"El tiempo se acorta, el margen de maniobra de las empresas y el retail es escaso, los niveles de sostenibilidad económica son mínimos, los argumentos sobre la política de administración del comercio son irracionales, la contradicción es manifiesta, la previsibilidad es nula, y la competitividad es una quimera". A Amcham, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, se le acabó la paciencia. Con esos duros términos, la entidad que agrupa a grandes multinacionales entregó a la prensa su segunda comunicación contra el congelamiento de precios en cinco días, mientras el Gobierno y compañías de consumo masivo afinaron la renovación de Precios Cuidados. Si bien el Gobierno hablaba de subas marginales, las empresas acordaron incrementos del 5% promedio que llegan hasta 8 y 10,5% en productos sensibles para la economía familiar como la leche y el aceite.
Amcham y la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) son las dos entidades que se oponen con más fervor a la regulación de precios, stocks y costos que intenta desplegar el Ministerio de Desarrollo Productivo a través de la Secretaría de Comercio Interior. Este lunes, Amcham relató que hay "empresas con hasta el 30% de sus productos con rentabilidad negativa". Y agregó que los márgenes operativos se redujeron hasta 36%, entre el aumento de costos y la imposibilidad de trasladarlos a precios. "La disyuntiva no es la de trabajar a pérdida o quedar en infracción, la pregunta es hasta cuándo podrá sostenerse esta situación", indicó.
El viernes, en declaraciones a Radio Con Vos, la secretaria de Comercio, Paula Español, reconoció que los costos de las empresas aumentaron, pero los puso en un contexto en el que todos pierden. "No es que no somos conscientes de que han habido aumentos de costos. El resto del mundo perdió y las empresas también. Los márgenes se tienen que recuperar en base a vender más y en base a la recuperación del salario real", afirmó la funcionaria. En el Gobierno recuerdan, para matizar el impacto en la rentabilidad de las empresas, el "colchón" de precios que hicieron grandes compañías al remarcar entre octubre y diciembre de 2019, durante la transición presidencial.
También adelantó que Precios Cuidados se renovaría con pocos aumentos. "En la mayoría de los productos no va a haber aumento de precios", dijo Español. Indicó que se reconocerán, en algunos casos, incrementos que se correspondan con aumentos en los costos. "Pero no se trata de un aumento en la mayoría de los precios", enfatizó.
Las grandes empresas de consumo masivo, en tanto, esperaban la confirmación oficial y confiaban en un incremento promedio de entre 4% y 5%, según dos multinacionales consultadas. Este lunes, la nueva lista de precios estaba publicada en la web oficial. Una comparación rápida arrojó que el Gobierno validó una suba del 7% para la leche en sachet y del 8% para la versión larga vida. También, incrementos del 10,5% para el aceite y del 9% para la yerba y el arroz. Los fideos, en tanto, subieron menos de 4%.
Las compañías relataron que el stock de productos se mantuvo prácticamente sin cambios, contra la voluntad que había manifestado Español a comienzos de año de aumentar de manera progresiva el surtido de Precios Cuidados. Ese 5% de incremento promedio contrasta con "costos que nos aumentaron a dos dígitos, con la inflación del trimestre del 12%", indicaron en una de las empresas.
En las últimas semanas, distintos regímenes informativos de carácter obligatorio tensaron la relación entre los empresarios y los funcionarios. Por estos días, las grandes empresas deberán aportar la información de unidades vendidas, precios, costos y stocks que Comercio Interior pidió al implementar el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Copal recurrió con un recurso administrativo la medida, pero en los hechos es información que las alimenticias ya entregaban al Gobierno por la resolución 100 de Precios Máximos. Esa norma también las obligaba a fabricar al máximo de la capacidad para evitar desabastecimiento, algo que, este viernes, se amplificó a otros sectores con la resolución 330. Otro régimen que causó revuelo fue el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (SIFIRE), con el que el Gobierno busca cortar uno de los recursos de las empresas para eludir el congelamiento: la salida al mercado de productos "nuevos" pero prácticamente idénticos a otros en circulación y con precios regulados.
Este tipo de medidas "no solo intensifica la carga burocrática de las empresas, asignando recursos a sectores improductivos, sino que se ha demostrado su ineficiencia para solucionar los problemas de fondo", se quejó Amcham. "¿Por qué no empezamos a pensar en mecanismos de análisis vertical de la cadena de valor, partiendo desde los insumos primarios hasta el precio del producto en la mesa de los argentinos? Quizás si las autoridades analizan la cadena en detalle podríamos encontrar los problemas reales: costos elevados de logística y distribución, carga impositiva creciente e insostenible, ineficiencias o falta de interés político en la aplicación de mecanismos de control de las operaciones informales, costos incrementales relacionados con la pandemia, entre otros", cuestionó el ente empresario.
