El paquete de plata con el que el Gobierno espera mitigar el impacto económico de las nuevas restricciones a la circulación y la actividad alcanza, por el momento, unos 45.000 millones de pesos. Puede compararse con las tres rondas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que volcaron $90.000 millones cada dos meses a 9 millones de personas más postergadas. O con las siete vueltas de ATP, la Asistencia al Trabajo y la Producción, que totalizaron casi $330.000 millones. Con fábricas abiertas y comercios restringidos pero sin persianas bajas el Ejecutivo busca que la manta corta alcance para abrigar a los sectores críticos en un periodo corto de tiempo, mientras tensiona el vínculo con las empresas con más controles de precios y el anuncio de nuevas inspecciones.
El presidente Alberto Fernández anunció este jueves temprano que pagarán 15.000 pesos extra a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y monotributistas A y B que perciban asignaciones familiares. Son, dijo unos 2,7 millones de beneficiarios en el área metropolitana. A ellos, el Gobierno volcará $40.500 millones. La cuenta puede ampliarse, pero depende de los gobernadores: los que adhieran a las medidas más restrictivas impuestas por la Nación para el área metropolitana tendrán el dinero extra para los habitantes de sus distritos. "Las provincias deben adherir. Si no adhieren, no hay ayuda porque siguen trabajando por decisión de su gobernador", indicaron fuentes oficiales.
Ese alivio directo a las familias más postergadas se complementa con la ampliación de los Repro 2, las ayudas para el pago de salarios de sectores críticos, como la gastronomía, el turismo, la salud y la cultura. La semana pasada, el Gobierno elevó 20%, a $18.000, el monto máximo al que pueden acceder las empresas para complementar cada salario. En febrero, los Repro 2 pagaron parte de los sueldos de 300.795 trabajadores. Si se repite esa cifra -que puede subir- y todos perciben los $18.000, el Estado destinará 5414 millones a las actividades más afectadas por la pandemia. El Repro 2 no contempla a los shoppings del área metropolitana, que cerrarán por 15 días. El Ejecutivo no informó medidas adicionales para sostener los ingresos de comercios no críticos y empleados de esos espacios cerrados. Si en diciembre la última ronda de ATP alcanzó a 33.000 empresas, en febrero había 9925 firmas con ayuda nacional para salarios.
Como contó Letra P, el combo de palo y zanahoria para afrontar lo peor de la segunda ola incluía poca plata y más controles, en un intento desesperado de contener la inflación que, como adelantó desde Roma el ministro de Economía Martín Guzmán, será la más alta del (o en lo que va del) año y superará el 4%. La ayuda focalizada se complementa con una ampliación en la cantidad de personas que reciben las becas Progresar y las incluidas en el Potenciar Trabajo. Y con la actualización del monto de la tarjeta Alimentar (50% a partir de enero) y del dinero que baja a los comedores populares (este mes). En paralelo, Jefatura de Gabinete instruyó este miércoles a inspectores de la AFIP para que salgan a controlar el cumplimiento del programa de Precios Máximos en supermercados y comercios de cercanía, donde los precios tienen vida propia. La secretaría de Comercio, Paula Español, adelantó que contratarán entre 300 y 500 inspectores más.
Las empresas ya no disimulan el enojo. Luego de que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) publicara dos quejas en cinco días contra los controles de precios y la obligación de informar stocks, ventas y costos, la Unión Industrial Argentina (UIA) retomó el reclamo este martes, en una reunión de una hora y media con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. La UIA sostuvo que "la implementación del SIPRE (el sistema de información de precios y stocks) genera superposiciones con herramientas ya existentes tales como las leyes de defensa de la competencia, de defensa del consumidor y de lealtad comercial". Además, "manifestó la preocupación por la intimación a las industrias para que produzcan al 100% de la capacidad instalada sin contemplar las realidades y restricciones productivas, así como los niveles reales de demanda externa e interna en el actual contexto". Vía zoom, Kulfas cruzó al vicepresidente de la UIA y titular de la Coordinadora de industrias alimenticias (Copal) Daniel Funes de Rioja, el principal vocero contra los controles. "Sabés que la ley de abastecimiento es constitucional, lo reconociste en el pasado, dijiste que en determinadas oportunidades es bueno aplicarla. Ustedes lo único que saben hacer es aumentar los precios y violar los acuerdos", replicó Kulfas.
Los empresarios también remarcan, cada vez que pueden, la importancia de vacunar cuanto antes a sus dotaciones de personal. Multinacionales iniciaron gestiones para traer vacunas, aunque sin resultados. El Gobierno se debate entre dejarlos hacer o seguir priorizando el abastecimiento escaso de las dosis para las personas de riesgo.
En medio de esta tirantez, el chat de ceos "Nuestra Voz" se reactivó con un mensaje al que suscribieron algunos de sus integrantes con el hashtag #nocierrenlasescuelas: "Las escuelas no son focos de contagio. Alumnos sin clases generará más pobreza y menos futuro".
