Sin margen fiscal y con la premisa de que la economía no se detenga, el Gobierno encarará la segunda ola de la pandemia con ayudas focalizadas y puntuales para los sectores más perjudicados por la crisis, pero sin programas masivos como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el pago de sueldos del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). El Ministerio de Desarrollo Social contiene con asistencia a los sectores más postergados, mientras que las empresas de los sectores críticos tendrían más facilidades para acceder al Repro del Ministerio de Trabajo, que paga una porción menor de los salarios. El Ministerio de Desarrollo Productivo, en tanto, desplegará una mayor batería de controles para evitar desabastecimientos y combatir la suba de precios.
El Gabinete Económico afinaba este mediodía algo que adelantó el jueves el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en varias entrevistas: la ampliación del Repro 2, que colabora en el pago de salarios a las compañías de los rubros gastronómico (hasta $12.000), de turismo (hasta $16.000) y de la cultura (hasta $18.000). En febrero, el programa destinó poco más de $4000 millones a pagar una parte de los sueldos de 300.795 trabajadores de 9225 empresas. Casi la mitad del dinero fue a empresas de la salud, que ingresaron luego de que el Gobierno postergara el aumento de las cuotas de las prepagas.
En el Palacio de Hacienda repiten que no hay espacio para mucho más. La semana pasada, en una entrevista con CNN, el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió esa restricción: "Hoy estamos con capacidades distintas para lidiar con la situación pura de la salud. Por supuesto que, desde el punto de vista económico, buena parte de ese margen ya se utilizó. Hoy la economía no podría soportar un cierre total, una cuarentena estricta del tipo Fase 1 como aquella que se implementó en marzo de 2020, pero esa no es la idea”, dijo.
Guzmán sostiene que las restricciones definidas esta semana apuntan a bajar la circulación, pero que garantizan la realización de actividades productivas. Entonces, considera que programas como el IFE o el ATP no serían necesarios y que las ayudas deberán ocurrir en los márgenes. Guzmán hace equilibrio entre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación social y las tensiones internas. La consultora EcoGo asumió en su último informe que las restricciones obligarán a desplegar un gasto mayor y que el déficit de 2021 será del 3,5%, un punto menor al previsto en el Presupuesto pero mayor al 3% estimado hasta el mes pasado.
Los movimientos sociales aliados al Gobierno reclaman con dramatismo. "La situación está muy difícil en los barrios. Los números que dio el INDEC son los datos fríos de una situación aún más cruda. El año pasado dijimos, y aún sostenemos, que fue un error haber sacado el IFE", dijo a Letra P Juan Carlos Alderete, diputado del Frente de Todos y líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). "La situación actual amerita un nuevo IFE. Está claro que la sábana es corta y mucho más con la deuda-estafa que Macri y el FMI nos dejaron a los argentinos. En estas condiciones es imposible pagar la deuda, ¡tenemos 19 millones de pobres y el 60% de los pibes y pibas en la pobreza!", agregó.
Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Productivo, tiene como principal tarea la contención. En silencio, aumentó en menos de un semestre casi 50% la cantidad de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que paga medio salario mínimo a cambio de alguna tarea a tiempo parcial o capacitación y permite a las empresas tomar a los trabajadores si complementan la remuneración. En octubre, el Potenciar Trabajo comenzó como una fusión de planes anteriores con 570.000 personas, bajo administración de movimientos y organizaciones sociales. A marzo, contabilizaba 850.000. El funcionario dijo a América TV que implementarán un refuerzo del 43% en el dinero que reciben los comedores a los que recurren a diario 10 millones de personas. A comienzos de año, el monto de la tarjeta Alimentar que cubre a 1,5 millón de familias subió 50%. "Si bien empezó a haber un poco más de changas, hay gente que sigue yendo a comedores porque no le alcanza lo que gana por el precio de los alimentos", dijo Arroyo.
Según un relevamiento del Instituto de Investigación Social, Económico y de Política Ciudadana (Isepci), los precios de la canasta básica saltaron en marzo 5,18%, medidos en 20 comercios de cercanía del conurbano. Es la suba más alta desde noviembre, a pesar de las reuniones para contener precios. Es un indicador al que Arroyo le presta atención, porque muestra que los controles que rigen en los grandes supermercados no llegan a los barrios. La carne trepó en marzo 6,9% y los productos de almacén, 7,8%. "La inflación nos preocupa mucho y planeamos acciones concretas", le dijo el presidente Alberto Fernández a El Destape Radio.
Mientras tanto, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas refuerza controles a empresas. La resolución 330 de la Secretaría de Comercio Interior de este viernes intima a unas 1000 grandes compañías a producir al máximo de sus capacidades para evitar el desabastecimiento. Es una ampliación de la resolución 100, que creó Precios Máximos y conminó a las compañías alimenticias a no frenar la actividad. Ahora se incluyeron a fabricantes de insumos, materiales de construcción, medicamentos y electrónicos. "La Secretaría de Comercio Interior tomó esta medida luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria", indicó la dependencia de Paula Español. A pesar de los mayores controles, la inflación volvería a tocar el 4% en marzo y seguiría alta en abril.