Luego de la represión que la Policía de Formosa ejerció hacia manifestantes que protestaban contra el regreso a la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las principales figuras de Juntos por el Cambio salieron en bloque a condenar el accionar represivo y amplificar las luces de las acusaciones hacia la Casa Rosada, tributando así al calentamiento nacional de la grieta.
Una de las primeras en conectar al Ejecutivo nacional con la represión del gobierno formoseño de Gildo Insfrán fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, " Insfrán es el modelo de tirano que avala el presidente”, dijo en las redes para anunciar que este domingo viajará junto al diputado Waldo Wolff a esa provincia para "acompañar el reclamo de los formoseños que quieren trabajar".
Por su parte, el diputado radical Mario Negri, expresó: "¡Presidente Alberto Fernández, dígale a su amigo Insfrán que deje de reprimir a los formoseños!". Con esa tónica, fue el senador nacional por Formosa y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff: "Insto a Insfrán a detener la represión y al Gobierno nacional a que termine con la complicidad y garantice los derechos humanos fundamentales en Formosa”.
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La Coalición Cívica (CC), en tanto, emitió un comunicado en el que denunció que en Formosa existe "violación sistemática a los derechos humanos, el no funcionamiento de los poderes y la restricción de las libertades", por lo que solicitó "la inmediata renuncia del gobernador, Gildo Insfrán, y el secretario de Derechos Humanos de la Nación", Horacio Pietragalla.
La fuerza fundada por Elisa Carrió también remarcó que insistirá "con la intervención federal de los poderes Ejecutivo y Judicial de la provincia de Formosa" y exigió "el cese de toda represión y la inmediata liberación de los trabajadores de prensa y detenidos".
Además, la CC solicitará "la interpelación de la ministra de Justicia y Derechos Humanos", Marcela Losardo, "y del ministro del Interior", Eduardo de Pedro.
Por otro lado, el diputado de Juntos por el Cambio Wolff también se refirió a los incidentes a través de Twitter, donde hizo "responsables al Gobierno nacional y provincial por la seguridad de los manifestantes" y agregó: "El país los mira y no vamos a permitir represión. Iremos los que tengamos que hacerlo a protegerlos del régimen".
A su turno, su compañera de bancada Mariana Zuvic también apuntó al Presidente y acusó: "Usted es responsable y cómplice de los hechos que en este momento se suscitan en Formosa. Entregó al pueblo a las garras del criminal de su amigo Insfrán. Al convalidar las aberrantes violaciones a los derechos humanos y al no intervenir la provincia".
Desde el oficialismo, la Secretaría de Derechos Humanos al mando de Horacio Pietragalla repudió "la violencia ejercida por integrantes de la policía provincial de Formosa sobre los manifestantes que se concentraron frente a la Gobernación".
Pero condenó “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el gobierno provincial, el constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales para hacer frente a la pandemia , el uso político que algunos sectores de la oposición hacen de estos hechos, y la violencia desmedida de algunos manifestantes —que hoy incluso intentaron ingresar a la Casa de Gobierno provincial—“.
Aunque aseguró que todo esos aspectos “no justifican el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta”. Y dijo que “el gobierno de Formosa se comprometió a iniciar investigaciones acerca del uso desmedido de la fuerza por efectivos de la policía provincial”.
Esas declaraciones del funcionario nacional no tardaron en ser cruzadas por la oposición: “Pietragalla en vez de ocuparse de los formoseños a quienes le violan sus derechos, se ocupa del mensaje para la militancia. Qué vergüenza son!", dijo la diputada nacional radical Karina Banfi.
Ante ese escenario, la UCR Nacional fue en línea con sus socios de JxC: “La situación en la provincia de Formosa es gravísima, antidemocrática y violatoria de la libertad y los derechos humanos. El gobernador Insfrán es responsable por acción y el presidente Alberto Fernández por omisión y complicidad”.