Dos meses después de la designación del exdiputado rionegrino Martín Soria como ministro de Justicia, la pelea por reformar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal se encamina a un posible desenlace que definirá su éxito o su fracaso. El proyecto que aprobó el Senado en noviembre está a un paso de contar con un dictamen de mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja. El avance fue acompañado por un amague del oficialismo para llevar el texto al recinto este miércoles, algo que finalmente no sucederá. En medio de esos tironeos, Juntos por el Cambio (JxC) tuvo un giro repentino y le reclamó al oficialismo que habilite el tratamiento del pliego del juez federal Daniel Rafecas, impulsado hace 14 meses por el presidente Alberto Fernández para reemplazar al interino Eduardo Casal, que está al frente del organismo hace tres años. El candidato a Procurador advirtió que está a un paso de retirar su postulación, pero el mandatario dijo que lo llamará para convencerlo. Como si faltaran voces en escena, Cristina Fernández de Kirchner también se metió públicamente en el debate.
El planteo de JxC se concretó pocas horas antes del arranque del plenario de este martes, previsto para las 19 y tomó un planteo que hizo la fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Repite desde el año pasado que se puede arrinconar al oficialismo por el tiempo que demoró la realización de una audiencia pública para analizar el pliego de Rafecas. Según contó este portal en junio pasado, existió un plan dentro de JxC para aportar sus votos a cambio de introducir cambios al proyecto de reforma del MPF.
El planteo de este martes no menciona esos antecedentes y tampoco a Carrió. Lleva la firma de los dos jefes del interbloque opositor en el Senado, Luis Naidenoff, y en Diputados, Mario Negri. Sucede cuando la alianza está conmovida por la decisión del exfuncionario Fabián "Pepín" Rodríguez Simón de pedir asilo político en Uruguay y anunciar desde ese país que no asistirá a una indagatoria prevista para la semana próxima en la causa que investiga la presunta "Mesa Judicial" que reportaba al entonces presidente Mauricio Macri para presionar a jueces, fiscales y arrepentidos.
Hasta el cierre de esta nota el espacio no se expidió sobre el caso. Sólo lo hizo por la controversia de la Procuración. "Fernández dijo que hablará con el juez Rafecas para hacerlo cambiar de opinión a fin de que acepte ser nombrado por la mayoría de 37 senadores, tal como lo propone el proyecto que el kirchnerismo apura en Diputados", señalaron los dos legisladores radicales. Interpretaron que "sin ningún tapujo, (el Presidente) está confesando que busca incidir sobre Rafecas, pese a que el juez afirmó ayer que es su ´convicción ética y jurídica´ no aceptar el cargo si proviene de la reducción de la mayoría calificada de dos tercios”.
Rafecas se pronunció este lunes para advertir que si avanza el proyecto tal como está, declinará su postulación. Si toma esa decisión podría desautorizar a Fernández y asestarle una derrota política en un territorio muy sensible. Luego del mensaje que difundió el magistrado, el Presidente anticipó que se comunicará con él para evitarlo. La movida también podría implicar la reactivación del pliego del magistrado ante el eventual fracaso del proyecto de reforma. De un modo u otro, el gesto del llamado y las especulaciones que desató, revelan que el planteo del juez y el avance del trámite legislativo llegaron al corazón del Frente de Todos.
La prueba la aportó la vicepresidenta, que utilizó su cuenta de Twitter para difundir una carta sobre el "estupor" que le provocó la huída de "Pepín". También se enfocó en el debate sobre la Procuración, no mencionó a Rafecas y se encargó de recordar de dónde viene Casal. "Juntos por el Cambios, desde el gobierno, armó una causa judicial contra la entonces Procuradora Alejandra Gils Carbó. La amenazaron con armar causas contra sus hijas mientras Clarín publicaba sus números telefónicos para que fueran hostigadas y atacadas", escribió la titular del Senado. CFK está convencida de que esa presión fue premeditada por la misma mesa judicial de la gestión de Macri, con "Pepín" como una pieza clave.
"De esa manera, (a Gils Carbó) la obligaron a renunciar pese a su absoluta legitimidad institucional: fue votada por 63 Senadores y Senadoras de la Nación, superando ampliamente los dos tercios requeridos (48 votos) por la ley vigente", recordó antes de apuntar a Casal, sostenido por "los mismos que intentan prolongar una situación institucional que nunca tuvo lugar en la democracia argentina", Rememoró que Casal es "un Procurador interino sin el acuerdo del Senado que prevé la ley vigente" y fue "fiscal designado sin concurso en el año 1992, durante el menemismo". La vicepresidenta agregó que "es el mismo que protege al Fiscal (Carlos) Stornelli -fiscal macrista si los hay-, en la también inédita situación de tener procesamiento confirmado en segunda instancia por delitos cometidos en el ejercicio de su función y seguir ejerciendo el cargo de fiscal".
La saga de cruces retumbará dentro de Diputados. El oficialismo cuenta con las voluntades para firmar un dictamen de mayoría, pero en las últimas horas algunos aliados ratificaron que no acompañarán el texto si llega al recinto. Diez de los once votos del lavagnismo aseguraron su rechazo y el bloque de Unidad y Equidad Federal, que encabeza el mendocino José Luis Ramón, podría aportar sólo cinco de sus seis escaños, porque el rionegrino Luis Di Giácomo se niega a respaldar el proyecto, porque critica con dureza a su coterráneo Soria. La semana pasada, el ministro recibió a Ramón para sumar su apoyo, pero no pudo con Di Giácomo. Con ese escenario, el oficialismo sólo desactivó las versiones de acelerar el tratamiento de la reforma, pero sigue en la búsqueda de los votos.
