El extitular de Asuntos Internos (AI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Guillermo Berra y a su pareja Rosario Sardiña deberán llevar su defensa a debate oral ya que la justicia Penal de La Plata elevó la causa a juicio, al no hacer lugar a las nulidades planteadas por los procesados y conformar la investigación. Uno de los acusados pidió que se amplíe la investigación al extitular del ministerio de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, uno de los coroneles políticos de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Ambos están acusados por los delitos de abuso de autoridad y peculado, al considerar que desde AI obtuvieron “información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial”.
Según se consigna en la causa, ambos, para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio y en otros, de terceros.
Se sospecha que la información era utilizada luego para perseguir a dirigentes gremiales, políticos y sociales opositores a Juntos por el Cambio (JxC). En la lista de espiados aparecen personas físicas y jurídicas, como los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Ishii (José C. Paz); el exjefe comunal de Berazategui Juan Patricio Mussi; la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Escribanos, las cámaras de Diputados y Senadores bonaerense, la AFIP, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y los municipios de Lincoln y Tres Arroyos. También figuran en la lista las empresas Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A. (propiedad de Néstor Otero, dueño de TEBA, terminal de Retiro y estación de Once, entre otras), Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad y Banco Santander Río S.A, entre otros.
CONTRAGOLPE. Berra solicitó que se amplíe la investigación por presunto espionaje ilegal a su superior jerárquico Ritondo. Luego de un allanamiento realizado en las oficinas de AI donde se secuestraron documentos que dan cuenta de investigaciones patrimoniales mediante el uso de bases de datos privadas, sin órdenes judiciales que las avalen.
Se trata de más de 40 mil consultas al sistema Nosis, que fue contratado por Ritondo para AI, Narcotráfico e Inteligencia Criminal. La contratación del servicio de datos privados lleva la firma del exministro de Seguridad. La defensa sostiene que si el criterio de la fiscal fue el uso de esas bases de datos, se debe ampliar la investigación a quien avaló la contratación de esa herramienta.
La solicitud lleva también anexa un documento que revela el proceso de compra. Así, queda explícito que los pedidos fueron direccionados a tres dependencias: inteligencia criminal, narcotráfico y asuntos internos.
De esta manera, Berra (activo militante del PRO), quien fue elogiado en varias oportunidades por la exgobernadora por su trabajo, comienza a apuntar contra su exjefatura política: Vidal y Ritondo. Tras la salida de la gestión, Berra fue designado abogado en Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, bajo el cobijo del radical Hernán Gómez.
GÉNESIS BONAERENSE. El miércoles 23 de octubre de 2019 fue allanada la sede de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. La redada se generó en el marco de una causa iniciada por la denuncia del excomisario Néstor Omar Martín, quien acusó al titular de la repartición, Guillermo Berra, de montar un sistema de espionaje sobre policías y magistrados, entre otros delitos. Berra fue un funcionario que seguía las directivas directamente de Ritondo.
En el escrito que dio paso al inicio de la causa, el denunciante asegura que Berra “dispuso la realización de tareas de inteligencia sin previa autorización judicial”, según consta en el expediente al que accedió Letra P.
En otro pasaje del documento judicial el denunciante señala que el funcionario Berra “creó una estructura administrativa como lo es la Auditoría Patrimonial, con el objeto de aparentar ante la Gobernadora María Eugenia Vidal una gestión eficiente en relación a las políticas de transparencia en la función pública que la Gobernadora pretendía imponer en su administración”.
