Tras dos semanas de marchas, conflicto y violencia, el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decidió este jueves sostener la candidatura de la Copa América entre Argentina y Colombia, aunque a este último país, envuelto en una crisis seria política, monitoreará para determinar si, eventualmente, resulta necesario mudar la sede. Sin embargo, las primeras alarmas sonaron hace un mes, cuando el presidente Alberto Fernandez puso en duda a nuestro país como anfitrión, lo que sorprendió a los funcionarios de su propio gabinete que dialogan permanentemente con la entidad regional y con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El 28 de abril comenzaron en Colombia las movilizaciones contra lo que se llamó Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria que iba a afectar a la clase media y que hubiese permitido recaudar 6.300 millones de dólares. La presión social tumbó la medida, pero no la necesidad de la población de seguir con los reclamos. El gobierno del presidente Iván Duque respondió con una fuerte represión de las fuerzas de seguridad, que dejó al menos 42 muertos y 158 personas desaparecidas. El propio jefe de Estado afirmó la semana pasada que “sería absurdo no hacer la Copa América en Colombia” y también inició el diálogo con el Comité del paro, que coordina las protestas.
A mediados de abril, Fernandez sugirió que el torneo podría no hacerse en Argentina, algo que no estaba en discusión. “Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, confesó en Radio 10, en referencia a la marcha de la pandemia de coronavirus. Esos reparos causaron sorpresa en un gobierno sacudido por las tensiones de máximo nivel generadas por las diferencias en torno a la política de tarifas y subsidios a la energía y, en términos generales, por el rumbo económico de la administración del Frente de Todos.
En diciembre de 2019, apenas asumió, Fernández recibió en la Casa Rosada al presidente de la Conmebol, Alejandro Dominguez, y al titular de AFA, Claudio Tapia, para hablar de la Copa junto al diputado Sergio Massa y a Matías Lammens. El ministro de Turismo y Deporte es el vocero de Fernandez en materia deportiva y dialoga permanentemente con Dominguez, sobre todo en las últimas dos semanas, aunque cerca de él aseguran que la Conmebol no daba precisiones a la espera de la reunión de este jueves. Tapia, de buen vínculo con Massa, prefiere la comunicación con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que también monitorea el torneo que debe empezar el 11 de junio.
Curiosamente, en el Gobierno la información esta semana era variada y no todas las fuentes coincidían entre sí. Una de ellas, conultada por Letra P, aseguró que la posibilidad de que Argentina sea sede única es casi un hecho y que a la cuatro sedes confirmadas -River, Córdoba, Mendoza y Santiago del Estero-, se agregaría La Plata. Otro dirigente afirmaba que el país podía hacer el torneo solo “de taquito”, en tanto un tercer funcionario, más cauto, dijo que había que esperar al jueves, sobre todo porque, si Colombia no era ratificada, Uruguay corría con ventaja para ser el co-organizador. Tampoco faltan quienes señalan que la capital paraguaya siempre es una opción. La variedad de posibilidades también radica en que la evolución del conflicto es día a día y nadie se anima a aventurar una definición todavía.
En Asunción, las autoridades del fútbol sudamericano siempre se mantuvieron expectantes, aunque a este portal le ratificaron que la sede colombiana “estaba firme” y que el gobierno de ese país ofrecía "las garantías de seguridad para que se jugara”. La Conmebol, a pesar de ser dueña del torneo, no se ha pronunciado públicamente sobre lo que sucede en el país cafetero, a la espera de que baje la tensión. Un cambio de sede sería el tercero en cuatro años tras la final de la Copa Libertadores que se movió a Madrid en 2018 por el ataque al micro de Boca antes del superclásico; a la de 2019, que fue a Lima por el estallido social en Chile, todo sumado a la suspensión del fútbol del año pasado por la pandemia. Tras la ratificación de Colombia, la Conmebol aseguró que va a “estar encima para todos los detalles sociales y de la pandemia" y advirtió que "hay un plan B”.
Las primeras sospechas importantes de que la Copa América podía perder a uno de sus organizadores se dio la semana pasada, cuando River, Argentinos Jrs. y Lanús jugaron contra Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y La Equidad en Paraguay, cuando debieron haberlo hecho en Armenia y Pereira. Esta semana, el millonario jugó con Junior en Barranquilla mientras afuera del estadio se sucedían serios incidentes con tiros, corridas y gases lacrimógenos. Esa ciudad es una de las cuatros sedes del torneo y en las otras tres -Bogotá, Cali y Medellín- por ahora no reciben partidos internacionales por las protestas.
Alberto Fernandez había tuiteado su preocupación por “la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia” y lo cerró instando al gobierno de Duque a que “cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”. Ante esas expresiones, la cancillería colombiana emitió un comunicado en el que rechazó lo dicho por el presidente argentino y aseguró que en su país había Estado de Derecho. No existen conversaciones a nivel diplomático y el ministro de Relaciones Argentino, Felipe Solá, no participa de ningún diálogo relacionado con el torneo, menos, en una semana que lo tuvo de gira por Europa.
Vacunas para no Todos
La otra cuestión no resuelta son las vacunas del laboratorio chino Sinovac, que el gobierno uruguayo consiguió para los equipos de Primera División del continente y los seleccionados. Las 50.000 dosis que gestionó Luis Lacalle Pou llegaron la semana pasada a Montevideo y una partida fue llevada a Asunción, las dos ciudades donde comenzaron a aplicarse. Esa marca se aplica en seis de los diez países sudamericano, pero no en Argentina. River, Argentinos y Lanús tuvieron la chance de vacunarse la semana pasada en Paraguay, pero sus dirigentes, según confesó uno de ellos a Letra P, decidieron no hacerlo para no chocar con el gobierno argentino.
La gestión uruguaya fue clave, además, para que confirmaran al estadio Centenario como sede las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, a pesar de que no lo habían postulado para este año, sino para 2022. Una fuente en Asunción aseguró que Montevideo “garantiza salud en noviembre como ningún otro en Sudamérica, sobre todo para el público”. El tema esconde otra de las negociaciones que siguen abiertas para la Copa América: la presencia de al menos 30% de espectadores en las tribunas.
