A casi un año del fallido anuncio de intervención, el futuro de la agroexportadora Vicentin sigue en veremos. Sin fecha para la asamblea que tratará el balance 2020, ahora la empresa se enfrenta a una pesquisa de auditores forenses que hurgarán entre los mails de accionistas y directores. Mientras tanto, la búsqueda de inversores a través del banco estadounidense Maxim Group no logró "propuestas aceptables", haciendo fenecer la que hasta aquí venía siendo la principal estrategia de la compañía.
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Fabián Lorenzini, el juez a cargo de la convocatoria de acreedores, rechazó el viernes pasado un pedido de la concursada para detener el rastreo de documentos electrónicos por parte de los investigadores. El magistrado negó el pedido "por extemporáneo e infundado” y dio así luz verde para que continúe el proceso en el que se pretende encontrar información que permita explicar la crisis de la agroexportadora.
El fallo viene a ratificar el accionar del cuerpo de auditores forenses, que hasta aquí vienen teniendo una dura posición hacia la agroexportadora, a contrapelo de la postura de los síndicos, que acompañaron las decisiones empresarias y hasta hicieron suyos los argumentos de los accionistas para explicar su crisis. A cargo de la pesquisa están el estudio porteño Arnaud Iribarne y Asociados y la internacional Deloitte, junto con la firma Abelovich, Polano y Asoc. SRL Nexia.
En total, son 255.660 los documentos electrónicos que procesarán los investigadores, incorporados a la causa tras un pedido de los principales acreedores ejecutado a mediados del año pasado, en el que dijeron cansarse de las explicaciones "genéricas y vagas" de la empresa. En su momento Lorenzini dio el visto bueno a la iniciativa, lo que motivó el encono de Vicentin, que consideró que sus decisiones convertían a la causa en "una aventura inquisitoria", más propia de una quiebra.
Más allá de los cruces altisonantes, lo cierto es que hasta aquí los auditores fueron los únicos que, papeles en mano, lograron ir un poco más allá de las denuncias mediáticas. En los informes presentados al juez, expusieron la mecánica por la que Vicentin ocultó sus pasivos en los últimos tres ejercicios, al no incluir la deuda por la compraventa de granos con precio a fijar.
Los abogados de la agroexportadora habían pedido a Lorenzini detener la carga de documentos y correos electrónicos a un espacio virtual creado a tal efecto, argumentando que la información podría estar amparada por el secreto industrial o tratarse de información privilegiada. Sin embargo, el recurso chocó contra la voluntad del juez, quien entendió que “el decreto atacado se enmarca dentro de un proceso mayor y detallado oportunamente, correspondiente al plan de trabajo de la Auditoría Forense, aprobado mediante resolución de fecha 16/10/2020, donde ya se preveía la recolección de documentos y correos electrónicos”.
En otra resolución dictada recientemente, el magistrado convocó a nueva audiencia para seguir de cerca la evolución del concurso, que tendrá lugar de forma virtual el próximo 27 de mayo. Entre otros aspectos le preocupa que no tenga fecha firme la convocatoria a la asamblea que tratará el balance 2020, que originalmente se iba a realizar a finales de abril pero se suspendió por las restricciones impuestas por la pandemia.
Los estados contables del último ejercicio (que contempla el período en el que exteriorizó la crisis) indican que la pérdida ascendió a 15.194 millones de pesos, resultando un patrimonio neto negativo de 39.325 millones de pesos.
Sin acuerdo en Nueva York
La otra novedad relevante en el futuro de Vicentin es la caída en saco roto de la que hasta aquí fue la principal estrategia pública de los accionistas. Se trata del contrato de asesoramiento financiero con el banco de inversión Maxim Group, anunciado en octubre de 2020 en el marco de una serie de “señales al mercado” que incluyeron el recambio del histórico directorio.
Según prometió oportunamente la empresa, el vínculo le permitiría recibir asesoramiento en el proceso de reestructuración, que incluiría el desembarco de nuevos inversores y la generación de un plan de negocios que permita "recuperar la senda de desarrollo", tal las palabras utilizadas en el comunicado oficial.
La semana pasada, el interventor Andrés Shocron presentó un informe en el que abordó diversos puntos sobre la actualidad de la concursada. En ese marco, anotició al juez que “las gestiones de Maxim Group se encuentran concluidas y sin propuestas aceptables por los accionistas de la empresa”.
Vicentin tiene hasta septiembre para lograr el acuerdo preventivo que le permita salir con éxito de la convocatoria. En ese marco, la firma viene insistiendo desde principios de año en la conformación de un comité de reestructuración de deuda, en el que quiere sumar a sus principales acreedores, fundamentalmente los bancos extranjeros. Fuentes del caso aseguran que la semana próxima podría haber novedades sobre la iniciativa, en función de una reunión convocada para el lunes 17.
Esta semana, en tanto, la Justicia santafesina definirá si la investigación penal por estafa serán juzgadas por magistrados rosarinos (tal como quiere la fiscalía) o de Reconquista (como pide la defensa). En caso de avanzar por la primera opción, existen fuertes indicios sobre la posibilidad de que durante el actual mes en curso se realicen las primeras imputaciones.
