ROS son secretos" porque su filtración "violan el art 22 de la Ley de UIF, ya que son alertas normales y no significan ningún incumplimiento per se. Está claro que algún funcionario bancario ha incumplido con la Ley", aseguró.
Ante las consultas de este portal en su despacho no creen que el tema prospere dentro de la Cámara, más allá del interés del oficialismo por hacer foco en el caso. "No hay nada firme, ni una investigación abierta como para que escale. Simplemente fue una alerta habitual del banco. Es un tema de división de bienes y cuando hizo el depósito justificó el origen de los fondos como corresponde", aclaró una fuente cercana a Aicega. Consideraron que "es una operación política" que no saben "de dónde viene", pero insistieron que "no hay nada firme porque no hay denuncia y no no hay investigación".
