Mientras se toma su tiempo para definir quién ocupará el lugar que dejó vacante Mario Meoni al frente del ministerio de Transporte, el Gobierno tiene que resolver contrarreloj otra cuestión clave que agita las aguas en esa cartera y que repercute en un punto clave de la economía. El flujo de divisas que se genera a través de las exportaciones fluye en su mayoría a través de la hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vence en 48 horas. Las internas políticas y las demoras burocráticas impidieron que para esta fecha estuviera definido el nuevo adjudicatario. La salida que encontró el Ejecutivo para contener la demanda empresaria y sindical, mientras elabora el nuevo pliego licitatorio, fue extender provisoriamente la habilitación de los actuales concesionarios. El trágico desenlace del exministro agrega ahora una nueva incógnita a esta historia que lleva meses.
A escasos dos días de que expire la concesión de la hidrovía que está en manos de la operadora integrada por el grupo belga Jan de Nul y la local Emepa, la administración de Alberto Fernández aún no ha definido cómo se garantizarán las condiciones de navegabilidad y quién se encargará de las obras de dragado y balizamiento a partir del próximo sábado.
A principios de abril, Meoni había logrado el visto bueno de la Casa Rosada para avanzar con una prórroga temporaria a la actual operadora hasta que se haga cargo el nuevo concesionario de la hidrovía, que surgirá de una licitación internacional prevista a partir de julio.
Las demoras administrativas que tuvo el expediente en la Jefatura de Gabinete y el trágico accidente automovilístico del viernes pasado que le costó la vida al exministro postergaron más de la cuenta la oficialización de la prórroga en juego para la principal vía navegable del país.
Mientras corre el tiempo, puertas adentro del Gobierno persisten dos posturas acerca de cómo debería instrumentarse esa medida.
Por un lado, están quienes sostienen que la extensión contractual para la empresa Hidrovía SA debería salir por decreto, para evitar mayores reparos y eventuales reclamos en la Justicia de las filas kirchneristas que impulsan la estatización del dragado y balizamiento.
En otros despachos oficiales, consideran que la cartera de Transporte está habilitada para conceder la prórroga por medio de una resolución. Se basan en que el decreto 949/20 -por el cual se aprobó la convocatoria a una nueva licitación- le ha delegado al ministerio las facultades necesarias para adoptar las medidas que considere convenientes a los fines de garantizar la continuidad de la navegación en la hidrovía.
Si se aplica esta variante, el que ahora tendría que ponerle el gancho a la prórroga es el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a quien Fernández le acaba de encomendar este miércoles "en forma transitoria la firma y la atención del despacho del Ministerio de Transporte". De esa manera, el exintendente de San Martín haría su debut como timonel temporario de Transporte con una medida política y económica relevante que no estará exenta de polémicas y cuestionamientos internos, al habilitar la prórroga de una concesión que ya acumula 25 años.
Fuera del Gobierno, hay quienes plantean que podría darse un tercer escenario, teniendo en cuenta lo impredecible de la dinámica que impera en la actual administración. Escépticos, hay quienes sostienen que una alternativa es que se llegue al sábado sin ninguna definición oficial. En este caso, la actual debería continuar con su tarea y presentar un planteo de “declaración de certeza” para que las autoridades definan su situación.
