En un nuevo episodio de la serie de críticas y señalamientos al Poder Judicial que el Gobierno inauguró la semana pasada, el presidente Alberto Fernández sostuvo que la reacción estatal es "lenta o no existe" en los casos de violencia de género y tomó este ejemplo para justificar su objetivo de "cambiar la justicia" para que "no existan más Úrsulas ni Micaelas", al encabezar el acto oficial por el Día de la Mujer.
El Presidente volvió a machacar sobre el deficiente funcionamiento de la Justicia nuevamente en un marco institucional de porte, luego de su discurso ante la Asamblea Legislativa. Esta vez fue durante la rúbrica del "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género" con los y las responsables de las 24 jurisdicciones del país en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.
Escoltado en el estrado por el ministro del Interior Eduardo de Pedro y la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, Fernández pidió que "este día sea un día de respuestas" y señaló que, "del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los genocidas" lo hagamos para "poner fin a la desigualdad en cuestión de género".
"Insisto en hablar de la Justicia para que no existan más Úrsulas ni Micaelas. Para eso uno quiere también cambiar la Justicia", subrayó Fernández y dijo que "hablando con los padres de Úrsula es muy difícil poder explicarles lo que pasó. Esas cosas pasan porque la reacción estatal es lenta o no existe. Ahí tenemos una enorme responsabilidad nosotros, los que gobernamos este país".
La referencia a dos casos de enorme repercusión social, los de Úrsula Bahillo y Micaela García, víctima de femicidio que da nombre a la Ley Micaela, se inscriben en la decisión coordinada del Gobierno de apuntarle a la Justicia por la violencia de género, un tema que genera consenso en la mayoría de la sociedad.
Este cuestionamiento se suma al pedido del Presidente en el inicio de sesiones del Congreso para que se apruebe la reforma judicial sancionada por el Senado, y la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, o el anuncio de un conjunto de proyectos sobre recurso extraordinario ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.
El compromiso acordado es integrar el Consejo Federal para la prevención y el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios; a adherir al Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE) y al Sistema Integrado de casos de violencia por motivos de género (SICVG), y a jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y municipales.
Con la hasta ahora ministra de Justicia Marcela Losardo, el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en primera fila, el Presidente manifestó que se buscará "promover una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género en el Poder Judicial de cada provincia".
La iniciativa presentada hoy busca que el trabajo se realice de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, articulando recursos, políticas y acciones en el marco del Plan Nacional de Acción contra la violencia por motivos de género 2020-2022 en un dirección que el Gobierno impulsa también con la asignación de un monto total de 1,3 billón para las áreas que llevan adelante políticas de género a través de programas destinados a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y personas LGTBI+, junto con acciones orientadas a disminuir las brechas de desigualdad.
Además, busca fortalecer los espacios de formación y capacitación en perspectiva de género para las fuerzas policiales y generar mecanismos que faciliten la realización de denuncias en casos que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad". Asimismo el compromiso es a "garantizar que los establecimientos de salud cuenten con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia de género".
En lo concreto esto implica que este presupuesto nacional contempló gastos por un monto estimado en ocho billones de pesos y las partidas destinadas a políticas de género representan el 15,2% del total, por un monto equivalente al 3,4% del Producto Bruto Interno (PBI).